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Amylkar D. Acosta M

 

El día 6 de febrero el Gobierno Nacional radicó el Proyecto de ley 227 -  19 Senado de la República y 311 - 19 de Cámara de Representantes del Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022). En el artículo 179 del mismo se modifica el numeral 99.6 del artículo 99 de la Ley 142 de de 1994, excluyendo al estrato 3 del beneficio del subsidio en la tarifa de la energía.

Esta medida estaba cantada desde el trámite de la reforma tributaria que disfrazaron de Ley de financiamiento, que terminó siendo una Ley de desfinanciamiento, por cuenta de las nuevas gabelas impositivas decretadas en favor de las empresas. Este es el segundo coletazo de la Ley de financiamiento, después del anuncio por parte del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla de la venta de otro 8.9% de las acciones de la Nación en ECOPETROL para intentar sortear las aulagas fiscales que lo atormentan y exasperan. El Ministro Carrasquilla ya había puesto la pica en Flandes, al declarar que “Colombia tiene una política en materia de subsidios diseñado para un país que no tiene los niveles de ingresos y estándares de calidad de vida que tiene Colombia hoy en día” y que por lo tanto había llegado la hora de revisarlos.

Siempre se dijo por parte del Ministro Carrasquilla que si no se alcanzaban a recaudar los $14 billones a los que aspiraba con dicha Ley el afectado sería el gasto y la inversión social y se manifestó reiteradamente la intención de desmontar los subsidios a los servicios públicos, empezando por el de energía. Y, como es bien sabido, después de la peluqueada de la propuesta original del Ministro Carrasquilla, con el texto aprobado a duras penas se espera recaudar por esta vía $7.3 billones. Dicho y hecho, con el desmonte del subsidio en la tarifa de energía que se propone se estaría dando el primer paso en esa dirección.

Se trata de Robin Hood al revés, se sacrifica a la clase media quitándole el subsidio en la tarifa de energía, lo que se traducirá en un alza en la tarifa del 17%, aproximadamente, del costo unitario (CU) y en un incremento de su factura por la prestación del servicio de energía ($12.450/mes y $150.000/año, aproximadamente), para compensar los ingresos que se dejarán de recaudar por parte de la Nación a consecuencia del cúmulo de las subvenciones, vía exenciones  y descuentos tributarios, que se le dispensaron en la reforma de marras a las empresas y a los empresarios, que superan los $10 billones.

Esta propuesta va a contrapelo del “Pacto por la equidad” que se plantea como eje fundamental del Plan de Desarrollo 2018-2022 y de la Constituyente de 1991 que quiso hacer de “los subsidios instrumentos para alcanzar los objetivos de equidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios”. La misma que, además, estableció como premisa fundamental de los subsidios “dar prioridad a las obligaciones sociales del Estado en la Planeación y en el presupuesto”.

Según la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (ASOCODIS), al corte de diciembre 31 del año anterior seguían sin apropiarse en el Presupuesto recursos del orden de los $591.000 millones para los subsidios de consumo de energía (¡!). Ello contraviene lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 1430 de 2010, que a la letra dice: “el Gobierno Nacional apropiará en el PGN anualmente los recursos presupuestales necesarios en su totalidad para pagar de forma oportuna y en primer orden los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 para los usuarios de energía eléctrica”.

De allí la misiva que le cursaran los gremios de los sectores de energía y gas natural dirigida al Presidente Iván Duque, poniéndole de presente las “dificultades para operar y cumplir de manera adecuada la prestación del servicio” debido al impago de los subsidios, poniendo en riesgo la estabilidad financiera de las empresas y atentando de paso con el cumplimiento de lo prescrito en la Ley, en el sentido que los servicios se deben prestar garantizando su continuidad, calidad, eficiencia, neutralidad, solidaridad y equidad.

Lo antipático es que a la hora de los sacrificios, dada la gran inflexibilidad del Presupuesto, siempre recaigan sobre los más vulnerables, en este caso sobre una clase media que apenas está saliendo de la pobreza y que con medidas como esta pueden volver a engrosar la legión de pobres. Y, a propósito de los subsidios en la tarifa de energía, el 40% tiene como población objetivo a usuarios de la región Caribe, que tiene como operador a ELECTRICARIBE, debido a que el 80% de sus usuarios corresponden a los estratos 1, 2 y 3. Por ello mismo ellos serán los más afectados por este incremento exagerado en la tarifa que se derivará de la eliminación de este subsidio, el que a su vez redundará en deterioro mayor de la ya la abultada cartera de ELECTRICARIBE, que todavía sigue sin reintegrar $216.000 millones, aproximadamente, de los subsidios que, según la Contraloría General de la República, le fueron girados por el FSSRI y nunca se aplicaron a sus destinatarios que son los usuarios de más escasos recursos. Cada día qué pasa sin que se le transfieran esos recursos a sus beneficiarios se les están conculcando sus derechos a estos.

 

Amylkar Acosta Medina, Ex ministro de Minas y Energía. Miembro de

Número de la ACCE. www.amylkaracosta.net

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Modificado por última vez en Jueves, 28 Marzo 2019 17:29

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