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Nuevamente nos complace presentarles la edición anual especial sobre energía solar, ya en su sexta versión, que circula justo en momentos en que Colombia está transitando por el Fenómeno del Niño, anunciado desde hace varios meses, el cual ya está dejando ver sus efectos: por un lado, altas temperaturas que han llegado a ocasionar sequías e incendios en varias regiones del país; por el otro, severas hidrologías que han impactado diferentes departamentos con inundaciones, avalanchas, fuertes vientos, y ocasionando penosas afectaciones a las comunidades.

La AIE reconoce que Colombia se ha convertido en un líder en la formulación de políticas de transición a energías limpias y es un ejemplo inspirador de un país productor de combustibles fósiles comprometido con la acción climática. Sin embargo, el gobierno de Gustavo Petro no puede desconocer que para llevar a cabo esa transición energética justa debe hacerlo de forma gradual; debe reconocer la importancia de los recursos provenientes de las regalías del petróleo las cuales permitirán pagar materializar la transición.

La generación solar es una alternativa muy valiosa para llevar energía de calidad, con tarifas justas, mitigando el impacto ambiental, a usuarios residenciales, industriales y comerciales, y muy particularmente a las poblaciones más apartadas que tal vez nunca han tenido el privilegio de gozar del servicio eléctrico. En contraste, es indispensable proyectar el futuro energético del país, sin perder de vista la autonomía energética, ni desconocer el respaldo que nos brindan las centrales térmicas, especialmente en momentos de fragilidad climática como la que puede representar este Fenómeno del Niño.

En este contexto, también es importante que el gobierno nacional escuche la voz del sector privado y los gremios, pues no puede desconocer que la reestructuración del sector eléctrico en la década de los 90 fue supremamente acertada, con el respaldo de las leyes Eléctrica y de Servicios Públicos, rescatándolo del desgreño en el cual había caído, aportando grandes beneficios para el país y para gran parte de la población.

Por lo anterior, la invitación es a seguir caminando en pro de materializar la tan anhelada transición energética hacia las energías limpias y la descarbonización, haciéndolo de forma gradual, responsable, y mancomunada, con una planeación técnica, coherente, que se ajuste a la realidad del país. De lo contrario, la terquedad del discurso filosófico sin fundamento ni visión, nos puede abocar a un salto al vacío y a un seguro descalabro.

En esta oportunidad, Mundo Eléctrico regresa a su esencia técnica, abordando uno de los temas que más atrae y reclama nuestro público natural, se trata de la Seguridad Eléctrica. Por ello, el Informe Especial abre con la entrevista a unos de los “padres de la ingeniería moderna en Colombia”, por llamarlo de alguna manera, me refiero al Ingeniero Horacio Torres Sánchez, quien durante cinco décadas se ha dedicado al estudio de los rayos, en nuestro país y en el mundo; esto lo convierte sin duda en una de las voces más autorizadas para hablar de Seguridad Eléctrica.

El Ing. Torres nos contextualiza sobre lo que ha sido la evolución de la seguridad eléctrica global y nacional; nos recuerda que, a finales del siglo XIX, por primera vez se iluminaron las calles del centro de Bogotá con un centenar de lámparas de 1.800 bujías, generando un contraste para la capital, pues si bien eso le dio un toque de modernismo, también comenzó a ocasionar los primeros problemas de Seguridad Eléctrica. Esto implicó la obligación y el reto de empezar a investigar y buscar soluciones sobre el tema. Un siglo después, el país dio uno de los principales saltos con la elaboración del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, un hito valiosísimo en materia de regulación, pero que no ha sido suficiente.

Desde el punto de vista académico, intelectual y científico, se ha favorecido la creación de un semillero donde es justo mencionar a los Ingenieros Francisco Román Campos, Favio Casas Ospina, David Aponte, y Daniel Aranguren, entre muchos otros. Traigo a colación estos nombres porque son algunos de los tantos profesionales colombianos que se han esforzado por hacer aportes tangibles y representativos en el tema que hoy nos ocupa.

Esta edición especial se ha visto enriquecida justamente con contenido técnico y de actualidad sobre: la protección de personas contra los rayos empleando refugios de tejidos conductores; el análisis de los aportes de la reciente norma NTC6593 en 2023 sobre sistemas de alerta de tormentas eléctricas; la medición avanzada y su injerencia en la transformación digital. El Decálogo de mitos de Sistemas de Puesta a Tierra SPT; la relación entre la auditoría de seguridad eléctrica y la correcta gestión de riesgos. En fin, hemos preparado una nutrida edición que esperamos sea del agrado y utilidad de nuestros lectores.

El contenido de esta edición 143 refleja que hemos conquistado grandes avances en Seguridad Eléctrica pero falta mucho camino por recorrer y especialmente mucha decisión del Estado para lograr los objetivos; por ello, me quedo con esta contundente frase del Ing. Horacio Torres: “Los avances nunca serán suficientes, no son verdades absolutas, sino certezas temporales”.

Grandes han sido las expectativas con relación a la transición energética en el marco de este nuevo mandato presidencial. Sin embargo, la anhelada transición parece atravesar un periodo de “trance”, pues se ha quedado en las expectativas y su avance se ha visto evidentemente frenado, pues los proyectos, o bien se encuentran estancados, o marchan a paso de tortuga.

No debemos perder de vista que “la energía es el desarrollo de los pueblos”, una especie de termómetro que indica el progreso, más aún para un país como Colombia, donde el avance de gran parte de los sectores de la economía, depende directamente del impulso y la capacidad energética. Sin embargo, ese impulso se ha visto ralentizado en los últimos meses; estamos próximos a cumplir un año de gestión de este nuevo gobierno, pero el tema no despega, al contrario, parece estar dando pasos en reversa, lo cual genera preocupación e incertidumbre y es una realidad que desde nuestra publicación no podemos desconocer ni pasar por alto.

Los hechos hablan por sí solos, como por ejemplo el retraso en el cronograma de las nuevas subastas de energía, la insistencia del gobierno en negarse a la búsqueda de nuevos recursos petrolíferos y de gas, y el detrimento o desestímulo de las políticas para los generadores de energía renovables, quienes ahora deben pagar un incremento representativo del 6% por concepto de transferencias al sector ambiental, con base en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.

En contraste con estos nuevos lineamientos dados por el Ejecutivo, ya se nos vino encima el Fenómeno del Niño, y con él, un inminente incremento en las tarifas de energía. La cascada de fallidas reformas promovidas por el gobierno nacional, sumada a los escándalos mediáticos que lo han mantenido distraído durante este año, han generado una gran incertidumbre y por ende un estancamiento en varios estamentos, entre ellos, en el sector eléctrico que no avanza como se esperaba.  

Por lo anterior, ad portas de comenzar este segundo año de gobierno, esperamos que el país pueda contar con un panorama mucho más claro y en verdad prometedor, para que la anhelada transición energética en la cual hay gran esperanza para que Colombia vislumbre un panorama de progreso real, en el corto, media y largo plazo, pueda ahora sí destrabarse y salir de ese “trance”, de ese congelador al que ha estado condenada en los últimos meses.

Esta edición dedicada al tema de las energías renovables, nos deja varias reflexiones y cuestionamientos. En primer lugar, con respecto a la disponibilidad de energías renovables, sin duda alguna, Colombia es uno de los países no solo del continente americano sino del mundo entero con mayor potencial, goza de grandes riquezas tanto de recursos hídricos como solares y eólicos. De hecho, como lo comenta la presidenta ejecutiva de SER Colombia, Alexandra Hernández Saravia, el potencial de generación solar es de 32.000 MW, además de 30.000 MW de capacidad eólica. Si fuera posible desarrollar ese potencial y materializarlo en proyectos tangibles como parques de generación, fácilmente Colombia triplicaría su capacidad instalada actual, que es de 18.851,84 MW de potencia, de los cuales el 66% son de origen hídrico y 32% de origen térmico.

La generación hidroeléctrica es por naturaleza una de las principales formas de energía limpia, sin embargo, nuestro país desde siempre ha sido hidrodependiente en materia de generación eléctrica, lo cual nos ha costado caro en el pasado, como ocurrió en el año 1992 y recientemente en 2015, ambos episodios por los efectos del fenómeno del Niño.

Ante esta realidad, lo ideal es seguir caminando hacia una transición energética, donde el país gradualmente vaya dejando atrás esa hidrodependencia y le apunte más bien a la generación de energía con base en otros recursos como los que brindan la calidad de los rayos solares y los vientos de los cuales goza Colombia a lo largo y ancho de su geografía.

Vale la pena tener presente que, después de tres años donde el fenómeno de “La Niña” ha sido el protagonista, los pronósticos aseguran que, a partir del próximo mes de junio, la temporada seca será la constante por un buen periodo de tiempo; el “Niño” que después de mes y medio de hacerse notar, pondrá en vilo la capacidad de los embalses, la disponibilidad energética y de paso impactará las tarifas de energía eléctrica, con más severidad de lo que hemos visto hasta el momento.

Es aquí donde vienen los inconvenientes y las preocupaciones que han salido a flote, particularmente desde mediados del año pasado, con las políticas del gobierno del cambio. Si bien todos los males no se le pueden atribuir al actual gobierno, porque ya se venían dando algunos tropiezos en materia energética desde el anterior cuatrienio, es innegable que en los casi 9 meses de gestión de Gustavo Petro, se han venido presentando todavía más inconvenientes y retrasos, una especie de “palo en la rueda” al desarrollo energético del país.

Si bien la intención del presidente de los colombianos es acertada en el sentido de apostarle a la generación de energía limpia, en concordancia con el compromiso mundial de mitigar el cambio climático, las medidas y directrices que viene dando definitivamente no han sido las más apropiadas, toda vez que ponen en vilo la seguridad energética y el crecimiento económico; al mismo tiempo, denotan improvisación, desconocimiento, y hasta la evidencia de un permanente “teléfono roto” al interior del propio gobierno.

Los caprichos y frecuentes equivocaciones de la ministra Irene Vélez le han valido las críticas y contraposiciones de sus coequiperos, entre ellos, el ministro de hacienda José Antonio Ocampo, la ministra de agricultura Cecilia López, el presidente del senado Roy Barreras, por mencionar solo algunos. Sin olvidar que una de las primeras en levantar la mano para sentar su voz de protesta fue la ex viceministra Belizza Ruiz, quien dejó su cargo a comienzos de este 2023, por las discrepancias con la titular de la cartera, debido a su desacuerdo por la falta de criterio técnico e incoherencia en el manejo del sector.

Es momento de insistir en que, si bien Colombia no puede ser ajena a los impactos del cambio climático, tampoco puede sacrificar su seguridad energética cuando está asumiendo responsabilidades del impacto del calentamiento global al mismo nivel de los principales causantes del daño: China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón, responsables del 62% de las emisiones de CO2 en todo el Planeta.

Colombia se está “dando el látigo” con estas políticas anunciadas por el actual gobierno donde está cerrando de tajo las nuevas posibilidades de exploración y explotación de petróleo y gas de los cuales siempre ha dependido el desarrollo y el crecimiento económico de nuestro país. Sin los recursos provenientes de este sector de hidrocarburos, ¿con qué se van a financiar los proyectos de energía renovables con los que estamos soñando desde hace varios años? ¿Con qué se van a construir nuevas vías, se va a solventar la salud, la educación y los demás sectores que dependen de dichos recursos?

La intención de sopesar la economía del país en otros sectores como por ejemplo el turístico, que apenas está dando pasos y enfrentando sus propias dificultades (como es bien sabido ante el descalabro de algunas aerolíneas y las políticas económicas vigentes), es otro de los espejismos del actual gobierno, una buena intención que se convierte en un “algodón de azúcar”, lejos de ser en realidad el músculo de desarrollo robusto y certero que el país necesita para salir adelante.

Ante este panorama, no dejan de preocupar las señales que está dando el gobierno con sus recientes anuncios en materia de tarifas y de medidas regulatorias. Como dice nuestro articulista y ex Ministro Amylkar D. Acosta Medina, “la CREG está desmantelada y sin capacidad de actuar”, y esto lo único que genera es incertidumbre, dentro y fuera del país, manda señales equivocadas a los inversionistas, quienes venían entusiasmados en aprovechar sus capitales en Colombia para el desarrollo de nuevos proyectos.

De paso, esas señales desacertadas, impactan el desarrollo, expansión y fortalecimiento del sistema de transmisión nacional. Y tal como lo interpreta el presidente del grupo de energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, “Sin transmisión no es posible la transición energética”.

En conclusión, esta edición nos pone a reflexionar en lo siguiente: la riqueza y el potencial de Colombia en recursos para generación de energías renovables es muy grande, pero ante la terquedad del actual gobierno, resultan insuficientes para ofrecerle al país un panorama certero en materia de seguridad energética, en el mediano y largo plazo.

En esta edición, es imposible mantenernos ajenos a lo que está ocurriendo en el sector energético de Colombia, pues como decía nuestro articulista y eminente maestro, el Ing. Renato Céspedes (q.e.p.d.) ´la energía es el desarrollo de los pueblos´.

Pues hoy, ese desarrollo en Colombia, está pisando terrenos peligrosos que hace décadas había superado, cuando el sector se repuso de la crisis del ´apagón del 92´ y empezó a encaminarse dentro de los marcos regulatorios de las leyes, Eléctrica (142) y de Servicios Públicos (143) de 1994.

Hoy, estamos viendo un contraste entre la forma como nos ven desde afuera, lo que ocurre al interior de nuestro territorio y la realidad hacia dónde vamos. De la investigación de esta edición, me llama poderosamente la atención el más reciente informe de la Agencia Internacional de Energía. Según los autores del documento, dentro de los países de Latinoamérica, Colombia sería uno de los de mayor crecimiento en materia eléctrica, entre 2023 y 2025, por encima de Perú y Argentina, con un protagonismo de las energías renovables en su matriz energética, casi por encima del promedio de la misma región.

En contraste con lo anterior, los inversionistas están poniendo el ´freno de mano´ y considerando seriamente si, invertir sus capitales en proyectos eléctricos de Colombia, es lo más adecuado; esto, debido a los abruptos cambios que se han dado en los meses de gestión del gobierno de Gustavo Petro, los cuales no ofrecen suficientes garantías a estos actores. Por un lado, las grietas al interior del mismo gobierno, evidencian la falta de unidad en el lenguaje dentro de los eslabones ministeriales; no hay una coherencia entre la realidad de los análisis técnicos (sobre las capacidades y conveniencias para el país, basadas en los recursos energéticos) y los anuncios de la propia ministra Inés Vélez, muchas veces apresurados y carentes de argumentos, en escenarios nacionales y foráneos.

Por otro lado, medidas como el Decreto 0227 del 16 de febrero de 2023, que facultaba al Presidente Petro, inicialmente por tres meses, para asumir las funciones de las comisiones de regulación de servicios públicos, entre ellas la CREG, generan una gran incertidumbre de, hacia dónde va en país, por lo menos en lo referente a temas energéticos. Cabe aclarar que el 2 de marzo, el Consejo de Estado decretó medidas cautelares de urgencia, con las cuales suspendió provisionalmente los efectos jurídicos del mencionado Decreto, devolviéndole a la CREG sus facultades, hasta tanto dicho tribunal supremo resuelva de fondo una demanda de nulidad interpuesta por dos ciudadanos, quienes argumentan que el decreto se expidió irregularmente.

Hace un año, se vislumbraba un escenario más claro, basado en una transición energética más sólida, argumentada y enfocada. Hoy, esa claridad se ha ido nublando con los anuncios apresurados y por qué no decirlo, en tonos dictatoriales, sobre políticas de frenar la exploración de hidrocarburos, de no conceder nuevos contratos y hasta de pensar en importar gas de Venezuela. Esa postura caprichosa, en verdad pone en vilo, no solo la transición sino la estabilidad energética del país.

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