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Ante la Asamblea de Usuarios de Energía celebrada a mediados de septiembre por el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos, con la comunidad de la región Caribe, en la cual se habló de la problemática de las tarifas del servicio eléctrico, los principales gremios del sector se pronunciaron a través de un comunicado, especialmente para dar claridad a algunos temas en los cuales difieren y prefieren precisar.

El domingo 17 de septiembre, el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos, y más de 1800 personas de los departamentos de Magdalena, Atlántico, Sucre, César, Córdoba, La Guajira y Bolívar, se dieron cita en la Primera Asamblea Caribe de Energía y Servicios Públicos, celebrada en la ciudad de Santa Marta. En el encuentro se abordó a fondo la problemática de las tarifas y se planteó la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional por las Tarifas Justas en los próximos días.

 

En el reciente informe “Revisión de la Política Energética de Colombia 2023”, la Agencia Internacional de Energía recomienda al gobierno de Gustavo Petro reconocer el papel de las rentas petroleras, las cuales son fundamentales para apoyar la transición hacia las energías limpias.

El aumento extraordinario y al parecer injustificado de las tarifas de energía en zonas del país como la Costa Atlántica, está en el radar de la Contraloría General de la República. Al organismo de control le preocupan varias situaciones, entre otras:

  • La demora en la toma de medidas efectivas para resolver los problemas de liquidez de las empresas comercializadoras.
  • La evolución del costo de los subsidios de energía eléctrica frente al comportamiento de las tarifas durante el periodo 2010-2022.
  • La producción de energía pasó de $250 kilovatio hora en enero a $1,100 kilovatio hora en septiembre, lo que significa un crecimiento de la producción con un costo superior al 300%. Esto puede causar un incremento desmedido en las tarifas.
  • Preocupa aún más que estos incrementos de precios sean señales de posibles atrasos en el ingreso de nuevos proyectos de transmisión y/o generación.
  • Las medidas de emergencia implementadas para ayudar al departamento de La Guajira, que han causado muchos más costos a usuarios del resto del país y que, en este momento, se suman a la coyuntura.

Por todas estas razones, la Contraloría General de la República viene haciendo un estudio profundo sobre el tema, por medio de su Delegada de Minas y Energía, para hacerle un seguimiento especial a esos temas y lanzar las alertas que correspondan.

Fuente: Contraloría General de la República

  • $10.500 millones serán destinados para promover la creación de Empresas de Servicios Energéticos comunitarias en las regiones
  • La convocatoria busca crear y fortalecer empresas de servicios energéticos y sus actividades complementarias para democratizar la energía.
  • “EN-Comunidad” está dirigida a comunidades organizadas, grupos étnicos y personas naturales y/o jurídicas que tengan acuerdos previos para desarrollar proyectos que beneficien a las comunidades.
  • Los interesados podrán postularse desde el 24 de julio de 2023.

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