La Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño García, le confesó a Mundo Eléctrico que el proceso de Electricaribe ha sido, sin duda, la situación más complicada de resolver a la que se ha enfrentado en su vida. Para ella, esta ha sido una verdadera “prueba de resistencia” que después de dos años de trabajo desde el ente de control y vigilancia, ha podido ver la luz al final del túnel, con la adquisición del negocio por parte de los dos nuevos operadores AFINIA y AIRE.

En este informe especial, la Superintendente nos explica en detalle cómo recibió el proceso hace dos años, cuando se posesionó en el cargo, cómo se replanteó el esquema y qué se logró concretar el pasado 30 de septiembre. Además nos comenta, el otro gran desafío de este 2020, pues por cuenta de la pandemia, diversas empresas de servicios públicos domiciliarios del país, también han estado en el ojo del huracán y bajo la lupa de la Superservicios.

Mundo Eléctrico ¿Cómo ha sido el proceso de intervención de Electricaribe y qué ocurrido a lo largo de estos dos años en torno al tema?
Natasha Avendaño García: Ese era tal vez el reto visible más grande de la Superintendencia, pero no el único, por tratarse de la empresa intervenida con mayor número de usuarios y la más grande, lo cual generaba un impacto enorme en materia de servicios públicos en el país.

Cuando me posesioné, el 4 de octubre de 2018, había un proceso en marcha de un esquema de solución que se había lanzado el 28 de septiembre de ese mismo año. En dicho esquema había unas condiciones de una venta del mercado completo, y la función de la SSPD era garantizar que se llevará a cabo adecuadamente.

Cuando se cerró la primera etapa de precalificación, la primera semana de noviembre de 2018, hubo solamente intención de participar en el proceso por parte de una empresa, pero sin ninguna garantía.

En ese momento, se hizo un alto en el camino, se evaluaron todas las variables, y el gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República, tomó la decisión de hacer varios cambios al proceso para saber cómo enfrentar y solucionar el reto de Electricaribe.

Una de las decisiones que tomé, con el respaldo del presidente Duque y de sus ministros, fue cambiar el agente especial de Electricaribe, el 16 de noviembre de 2018. Ahí arrancamos la nueva ruta. Dos semanas después, el Presidente anunció que se suspendía el proceso que estaba en curso de precalificar a la única empresa interesada; anunció una serie de decisiones que debían materializarse con el concurso del congreso, para el caso de los temas que necesitaban habilitación legal, los cuales fueron incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. De otra parte, se debían garantizar los recursos provenientes del Ministerio de Hacienda y tener en cuenta que el Estado iba a asumir unas deudas, para bajar una carga financiera al negocio, con el fin de poder segmentarlo en dos o tres para hacerlo viable, pero hasta en ese momento no teníamos claro cuál iba a ser la división.

Mundo Eléctrico entrevista vía Zoom a la Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño García

Empezamos a pensar cuál era la mejor ruta a seguir, la manera idónea de segmentar, y garantizar que esta solución sí iba a funcionar. Esto venía de la mano de la prestación del servicio.
Esta es la situación a resolver más difícil a la cual me he enfrentado en mi vida, pues nadie tiene idea lo que representaba Electricaribe. Allí, todos los días podía surgir un inconveniente; este proceso parecía una “prueba de resistencia”.

El propio presidente lo anunció recientemente en los actos protocolarios: Este era uno de los problemas más grandes que el país tenía por resolver, y se hizo enteramente en la gestión de este gobierno: se pensó, se materializó y se gestionó, con todas las garantías técnicas de que va a ser un proceso sostenible, con AFINIA y AIRE, dos operadores que tienen las ventajas de ser nacionales, contar con la capacidad financiera, y tener la experiencia en mercados importantes y complejos.

Pero, Electricaribe, no era el único tema que manejaba la Superintendencia. La entidad tiene otros 3.699 vigilados correspondientes a todos los servicios públicos que controla y vigila, los cuales requieren gestión permanente. Todos los usuarios son igual de importantes, y necesitan atención. Por eso el reto ha sido tan grande.

En este momento, son 9 las empresas que la superintendencia tiene intervenidas, de las cuales, contando con Electricaribe, ya son tres los esquemas de solución que hemos sacado adelante.

Mundo Eléctrico ¿Cuáles son las otras empresas que están intervenidas?
NAG: El Acueducto de Carmen de Bolívar, la Empresa de Servicios Públicos de Vélez Santander, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Quibdó, la Empresa de Acueducto y Elcantarillado de Flandes, Electrolima, la Empresa de Servicios Públicos de Villa del Rosario, Emcartago y la Empresa de Aseo de Cali.

Mundo Eléctrico: Hoy, aunque los usuarios de la costa pasen a ser atendidos por otras compañías, entendemos que Electricaribe seguirá intervenida. Aclárenos ese tema, por favor.
NAG: Electricaribe está intervenida con la modalidad de Administración temporal con fines liquidatorios. Teniendo en cuenta que los usuarios ya están siendo atendidos por otras empresas, estamos estructurando cuándo se va a llevar a cabo la liquidación, y mientras eso no se dé, no se puede levantar la toma de posesión.

Mundo Eléctrico: Dentro de los malos manejos de Electricaribe, han quedado casos dolorosos como el del señor William Dau, quien falleció en su casa tras un corte de energía que lo dejó sin respirador en plena pandemia. ¿Cómo avanza esa investigación?
NAG: En la Superintendencia requerimos a Electricaribe para que diera toda la explicación sobre este caso; la empresa nos respondió con todas las evidencias e información que tiene, no solo sobre este sino también sobre otros casos, para determinar si hay lugar a una investigación o no. Esto es independiente de todas las acciones de la fiscalía y demás. Si hubo una falla en la prestación del servicio o una responsabilidad por parte de la empresa, se abrirá la investigación, se deben respetar los tiempos procesales y dado el caso, se dará lugar a una sanción.

Mundo Eléctrico: ¿Qué le dice usted a los usuarios y al país sobre el control y vigilancia que ejercerá a AFINIA y AIRE para evitar que la costa atlántica se vea afectada como tradicionalmente ha sido en materia de servicio de energía?
NAG: Ese justamente fue uno de los temas ante los cuales, desde un comienzo, manifesté mi gran preocupación. Sin el ánimo de usar el espejo retrovisor, debemos aprender de las situaciones y analizar lo que nos llevó a vivir la situación actual.

Si miramos desde el interior de la Superintendencia, Electricaribe no tenía sanciones, al momento de tomar posesión, entendiéndose esta como la sanción más grave: es la materialización última de la obligación de garantizar la prestación del servicio, por parte del Estado, en cabeza del presidente de la República, a través de la Superintendencia.

Para el caso de Electricaribe, era muy complicado llegar a tomar posesión cuando no existían investigaciones y sanciones, y esa es una decisión muy difícil para un superintendente, pero ya era el último camino porque se habían agotado todos los pasos anteriores.

Desde el comienzo se determinó que las empresas que llegaran a prestar el servicio iban a tener un acompañamiento permanente de la superintendencia, porque ya no hay margen de maniobra para equivocarse. El problema de Electricaribe es tan grande y tiene tantas deficiencias en inversión e infraestructura, que por esa misma razón era tan importante revisar la capacidad operativa de las compañías que asumirían la prestar del servicio. Más allá de su capacidad financiera, era indispensable la capacidad operativa, el conocimiento en la operación de mercados de energía y especialmente en estas condiciones tan complejas.

Las 6 empresas que mostraron interés en el proceso, de antemano sabían cuáles eran condiciones que se debían cumplir, y que quien resultara seleccionada, tendría hasta 4 meses después de iniciar la operación, para suscribir el programa. Fue necesario desarrollar el programa de gestión más ambicioso que ha diseñado la superintendencia en sus 26 años de existencia, pues no se ha pasado ningún detalle por alto; se contemplaron no solamente los indicadores que señala la regulación, sino otros adicionales que para el caso particular de Electricaribe se debían tener en cuenta, pues eran aspectos que estaban muy deteriorados: el servicio al cliente, las PQRS, servicio social, en fin, una cantidad de frentes que estaban absolutamente desmejorados y en los cuales las nuevas compañías deben trabajar fuertemente para construir una nueva imagen.

Son más de 50 indicadores a los que se les hace seguimiento, unos de forma trimestral, otros anualmente, y la superintendencia está controlando y vigilando permanentemente, justamente para constatar que si en algo se está fallando, se pueden levantar las alertas a tiempo para corregir y mejorar, y no esperar a que pasen tres o cuatro años para darse cuenta que el proceso fracasó.

Con AIRE, el mismo día que firmó la recepción del negocio, el 30 de septiembre, suscribimos el acuerdo del programa de gestión. AFINIA por su parte está terminando los indicadores y esperamos que antes de finalizar este 2020 podamos suscribir el programa, pues el contrato determina que tiene cuatro meses para ese proceso.

El caso es tan importante y tan delicado que tiene un control y vigilancia un poco diferente y más especial que el de los otros vigilados, por su impacto social. Repito: ningún vigilado es más importante que otro, pero la historia de la mala prestación del servicio de Caribe ha sido tal que este es un tema donde no nos podemos dar el lujo de cometer errores ni dar espacio a equivocaciones. Entonces, vamos a hacer una vigilancia especial o más bien, un seguimiento al programa de gestión que garantiza que en esos aspectos particulares se va a hacer una vigilancia permanente de los indicadores y un acompañamiento constante.

Lo que AFINIA y AIRE recibieron es tan complejo, que tienen un gran trabajo por delante y queremos acompañarlos para que no se desvíen, pues no hay mucho margen de error. Los montos de inversión son muy grandes: 2,6 billones para AIRE y 3,2 billones para AFINIA, en cinco años, montos que Electricaribe nunca tuvo, pues sus inversiones ascendía a 200.000 millones de pesos al año, mientras que estas empresas deberán invertir entre 800.000 y un billón cada año.

Mundo Eléctrico: ¿Los usuarios cuándo van a empezar a ver reflejados los beneficios de esta transición?
NAG: Afortunadamente, dentro de los anuncios que hizo el Presidente de la República, se mencionaron medidas, no solo para el mediano y largo plazo sino para el corto plazo, con el fin de garantizar el servicio y recursos para inversión.

El gobierno puso recursos por 860.000 millones de pesos para financiar el primer año de inversión, los cuales habían sido aprobados por el CONPES. Todos esos recursos quedaron contratados al 30 de enero de este año. La empresa hizo un gran esfuerzo para contratar obras para los dos mercados por ese valor, presupuesto que se está ejecutando y ya se han recibido varios de esos contratos.

Por ejemplo, hay seis subestaciones que requieren un tiempo de entre 8 meses y un año para su realización; estas obras ya están en marcha. Esto le va a dar un poco de tranquilidad a las nuevas empresas que ya reciben estas obras con algún avance, pues llegan a operar y no tienen la angustia de contratar obras nuevas para el primer año de operación.

Contemplamos que el proceso se podía demorar un poco y era necesaria una etapa de transición después de la adjudicación, por lo cual, queríamos tener ciertas garantías en la prestación del servicio mientras se daba esa transición.

Con base en el cronograma, las últimas obras que se deben entregar, estarán listas para el primer trimestre de 2021, es decir, a mediados del próximo año, ya se pueden empezar a notar mejoras evidentes en el servicio.Los operadores están haciendo intervenciones en la red, permanentemente y poco a poco irá mejorando la calidad del servicio. Las dos empresas hicieron una apuesta muy grande, porque creen en el país y en el potencial de la región. Además, ambas tienen una vocación de servicio muy importante. Las dos están haciendo nuevas cosas y solucionando dificultades que surgen en el día a día, porque las deficiencias de una infraestructura a la cual no se le hicieron inversiones en diez años, se deterioró de una manera terrible. Es un gran reto para estas empresas.

En este proceso, uno de los grandes desafíos es recuperar la confianza del usuario. Si un usuario pone una queja, se le debe atender pronto, ir, revisar. En la medida en que ellos respondan a tiempo, el usuario se dará cuenta que el operador no solo tiene la voluntad sino el compromiso de cambiar.

Mundo Eléctrico: ¿La realidad es que esos 860.000 millones, los vamos a asumir los colombianos?
NAG: lo asume el Estado; con ese presupuesto de la Nación se va a pagar el pasivo pensional y el pasivo con el fondo empresarial. Esa es la única manera de poder sacar adelante este proceso.

Con el anterior esquema que se estaba planteando, al cual me referí inicialmente, si la única empresa interesada hubiera comprado a Electricaribe en esas condiciones, recibía una deuda de ocho billones de pesos mal contados, sin haberle invertido un peso a la red y con una perspectiva de hacer inversiones, en los próximo diez años, de otros ocho billones de pesos. Esa era una solución inviable para cualquier operador.

Por esta razón se tomaron las decisiones pues la obligación constitucional del Estado es garantizar la prestación del servicio.

En conclusión:
1. El pasivo pensional de largo plazo lo asume la Nación, el cual asciende aproximadamente 100.000 millones de pesos al año, que se incorporan en el presupuesto general, para garantizar el pago a los 3.000 pensionados de Electricaribe.
2. Las deudas causadas y en las que se iba a seguir incurriendo para garantizar la prestación del servicio de los usuarios de la Costa, con el fondo empresarial, también se las quitamos a los nuevos operadores.

Esa es la única manera de poder sacar adelante este proceso.

Mundo Eléctrico: ¿Explíquenos por favor el tema de que la cartera corriente y la cartera morosa de Electricaribe que fueron cedidas a las nuevas empresas?
NAG: Dentro del proceso de venta, la cartera es uno de los activos de la empresa y hace parte del total de la venta de la compañía. La cartera, simplemente es el cobro por un servicio ya prestado.

Las nuevas empresas tienen la obligación de gestionar esa cartera para ellas mismas, porque adquirieron una infraestructura asociada a unos activos, y una cartera derivada de la prestación del servicio.

Esas voces de la costa que se escuchaban diciendo muchas veces que Electricaribe se moría y que esto era “borrón y cuenta nueva”, no es cierto. No puede haber gratuidad de los servicios públicos, eso está prescrito por la ley y no se puede matar una deuda de un servicio público que ya se prestó. Los operadores pueden establecer acuerdos de pago, revisar cada caso, pero la cartera existe y debe ser cancelada.

Mundo Eléctrico: ¿Qué va a implicar esta transición para ofrecer un servicio de calidad y cómo se va a ver impactada la tarifa?
NAG: En el país, desde febrero de 2018, la CREG determinó una nueva metodología tarifaria con la Resolución 15, la cual establece el esquema de remuneración del componente de Distribución a todos los operadores de red del país. Casi todos los operadores de red ya obtuvieron los nuevos cargos, aprobados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Muchos de ellos, empezaron a aplicar esos nuevos cargos antes de la pandemia y otros se vieron obligados a suspender los aumentos que tenían programados a raíz de la emergencia sanitaria.

El objetivo de la resolución y el cambio que la Comisión le trató de dar a ese nuevo esquema fue priorizar dos cosas:

1. La mejora en los indicadores de la calidad en el servicio que se le presta a los usuarios, disminuyendo las interrupciones y la frecuencia de las mismas.
2. Disminuir las pérdidas de red para garantizar el uso eficiente de la energía, y evitar que esas pérdidas implicarán un sobrecosto para los usuarios.

En caso de Electricaribe, en virtud de uno de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo, se dio el permiso de generar una regulación transitoria tarifaria, esto, teniendo en cuenta que el operador o los operadores que se hicieran cargo de la empresa, estarían en desventaja con respecto a otros operadores de red.

Lo que hizo la resolución 10 de 2020, la cual reglamentó ese artículo del Plan, fue darle un arranque diferente a los nuevos operadores, distinto al de los otros operadores del país, esto con el fin de que al llegar a la resolución 15, la transición fuera más suave y se les castigará menos en los indicadores de calidad y pérdidas. Cada operador debe presentar la solicitud de cargos de distribución a la comisión para que la CREG los apruebe. Mientras esto sucede, seguirán cobrando lo que cobraba Electricaribe.

Electricaribe no manejó cargos de la resolución 15, nunca se le aprobaron ya que estaba destinada a desaparecer. Entonces, las dos nuevas empresas están cobrando con la resolución anterior, la 97 y por su lado cada una está haciendo la solicitud de cargos de distribución ante la CREG, bajo la nueva metodología. Aquí están contempladas las inversiones que AFINIA y AIRE deben hacer hacia el futuro, contra la mejora en los indicadores de calidad y pérdidas.

Es importante aclarar que la antigua resolución 97 que regía para todos los operadores de red, remuneraba las inversiones hechas, pero en el Caribe, como no se hacían inversiones, el cargo de distribución, en comparación con el resto de los operadores, era el más bajito del país.

Ahora, como va a haber inversiones, ese cargo se va a equiparar con las empresas del resto del país, pero los operadores, también tienen una alternativa regulatoria, que para ellos es prácticamente obligatoria. Se trata de la “Opción tarifaria”, un instrumento contemplado en la Resolución CREG 168 de 2008, el cual permite moderar incrementos abruptos en la tarifa mediante la acumulación de saldos que son pagados por el usuario con posterioridad a lo largo de un mayor período de tiempo. Los operadores van a hacer uso de este mecanismo.

Ambos operadores son conscientes que no se puede dar una subida impactante en la tarifa, especialmente hasta que no se empiecen a notar los cambios positivos en la prestación del servicio. Además, no es cierto que la gente en la Costa tenga malos hábitos de pago, como se argumentaba de forma errónea por Electricaribe. La gente paga cuando se le presta un servicio de calidad y eso se ve reflejado en el pago de los otros servicios públicos como agua y gas que funcionan correctamente en la región, donde hay tasas de recaudo de entre el 98 y el 100%.

Mundo Eléctrico: Este año ha traído otro gran reto con la pandemia. ¿Cuál es el balance del control y vigilancia que ha ejercido la entidad concretamente a las empresas del sector eléctrico?
NAG: Ha sido complejo porque los servicios públicos fueron los más afectados, en materia de quejas.

En energía, fundamentalmente, se mezclaron unas dinámicas que acentuaron las dificultades: Se juntaron por ejemplo los precios de bolsa de febrero (el más alto precio del KW registrado este año) con el inicio de la pandemia, y no era porque se hubiera subido la tarifa. El servicio que pagamos hoy es el que consumimos el mes pasado, no el de hoy, pero la gente no lo veía así. Además, cuando empezaron a llegar los recibos, después de que la gente llevaba un mes encerrada en sus casas, 24 horas, trabajando y estudiando, el consumo aumentó. Esto, sumado a otras decisiones no tan afortunadas como facturar por promedio, por razones de bioseguridad, fue complicado.

Los primeros tres meses de pandemia, desde la Superintendencia trabajamos más de lo habitual y llegó un momento en que no sabíamos si era sábado, domingo, si eran las 6 de la mañana, o las doce de la noche…

Permanentemente requeríamos a las empresas, ateníamos debates, requerimientos de la Procuraduría, avanzábamos en los procesos para que, determinar después de una investigación, si hubo incumplimiento por parte de los prestadores. En esas estamos.

Mundo Eléctrico: ¿Cómo está Colombia en materia de Control y Vigilancia, con respecto a otros países de América Latina?
NAG: La Superintendencia ha venido avanzando en fortalecerse, especialmente en sus capacidades de inspección y vigilancia. Tenemos 3.700 vigilados y debemos ser eficientes en la manera en que los vigilamos para poder ser efectivos. Cerca de 2.800 son pequeños prestadores, distribuidos en todo el país, especialmente en temas de acueducto, por lo cual, se requiere priorizar y encontrar, a través de métodos analíticos, a cuáles vigilados debemos “ponerles la lupa”. Por esta razón, en estos dos años nos hemos concentrado en la supervisión basada en riesgos, que nos permita ser mucho más efectivos, con analítica de datos.

En segundo lugar, es hora de darle una mirada a la ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se crea la SSPD. Si bien, ha sido catalogada como una de las mejores leyes con las que cuenta el país, nunca se ha tocado, y se quedó en lo que era el sector de servicios públicos hace 26 años. Al respecto, estamos trabajando, en conjunto con los ministerios, un proyecto de ley para mejorar las capacidades de la SSPD y ponerlas a tono con la realidad de los servicios públicos de la actualidad; eso es fundamental para fortalecer esa supervisión.

El tercer aspecto es que la SSPD estaba en mora de fortalecer su estructura y su planta de personal. En octubre de este año logramos los decretos de reestructuración y modernización que nos permiten tener algo mucho más robusto para estar más a tono con el sector vigilado.

En conclusión, hemos avanzado bastante. Lo que faltaría, sería poder tener ese proyecto de ley avanzando y convertirlo en ley de la república, para tener una supervisión y vigilancia completamente fortalecidas.

Por ahora vamos bien. Hemos hecho un ejercicio de estar mucho más presentes y quiero, para terminar, referirme a la misión que nos fijamos para estos cuatro años: nuestro trabajo es garantizar los derechos y deberes de usuarios y prestadores. Que los usuarios cumplan con sus deberes, que paguen los servicios, haciendo un uso adecuado de la infraestructura y que no se les vulneren sus derechos. Al mismo tiempo, que los prestadores cumplan con sus obligaciones pero que no se les sean vulnerados sus derechos. Una buena vigilancia y control se hace garantizando que haya un balance entre usuarios y prestadores de servicios.

Para esta edición de Mundo Eléctrico, hemos preparado un especial periodístico, con el fin de hacer una radiografía de lo que ha ocurrido en este 2020, año atípico que ha impactado al mundo entero, a nuestro país desde todos los ángulos, y al sector de nuestro interés particular, el eléctrico.

Por esta razón, para esta última edición del año, denominada “Proyectos y perspectivas del sector eléctrico”, hemos querido dar un vistazo a diferentes aspectos que tienen que ver con el sector, y si bien, han ocasionado un impacto directo, también lo han llevado a replantear y revisar aspectos cruciales, que si se capitalizan de forma adecuada, traerán grandes beneficios para el país.

Por cuenta de la pandemia, el sector presentó retrasos en sus cronogramas, disminución en la demanda de energía, especialmente en los sectores industrial y comercial. De igual manera, el descenso en el nivel de los embalses por la baja hidrología, impactó, fundamentalmente al mercado.

Sin embargo, cuando se dio la reapertura gradual de la economía, se empezó a dar una recuperación que si bien no ha llegado al 100%, se espera que pronto alcance su estabilidad. Igualmente, la hidrología ha venido presentando un mejor panorama, por el aumento de las precipitaciones en los últimos meses, en todo el territorio nacional, aspecto que favorece al sector eléctrico, especialmente, desde el componente de generación.

Adversidades como los huracanes ETA y IOTA, que impactaron violentamente a nuestra Costa Caribe, directamente a las poblaciones menos favorecidas de dicha zona del país, en particular a las del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, obligan al gobierno nacional a mirar con mayor seriedad los requerimientos de dichas poblaciones; a destinar recursos que por desgreño y negligencia, se dejaron de invertir en el pasado; es hora de reivindicarse con esos compatriotas a quienes esta tragedia natural ha dejado al descubierto sus grandes carencias de vivienda, salud, educación, y necesidades básicas, entre ellas un buen servicio de energía eléctrica.

La solución a la vista, para esta y muchas otras poblaciones del país, especialmente aquellas que hacen parte de los territorios no interconectados, son las energías renovables, especialmente, las opciones de generación con paneles solares. Justamente, este ha sido otro de los aspectos que hemos revisado en este informe periodístico, con el director del IPSE, haciendo un balance de las acciones emprendidas en dichas regiones, donde definitivamente las opciones no convencionales de generación eléctrica vienen ganado terreno y un rol cada vez más protagónico dentro de la matriz energética del país.

El gran apalancador de las renovables, será la generación térmica, afirma el director ejecutivo de ANDEG, quién desde la óptica de los generadores también nos ayudó a elaborar esta radiografía del sector y a comprender que dentro de las perspectivas del corto, mediano y largo plazo, no se pueden despreciar otros energéticos como el gas y el carbón; esto con el fin de buscar un mayor balance para el sector, al tiempo que se vayan desarrollando los proyectos con energías limpias.

Uno de los temas centrales de esta edición, está dedicado a Electricaribe, el cual revisamos minuciosamente con la superintendente de servicios públicos domiciliarios. Ella nos contextualiza la situación que llevó a dicha compañía a su defunción, y el salvavidas que se diseñó para que a los usuarios de la costa Caribe se les pueda garantizar, en adelante, el suministro de energía con calidad y cumplimiento, ahora por cuenta de los nuevos operadores AFINIA y AIRE. La esperanza está puesta en este nuevo esquema, al cual se le han medido estos dos operadores de experiencia y músculo financiero. Empieza una nueva etapa y un capítulo ojalá más alentador, tanto para esa región como para el sector eléctrico nacional, más si se tiene presente que este ha probablemente el tema más difíciles de resolver, en la historia de la electricidad en Colombia.

Otros de los grandes temas que prometen grandes cambios para el país y fundamentalmente para la capital, es la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá, tal vez el proyecto más ambicioso de la ciudad y uno de los más representativos en la historia del país. Revisamos con los directivos de la empresa metro, los pormenores de este proyecto, los avances, las perspectivas en el corto mediano y largo plazo y los beneficios que va a representar.

En complemento, registramos la llegada de los primeros 13 buses eléctricos, de un total de 483 que transitarán próximamente en la capital, con una solución enmarcada dentro del plan de movilidad sostenible, basado en combustibles limpios, el cual hace parte también de la transición energética a la que le apuesta Colombia.

Interesante ha resultado en esta investigación periodística, conocer los casos de éxito de empresas como PTI y Proelectricos, las cuales son ejemplo de organización, planeación, perseverancia, y resiliencia, para la ingeniería y la industria nacional. Estas compañías, que hoy registran con orgullo sus aniversarios 20 y 60, respectivamente, son un modelo inspirador para muchas otras empresas nacionales, en medio de una coyuntura como la pandemia que hoy afecta al país y al mundo entero.

Por último, ad portas del 2021, año en que se celebra el aniversario 35 de Mundo Eléctrico, identificamos varios temas para revisar prontamente, con el fin de actualizar y fortalecer el sector energético nacional, aprovechando los vientos de cambio que aceleraron los inesperados desafíos: una mirada a las leyes 142 y 143 de 1994, el fortalecimiento de la UPME, la CREG y la Superservicios, son aspectos que estarán en la agenda del nuevo año. A esta agenda, le debemos agregar la próxima subasta de energías renovables que ya anunció el gobierno nacional para los próximos meses, una revisión exhaustiva a los pros y contras del Fracking, y una mirada a los proyectos que deben entrar en operación en el mediano plazo, para garantizar la estabilidad del sector

De esta radiografía elaborada a través de este especial periodístico, reiteramos que “de los grandes crisis surgen los grandes cambios”. Esta coyuntura, en lugar de verla como un episodio negativo, podemos capitalizarla para proyectar y planear un futuro más promisorio en todos los aspectos, fundamentalmente en lo que a “buena energía” se refiere. Desde nuestra óptica, rescatamos los grandes aprendizajes que nos dejó este 2020 y visualizamos un panorama más alentador para el 2021.

LA PESADILLA DE ELECTRICARIBE

Mis palabras en la plenaria del Senado de la República en 1998 al oponerme a la privatización de la prestación del servicio de energía en la región Caribe, afirmando que íbamos a salir de las llamas para caer en las brasas, resultaron premonitorias. 22 años después podemos decir que la calidad de la prestación de este servicio esencial por parte de ELECTRICARIBE no está mejor que cuando estuvo peor, violando flagrantemente las Leyes Eléctrica y de Servicios Públicos, las cuales establecen que tal servicio se debe prestar con eficiencia, calidad y continuidad.

De buenas a primeras se le ha venido encima a los usuarios un alud de alzas en la prestación del servicio de energía eléctrica, sin ton ni son, las cuales se reflejan en una tarifa más alta y por consiguiente en un mayor valor de la factura, a partir del pasado mes de noviembre, con retroactividad y todo desde junio. Como es bien sabido la compra – venta de la energía eléctrica se transa ya sea a través del mercado mayorista o mediante contratos bilaterales entre generadores y comercializadores. Y las variaciones en los precios de energía terminan reflejándose en variaciones en las tarifas al usuario final.

A modo de ejemplo, el precio promedio en Bolsa de la energía eléctrica pasó de $116 kW/h en el mes de junio hasta los $390 kW/h en el mes de octubre pasado, para un incremento de más de 300%. Supuestamente dicho aumento del precio se debió a una presión sobre el mismo atribuible a la disminución del nivel de los embalses de las hidroeléctricas, situación que habría obligado a apelar a las centrales térmicas, cuyo costo de generación es mucho más elevado. Mientras tanto el precio promedio de la energía transada mediante contratos bilaterales fue de $200 el kW/h.

Ahora bien, el impacto sobre la tarifa al usuario final, que pesa entre el 35% y 40% de la misma, dependerá de la gestión comercial del Operador de red o sea el prestador del servicio. Cuanto más expuesto esté en Bolsa mayor será la incidencia de la variabilidad y las oscilaciones de los precios en el mercado mayorista en la tarifa. Según el Presidente de ASOCODIS José Camilo Manzur, en promedio, “solamente el 12% está sujeto a la variación en Bolsa”, de lo cual se sigue que el 88% restante de la energía comprada se obtiene mediante contratos de mediano y largo plazo. Claro está que, como lo afirma Manzur, refiriéndose a los usuarios finales, “quienes verán los impactos son aquellos comercializadores que no tengan contratos de largo plazo y que no se hayan cubierto”.

Este es el caso de ELECTRICARIBE, operador que históricamente se ha caracterizado por tener una alta exposición en Bolsa y por ello mismo sus usuarios se ven más afectados que el promedio, ya que el porcentaje del alza en Bolsa que se les traslada es mucho mayor. El contraste entre EPM de Medellín, con una exposición del 12.4% y ELECTRICARIBE, con el 23.2% es muy notorio. De allí que los más afectados con las alzas desmesuradas debido a la gran volatilidad de los precios de la energía en Bolsa son los 2.5 millones de suscriptores de ELECTRICARIBE.

En cuanto a los costos de restricción, estos están disparados y el cuello de botella que da lugar a ellos radica fundamentalmente en la región Caribe, debido al rezago histórico en las inversiones en las redes de transmisión regional y local. Allí se presenta un corto circuito que impide que la energía fluya desde los centros de despacho hasta el mercado al cual se presta el servicio, con el agravante de no contar tampoco con las subestaciones necesarias para la transformación de voltaje.

En concepto de XM, “el retraso en la entrada en operación de los proyectos de expansión es una condición recurrente, lo que hace que estas obras pierdan efectividad e impacto en el sistema al momento de su entrada en operación”. Ello ha provocado exorbitantes costos de restricción por cuenta de la generación por seguridad, los cuales terminan pagando los usuarios a través de sus facturas.

Los costos de restricción que acarrea este atrapamiento de la energía, han crecido en promedio el 70% anual, pasando, según ASOENERGÍA, desde los $4 kW/h a $29.4 kW/h. Ello le significó a los usuarios del servicio de energía en 2018 costos de restricción del orden de los US $700 millones, equivalentes, aproximadamente, a los $30 kW/h, prácticamente el mismo cargo que se paga al Sistema de Transmisión Nacional (STN). Según cifras oficiales, entre enero y junio de 2019 los costos de restricción le costaron al usuario $15 por kilovatio, para un acumulado de $431.825 millones.

Compartimos el planteamiento del Presidente de ANDEG Alejandro Castañeda cuando sostiene que “el verdadero problema es que no existe una relación de causalidad entre quien genera el problema en el sistema y quien asume las consecuencias. Y va más lejos cuando afirma, con toda la razón que “si el problema está en las redes, la regulación debe corregirse y quien cause el problema debe asumir los costos”.

Coincido con él en su aseveración en el sentido que “teniendo en cuenta este panorama, se requiere, en el corto plazo, que el costo de la generación por restricción en el país se asigne a quien la cause, esto unido a una mejora en los tiempos de planeación y ejecución de los proyectos de transmisión, y una mayor inversión en el desarrollo y mantenimiento de las redes”. El usuario no puede seguir siendo el paganini, quien pague los platos rotos por otros.

Y, para rematar, además de las alzas atribuibles al precio de la energía y a los exorbitantes costos de restricción se vienen a añadir el pago por parte de los usuarios de los estratos 4, 5 y 6 de la sobretasa nacional de $4 por kW/h consumido con destino al Fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para el “pago de las obligaciones financieras en las que incurra… para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica en toma de posesión en el territorio nacional” (léase ELECTRICARIBE). Adicionalmente, las empresas vigiladas por la SSPD deberán pagar una contribución del 1% adicional a la que ya pagan a favor del mismo Fondo empresarial, la cual terminarán pagando los usuarios vía tarifa por hacer parte de sus costos.

*Amylkar Acosta Medina.
Ex ministro de Minas y Energía.
Miembro de Número de la ACCE.
www.amylkaracosta.net

La Ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND), sancionada por el Presidente Iván Duque en Valledupar, le dedicó un acápite especial al salvamento de ELECTRICARIBE. Además de asumir por parte de la Nación el pasivo pensional, calculado en la suma de $1.2 billones, se tomarán medidas al amparo del PND en procura de inyectarle recursos al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, convirtiéndolo en una especie de FOGAFIN, para el salvamento de las empresas prestadoras de servicios públicos en estado crítico, entre ellas una sobretasa de $4 por KWH hasta el 31 de diciembre de 2022, que deberán pagar los estratos 4, 5 y 6. Por esta vía se recaudarían $180.000 millones anuales, aproximadamente.

Se estableció, también, una contribución adicional del 1%, que deberán pagar las empresas vigiladas como suplemento a la contribución que vienen pagando en virtud del artículo 85 de la Ley 142 de 1994. Adicionalmente, se flexibiliza la norma regulatoria que limita al 25% de dominio del mercado de distribución o comercialización por parte de las empresas operadoras, elevando dicho porcentaje hasta el 35%, lo cual no deja de ser riesgoso.

Precisamente en la Ley 143 de 1994, la Ley eléctrica, para evitar abusos de posición dominante en el mercado eléctrico, se estableció la restricción que ahora se remueve y también se determinó la prohibición de la integración vertical, que también se deja ahora sin efecto. Está por determinarse las consecuencias que se pueden derivar de esta decisión que se tomó en volandas sin reparar en ellas.

La propuesta más atrevida y por ello la que muy seguramente va a despertar mayor rechazo es la que plantea autorizar al gobierno nacional para establecer un régimen transitorio especial en materia tarifaria para la Electrificadora del Caribe S. A. E.S.P o las empresas derivadas…que se constituyan en el marco del proceso de toma de posesión de esta sociedad para las regiones en las cuales se preste el servicio público. Este régimen regulatorio especial deberá establecer que la variación en las tarifas para esta región sea al menos igual a la variación porcentual de tarifas del promedio nacional. Dicho de otra manera, como lo dice el artículo 289 del PND “con el fin de asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio público de distribución y comercialización de electricidad en la Costa Caribe” se vendrán alzas en las tarifas, para nivelarlas, pero por lo alto, con las del resto del país. Ya lo había dicho la Financiera de Desarrollo Nacional –FDN-, “para generar un escenario viable se requiere, entre otras cosas, ajustes en tarifas que reconozcan el nivel de inversiones proyectadas, la situación actual de la empresa y aportes del gobierno”. ¡Dicho y hecho!

Y, de contera, preocupa sobremanera que este cambio planteado en la estructura tarifaria para el cual se está facultando al gobierno nacional, quien expedirá “un régimen regulatorio especial” exclusivo para ELECTRICARIBE, podría llegar a debilitar la defensa del Estado en su querella con Gas Natural Fenosa, hoy Naturgy, ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL). Ello podría, en cambio, fortalecer a la contraparte, puesto que entre sus alegatos ha aducido que el esquema tarifario vigente al momento de la intervención por parte de la Superintendencia tornaba inviable la operación. Al introducir estos cambios en la regulación “con el fin de asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio público de distribución y comercialización de electricidad en la Costa Caribe” se le estaría dando la razón. A todas esas, como bien se sabe, un pleito como el que está planteado en esta disputa entre Nación y Naturgy como se puede ganar se puede perder. Y en el caso hipotético que se pierda, cabe preguntarse qué va pasar con los recursos que se han invertido y los que se inviertan por parte del Estado a través del Fondo empresarial, así como con aquellos que se inviertan con cargo a los recursos del SGR, a lo que se le da vía libre en el PND. De hecho, se tiene previsto invertir en ELECTRICARIBE en lo que resta de este año, según la Superintendente de Servicios Públicos Natasha Avendaño la suma de $860.000 millones.

Quién le va a responder a los usuarios por los 216.000 millones de subsidios que le fueron girados por parte del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Distribución del Ingreso a ELECTRICARIBE para aplicárselos a los usuarios y que, según investigación de la Contraloría General de la República, terminaron en sus alforjas. Quién va a asumir la deuda contraída por ELECTRICARIBE con los bancos, con los generadores y con sus proveedores. Son todos interrogantes que inquietan.

Amylkar Acosta Medina.
Ex ministro de Minas y Energía.
Miembro de Número de la ACCE.
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