Con la entrada en funcionamiento de esta unidad, se cerca de 300 MW (Megavatios) de energía verde y sostenible al Sistema Interconectado Nacional. Este logro se produce en un contexto crítico para el país en materia de generación eléctrica y permite que la central pueda proveer, en total, 900 MW (Megavatios) de energía eléctrica para Colombia.
Con la presencia en la central hidroeléctrica del ministro de Minas y Energía de Colombia, Andrés Camacho Morales, la segunda unidad de generación de la central hidroeléctrica alcanzó este martes, 5 de septiembre, su máxima capacidad de generación.
EPM anunció que dio pleno cumplimiento a la Resolución CREG 194 de 2020, que estableció el 30 de noviembre de 2022 como fecha límite para tener estas unidades disponibles para generar energía. A partir del momento del anuncio, la central de generación Ituango podrá generar de manera constante y permanente.
Los episodios que ha tenido el país de racionamiento del servicio de energía, todos han tenido como causa – raíz el atraso en la ejecución de proyectos claves. La tapa fue el gran apagón, que significó el racionamiento del 15% del fluido eléctrico durante 14 meses entre 1992 y 1993, siendo el atraso del GUAVIO y Porce 2 el detonante del mismo.
Lo acaba de advertir XM, la empresa responsable de la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de administrar el Mercado de Energía Mayorista (MEM): “en dos años, si hay un fenómeno del Niño, HIDROITUANGO no entra, las renovables se siguen retrasando y la demanda crece por encima del escenario medio de la Unidad de Planeación Minero-energética (UPME), vamos a racionar. Desde ya lo decimos”.
Y qué es lo que está pasando, ¿cuál es el peligro que nos acecha, que nos lleva a que el Sistema energético del país esté en alerta naranja?
Como es bien sabido, el megaproyecto de HIDROITUANGO tiene un atraso de cuatro años para la entrada en operación de las 8 unidades, de 300 MW de potencia cada una, para completar los 2.400 MW, que representan el 17% de la capacidad instalada de generación. A 17 días de cumplirse el segundo plazo que le extendió la CREG a EPM para el arranque de las primeras turbinas, el Gerente de la empresa Jorge Andrés Carrillo oficializó la solicitud de un plazo mayor “para la entrada en operación…por el tiempo necesario para atender nuevos requerimientos fijados por las autoridades”. Es decir que sigue siendo incierto cuándo será ese cuando que se podrá contar con esta energía.
De otra parte, como resultado de las tres subastas que han tenido lugar en las que se ofertaron otros 2.400 MW, aproximadamente, esta vez a partir de la generación de energía renovable por parte de 16 parques eólicos que se han de instalar en la Guajira. Pero, para la operación de estos proyectos y la inyección de la energía que se genere a la red de transmisión nacional, se requiere disponer de una Estación colectora, que se instalará en el Municipio de Uribia.
Esta infraestructura debería estar lista este año para empezar a generar y transmitir la energía para atender la demanda del fluido eléctrico a nivel nacional. No obstante, la ejecución de los proyectos de la Colectora y la red de transporte de la energía hasta la Subestación de Cuestecitas tienen un atraso mayor, a tal punto que según el Presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB) Juan Ricardo Ortega, responsable de los mismos, “si se radica el estudio de impacto ambiental (EIA) ante la Autoridad de licencias ambientales (ANLA) el próximo año, la obra estaría lista en 2024”. Serían dos años de atraso y eso siempre y cuando se concluyan con éxito las consultas previas pendientes, que se han convertido en el nudo gordiano. Así las cosas, mientras no se supere este impasse, la energía que llegue a generarse en los parques eólicos quedará atrapada en ellos, trocándose en parques de ventiladores.
No hay que perder de vista que los episodios que ha tenido el país de racionamiento del servicio de energía, todos ellos, han tenido como causa – raíz el atraso en la ejecución de proyectos claves como lo son estos dos. Así ocurrió en 1976 por el atraso de CHIVOR y GUATAPÉ, en 1981 de CHIVOR 2 y San Carlos y la tapa fue el gran apagón, que significó el racionamiento del 15% del fluido eléctrico durante 14 meses entre 1992 y 1993, siendo el atraso del GUAVIO y Porce 2 el detonante del mismo. En todos los casos anteriores lo que precipitó el racionamiento fue el fenómeno del Niño, fenómeno extremo que se debe al cambio climático, que es recurrente, cada vez más frecuente, más intenso y duradero. A ello estamos expuestos nuevamente.
Huelga decir que los proyectos de HIDROITUANGO en Antioquia y los parques eólicos en La Guajira, que sumados representan el 27% de la demanda de energía a nivel nacional, son complementarios y se respaldan mutuamente, de manera que la suerte del uno va unida a la del otro. Precisamente, la mayor importancia que tiene la integración y acoplamiento de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), particularmente la eólica y las solar – fotovoltaica, es la de robustecer, diversificar aún más y darle mayor resiliencia frente al Cambio climático a la matriz energética del país.
Es urgente, entonces, superar los desencuentros entre las empresas desarrolladoras de los parques eólicos en La Guajira, que tiene en ellos, como lo he dicho y lo repito, una ventana de oportunidad. Hemos insistido en que el pueblo Wayü, cuyas comunidades están asentadas en el área de influencia de estos proyectos, que son sus territorios, declarados por la Ley como Resguardo indígena, debe ser el primer beneficiario de los mismos, empezando por el acceso a la energía, tal y como lo dispone el 7º de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Bien dice el antropólogo guajiro Weildler Guerra que “la experiencia adquirida nos muestra que nadie debería construir su paraíso con el infierno de los otros”.
El camino para lograrlo está contemplado en el documento CONPES 4075 del 29 de marzo de este año, en el cual se trazan los lineamientos de la Política de Transición energética, el cual plantea que ello pasa por “el diálogo social para involucrar y proteger” a las comunidades. Ahora que la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez anunció un “diálogo social” para la elaboración de la nueva “Hoja de ruta de la Transición energética justa en Colombia”, será muy importante no apartarse de estos criterios.
* Amylkar Acosta. Medina, Ex ministro de Minas y Energía.
Miembro de Número de la ACCE. www.amylkaracosta.net
Tomó muchos años la gestación del megaproyecto de la central de generación de energía HIDROITUANGO, aprovechando el caudal y la torrentera del río Cauca, el segundo en importancia del país después de río Magdalena, para represarlo, embalsarlo y alimentar las turbinas de sus 8 unidades, cada una con capacidad de generación de 800 MW de potencia.
Pero, fue sólo en el año 2010 cuando la Sociedad Hidroituango, cuyos mayores accionistas son el departamental Instituto para el desarrollo de Antioquia (IDEA) y las EPM de Medellín, suscribió con esta última el contrato BOOMT (Build, Opérate, Own, Maintainand and Transfer, por sus siglas en inglés), para su construcción y puesta en operación.
EPM, a su vez, firmó los tres contratos principales para su ejecución con los consorcios liderados por la firma INTEGRAL, con otro liderado por INGETEC y finalmente con el encabezado por CCC, para la asesoría y diseños del proyecto, la interventoría de las obras y la construcción propiamente dicha, en su orden. Todas estas, empresas de ingeniería ampliamente reconocidas y con gran experiencia en el sector.
Este proyecto es considerado el de mayor envergadura en su género en el país y hace parte del Plan de Expansión Eléctrica 2015 – 2029 elaborado por la Unidad de Planeación Minero – Energética (UPME) y adoptado por parte del Ministerio de Minas y Energía, tendiente a asegurar la ejecución en los tiempos previstos de los proyectos identificados y priorizados; de esta manera, garantizar el abastecimiento del servicio de energía en todo el país, con firmeza, confiabilidad y continuidad, como lo manda la Ley eléctrica 143 de 1994.
Este proyecto, de acuerdo con lo presupuestado, ha debido entrar a operar en el 2018 y justamente en mayo de este año, cuando según los reportes el avance de obras era del 81%, se presentó una contingencia gravísima, que atrasó su puesta en marcha y elevó sus costos en un 5.88%, al pasar de los $11.4 billones iniciales a los $16.2 billones. Los daños fueron de tal magnitud que se llegó a temer por su siniestro, que fuera un proyecto fallido, poniendo en riesgo y estresando al Sistema Interconectado Nacional (SIN), habida cuenta que con el mismo se aspira y espera cubrir el 17% de la demanda.
Al no entrar a tiempo, la UPME se vio precisada a convocar dos subastas de reconfiguración, mecanismo este por medio del cual se procede a ajustar el déficit de cobertura de las Obligaciones de Energía en Firme (OEF), cuando estas son inferiores a las proyecciones de demanda. De esta manera se ha podido suplir la energía que debería estar suministrando HIDROITUANGO, evitando un eventual racionamiento, pero no la presión al alza del precio de la energía, la cual la termina pagando el usuario final vía tarifa. Y de paso, ha puesto en riesgo también la entrada en operación de los proyectos de generación proveniente de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) adjudicados en el 2019, que contaban con su respaldo, dada la intermitencia de la energía eólica y la solar – fotovoltaica.
Los estragos causados por el colapso del túnel Auxiliar de Derivación dieron al traste con las obras adelantadas, con la casa de máquinas y los equipos instalados y la riada que precipitó aguas abajo del río Cauca estuvo a punto de provocar una tragedia, la que por fortuna se pudo atenuar en sus devastadores efectos. La Contraloría y la Procuraduría vienen adelantando sendas investigaciones, mediante las cuales buscan establecer la causa raíz de la contingencia y las responsabilidades de la misma, si hay lugar a ellas.
Con la llegada a la Alcaldía de Medellín de Daniel Quintero Calle se avivó la controversia que se había suscitado en torno a este insuceso, dando lugar a su desencuentro con la Junta directiva de EPM, que había estado al mando de la ejecución de este proyecto, el cual terminó con el abrupto relevo de sus miembros.
Esta confrontación derivó en el anuncio por parte del Alcalde Quintero de una demanda contra los contratistas principales, cuya pretensión asciende a la suma de $9.9 billones, la cual estuvo mediada por un intento frustráneo de conciliación con intervención de la Procuraduría General de la Nación. El 8 de enero de este año se anunció que había “concluido sin éxito”, allanando el camino para proseguir con la demanda interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Lo curioso es que este intento de conciliación entre las partes estuvo precedido de un Acuerdo entre EPM y los contratistas para que estos continúen hasta finales de este año en las tareas de recuperación, mantenimiento y la estabilización del avance de obras y así asegurar que el año entrante puedan entrar en operación las primeras 4 unidades, quedando en entredicho la entrada de las otras 4.
Definitivamente, el peor escenario del proyecto de Hidroituango es que no se concluya, ya que lo que está en juego es la seguridad energética del país, que no puede quedar expuesta a la incertidumbre de cuándo será ese cuándo que podrá contarse con el completamiento y operación a full de las 8 unidades previstas, evitando de paso un nuevo coletazo en los precios de la energía y las tarifas, que terminarían afectando la factura de consumo de los usuarios finales. Suele decirse que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, pero en este caso estamos entre un Acuerdo y un pleito en simultánea, de los cuales no se sabe cuál será su desenlace. ¡Y la incertidumbre es la peor señal para el sector energético del país!
