En Política sólo triunfa quien pone la vela donde sopla el viento, Jamás quien pretende que el viento sople donde pone la vela.
Antonio machado
“El sol quema con la misma luz que alumbra. El sol tiene manchas. Los agradecidos ven la luz, los desagradecidos sólo ven las manchas”.
José Martí
Tal y como lo habíamos prometido, nos proponemos analizar a fondo la conveniencia y la oportunidad de varios de la docena de decretos con fuerza de Ley expedidos por el Presidente de la República Gustavo Petro al amparo de la declaratoria de la Emergencia económica, social y ecológica en el Departamento de La Guajira. Empezaremos por el Decreto 1276 del 31 de julio de 2023.
En dicho Decreto se dispone en su artículo 8º la “financiación de GECELCA para la transformación de las termoeléctricas de carbón Guajira 1 y Guajira 2” y en su parágrafo transitorio se lee que “en un término de 3 meses contados a partir de la expedición del presente Decreto la Nación, a través de los Ministerios de Hacienda y de Minas y Energía establecerá un esquema de financiación a favor de GECELCA para la transformación de las termoeléctricas de carbón de TERMOGUAJIRA a un modelo de generación de cero emisiones netas de CO2”. Y añade, “la regulación ambiental que gobierna el sistema de generación de TERMOGUAJIRA deberá ajustarse en un término de 3 meses…a un esquema de generación eléctrica de cero emisiones netas de CO2”. Así de tajante y perentorio es este artículo.
Entre los considerandos de este Decreto se aduce que, según un estudio (Huxham & Anwar, 2023), que no es cotejado con ningún otro, “los ingresos de distintas carboeléctricas se reducirían hasta en un 100% al año 2030”,
de lo cual se seguiría “una posible reducción acelerada de la rentabilidad de TERMOGUAJIRA en la próxima década”. En auxilio de su argumentación trae a colación “un tema que afecta al sector”, como lo es “la alta
volatilidad de los precios internacionales de carbón, que en 2022 llegaron a superar los US $400 /tonelada”, cuando es bien sabido que ello obedeció a una coyuntura muy particular como lo es el conflicto en Ucrania[1].
Pero también se alega que hacia el futuro el costo de generación con carbón “será agravado por la aplicación del impuesto al carbono”, lo cual pesará cada vez más en sus costos operativos.
Dicho sea de paso, este impuesto está mal concebido en la Ley, porque en lugar de gravar al carbón debería gravar más bien las emisiones de dióxido de carbono a que dé lugar su combustión. Tal como está en la Ley quienes quemen el carbón no tienen ningún incentivo para reducirlas, existiendo en el mercado tecnologías avanzadas tanto para reducirlas como para capturarlas. Empresas como ECOPETROL, que emite gases de efecto invernadero (GEI) a lo largo de toda la cadena de la extracción, transporte y refinación del crudo, viene tomando medidas tendientes a reducirlas y se ha fijado la meta de alcanzar la carbono neutralidad en su operación para el año 2050. Por qué no promover e incentivar la puesta en práctica de medidas similares a las que ha venido implementando la estatal petrolera por parte de los generadores térmicos. En el caso de TERMOGUAJIRA bastaría con que, en lugar de consumir carbón, sus dos plantas operen con gas natural, ya que son duales.
Como es bien sabido el parque térmico en Colombia, que consta de 30 centrales de generación, con una capacidad instalada de 5.668 MW, 12 de ellas ubicadas en la región Caribe, están llamadas a servir de respaldo al Sistema interconectado nacional (SIN), sobre todo para atender los picos de demanda, de tal suerte que no se puede pensar con el deseo de prescindir de ellas súbitamente, poniendo en riesgo su confiabilidad y firmeza. Tanto más, tratándose de la región Caribe en la que, debido al cuello de botella que enfrenta el transporte de la energía por “agotamiento de las redes de transmisión”[2], como lo reveló la empresa XM, que administra y opera el SIN, advirtió además que “la demanda no atendida que se viene programando…podrá incrementarse en la medida en que crezca la demanda de energía en dicha zona”[3].
Esta circunstancia ha obligado a que la térmicas instaladas en la región Caribe no estén sirviendo de respaldo, sino que, desde hace rato, han estado en la base, generando de manera continua, vienen siendo despachadas por seguridad, para suplir la energía que no son capaces de soportar las averiadas redes de transmisión y subtransmisión. De modo que si se llega a apagar TERMOGUAJIRA no hay forma de suplir la energía que genera y nos expondría a que la región Caribe haga el tránsito del actual racionamiento del servicio de energía a un calamitoso apagón[4].
Por lo demás, GECELCA, que es del Estado, tiene vendida la energía que genera por los próximos años, cabe preguntarse si el Estado va a responder honrando sus compromisos prestando garantía de la Nación para su reconversión “a un esquema de generación eléctrica de cero emisiones netas de CO2”.
Todo, por el prurito de que “el Departamento de La Guajira sea el primero en alcanzar la generación eléctrica carbono – cero neto …a partir del horizonte 2024-2028”, sosteniendo falazmente que la confiabilidad del SIN que descansa en el respaldo que le brinda el parque térmico, ahora “sería suplida por distintas tecnologías de almacenamiento (por ejemplo, baterías e hidroeléctricas de mayor potencia), así como por otras tales como condensadores síncronos”, que no se han terminado de inventar. Se pretende utilizar a TERMOGUAJIRA como conejillo de Indias. No hay derecho.
Es de anotar que si de lo que se trata es de reemplazar vis a vis (pelo a pelo) la capacidad de generación térmica de TERMOGUAJIRA (290 MW) por fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), ello implicaría instalar 4 veces dicha capacidad (1.160 MW) si se trata de energía eólica y 6 veces (1.740 MW) en solar – fotovoltaica. Si este es sólo el comienzo de la reconversión de todo el parque térmico a renovables el costo de la inversión en que se incurriría para lograrlo sería de aproximadamente $168 billones.
Y no lo decimos a humo de paja, es que el propio Presidente Petro manifestó que “es que se tienen que sustituir las termos, empezando por la de La Guajira”[5] ya que, según él, TERMOGUAJIRA “es el segundo consumidor de agua en una región donde la gente es la tercera”[6], lo cual no es cierto, el Presidente Petro ha sido mal informado, sus asesores de cabecera están faltando a la verdad, pues para su operación utiliza agua del mar y no de los afluentes, acuíferos o de las zonas de recarga hídrica. Partiendo de esta falsa premisa, “si TERMOGUAJIRA se traslada a ser una granja solar o un parque eólico con la misma capacidad, se libera agua para el territorio”[7]. Esto podría terminar en que, al final, nos quedemos en el peor de los mundos, sin la soga y sin la ternera.
Ojalá en Colombia no se repita el error de Alemania, líder en energías renovables, que se apresuró a apagar las centrales térmicas de generación y los reactores nucleares para apostarlo todo a las renovables y cuando devino la reactivación de su economía después de la recesión provocada por la pandemia del COVID 19, la capacidad instalada de FNCER no dio abasto para satisfacer la mayor demanda de energía, viéndose obligada a volver a prenderlas. Y las consecuencias no se hicieron esperar, al poner a operar nuevamente las térmicas, la mayor demanda por carbón y gas dio lugar a una espiral alcista de sus precios, alcanzando un récord histórico, llevando las tarifas de energía a niveles nunca vistos y de contera desató una inflación galopante, abocando a la economía a una crisis de la que aún no se repone[8].
A todas esas, vale la pena preguntarse qué relación tiene este ensayo de laboratorio de una política más inspirada en la ideología que fundamentada en la técnica y del sentido común, con la declaratoria de la Emergencia económica, social y ecológica, motivada por la crisis humanitaria que asola a La Guajira, con la cual se trata de “conjurar la situación de crisis y evitar la extensión de sus efectos”. Para mi ninguna, cuando se alude al supuesto cumplimiento con esta medida de la Sentencia de la Corte Constitucional T-302, que declaró el Estado de cosas inconstitucional, ese es sólo el pretexto.
La aún incipiente Transición energética justa, bandera de este gobierno no se puede adelantar a los trompicones, chamboneando, improvisando, sino de una manera gradual, paulatina, inteligente y responsable, con una gran dosis de realismo y pragmatismo. Es tal su importancia y trascendencia que la misma debería estar como primer punto en la Agenda del Acuerdo nacional enhorabuena propuesto por el Presidente Petro.
Hay que entender y persuadirse que, no por mucho madrugar amanece más temprano. Y, como bien dijo John Maynard Keynes a Franklin Delano Roosevelt en una carta abierta que le dirigió en 1933, en momentos en los que el mundo apenas estaba empezando a levantar cabeza después de la Gran depresión de 1929 – 1932 “las reformas pueden ser urgentes, pero apresurarse sería dañino cuando lograr la meta de largo plazo es más importante que el resultado inmediato…Aún la más necesaria y sabia de las reformas afecta la confianza del mundo empresarial y debilita los motivos de su acción”. ¡Más claro, el agua!
En septiembre de 2015, hace 8 años, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), como solución de continuidad de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, también conocidos como Objetivos del Milenio, acordados en el año 2000. Es de destacar que los ODS fueron acogidos inicialmente por parte de la Cumbre Río + 20 que tuvo lugar en el año 2012 a iniciativa del Gobierno de Colombia. El propósito fundamental es mejorar la calidad de vida de los más de 7.000 millones de habitantes del Planeta, sobre todo la de los más vulnerables.
Pues bien, la Agenda 2030 desplegó 17 objetivos de desarrollo sostenible y fijó 169 metas a alcanzar. El Secretario General de la ONU, en duro pronunciamiento sentenció que “a menos que actuemos ahora, la Agenda 2030 podría convertirse en el epitafio del mundo que pudo haber sido…a mitad de camino, esta promesa está en peligro…más de la mitad del mundo está rezagado. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible desaparecen por el retrovisor, al igual que las esperanzas y los derechos de las generaciones actuales y futuras”.
Y no es para menos, dado que transcurridos 8 años más de 40 de las 140 metas a alcanzar no sólo no muestran avances, sino que incluso se ha retrocedido con respecto a algunas de ellas. El resto de ellas acusa atrasos considerables, al punto que, si el cumplimiento de las mismas sigue al ritmo actual, se prevé que para el 2030, 575 millones de personas continuarán atrapadas en la pobreza extrema (US $15/ día de ingreso), lo cual, aunque significaría una reducción de la misma del 30% con respecto al 2015, estaría muy lejos de su erradicación, muy lejos del primer objetivo que es poner fin a la pobreza en el mundo. Sólo 15%, aproximadamente, de las 140 metas específicas se alcanzarían a cumplir al final de la década.
Y qué decir con respecto al 2º de los objetivos, Hambre cero. Según Antonio Guterres, “el mundo volvió a niveles de hambre desconocidos desde 2005”, atribuible en gran medida a dificultades de acceso a los alimentos, debido a que los precios de los mismos superan en muchos países los niveles del período 2015 - 2019. En efecto, el número de personas que sufría inseguridad alimentaria moderada o grave en 2021 se aproximó a los 2.300 millones, una de cada tres de ellas; entre tanto la desnutrición infantil sigue siendo un flagelo que azota a un gran conglomerado de la población a nivel mundial. A ello contribuyó mucho la crisis pandémica, que afecto el empleo y el ingreso, sobre todo en los países en desarrollo y de ingreso medio como Colombia.
Es más, en 2021 el número de personas que pasaban hambre era cercano a los 800 millones, sobrepasando los niveles prepandémicos. En 2022 se estimaba que 45 millones de niños menores de cinco años sufría desnutrición grave y 148 millones habían visto afectado su crecimiento, mientras que 37 millones de niños tenían sobrepeso. ¡Esto es alarmante!
Ante el peligro inminente del incumplimiento de la Agenda 2030, Antonio Guterres han planteado un “Plan rescate” de los ODS que pasa por la renovación del compromiso adquirido por los países signatario de los mismos, para lo cual se requiere la implementación de un plan de choque, con una inversión adicional a la ya comprometida de US 500.000 millones, para redoblar los esfuerzos y tratar de recuperar el tiempo perdido. De lo contrario, como lo afirma él “la falta de progresos supone que la desigualdad seguirá agravándose, aumentando el riesgo de un mundo fragmentado, con dos velocidades”.
En una conferencia de prensa para presentar el más reciente y sombrío reporte de las Naciones Unidas sobre el grado de cumplimiento de los ODS, el Subsecretario general de la ONU Li Junhua manifestó su deseo de que los líderes políticos del mundo tracen “una nueva hoja de ruta” en la Cumbre prevista para los días 19 y 20 de septiembre en Nueva York, con el fin de darle mayor celeridad y agilidad a las acciones tendientes a dar cumplimiento a sus metas. Sólo quedan siete años para agotar el plazo, acotó y “los esfuerzos por cumplir los objetivos están en graves problemas” y finalizó diciendo que “es hora de dar la alarma”. Para luego es tarde, Como dijo el gran escritor Jorge Zalamea Borda en su magistral poema El viento del Este, no hay tiempo que perder, hay vidas por ganar.
* Amylkar Acosta. Medina, Ex ministro de Minas y Energía.
Miembro de Número de la ACCE. www.amylkaracosta.net
[1] Amylkar D. Acosta Medina. La crisis energética global. Abril, 30 de 2022
[2] XM. Comunicado. Julio, 21 de 2023
[3] Ídem
[4] Amylkar D. Acosta Medina. El riesgo inminente de racionamiento de energía. Julio, 22 de 2023
[5] Presidente Gustavo Petro. Discurso. Riohacha, junio 28 de 2023
[6] Ídem
[7] Ídem
[8] Amylkar D. Acosta Medina. La crisis energética global. Abril, 30 de 2022
La Transición energética es tecnológica, no se reduce a la transición desde las energías de origen fósil (petróleo, carbón y gas) hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER, especialmente la eólica y la solar-fotovoltaica), sino que conlleva la electrificación de la economía, así como el uso racional y eficiente de energía. La automatización de sus actividades y procesos van de la mano con la transformación digital.
La Infraestructura de Medición Avanzada (AMI, por sus siglas en inglés) es clave para la Transición, en la medida que la operación del sistema y la prestación del servicio contarán con redes y sistemas inteligentes de medición, los cuales recolectarán y analizarán la provisión y el consumo de energía por parte de los usuarios.
“Despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas”
Antonio Machado
Hay un antes y un después del año 2015, cuando tuvo lugar la 21ª Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21), que concluyó con la firma del Acuerdo de París, al tiempo que la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 compendiada en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).
La descarbonización de la economía para contrarrestar el cambio climático y conjurar sus estragos, por una parte, y propender por la universalización del acceso de la población a energías limpias, por la otra, son dos compromisos inaplazables de la comunidad internacional y la Transición energética la estrategia para lograrlo.
Colombia por su parte tiene el compromiso con la comunidad internacional de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que para el 2019 alcanzaron los 275 millones de toneladas, 0.57% de las totales, en un 51% para el 2030. Y ha venido dando los pasos conducentes para su cumplimiento. A ello apuntan la Ley 1844 de 2017, mediante la cual se ratificó por parte del Congreso de la República del Acuerdo de París, y el Documento CONPES 3918 de 2018 contentivo de la estrategia para la implementación de los ODS.
De acuerdo con el principio establecido en la COP26 de “responsabilidad común pero diferenciada”, se reconoce que no todos los países tienen las mismas responsabilidades y compromisos, así como las capacidades para enfrentar el reto del cambio climático. De ello se sigue que cada país debe adoptar su propio ritmo a efectos de cumplir con los suyos, consultando sus potencialidades y limitaciones.
A manera de ejemplo, mientras el total de emisiones de GEI a nivel global en 2019 fue de 51.1 miles de millones de toneladas, en Colombia sólo se registraron 275 millones, equivalente al 0.57%. Entre tanto las de China, EEUU, India y Rusia, que son los principales responsables de tales emisiones, concentran el 30.65%, el 13.54%, el 7.20% y el 4.52%, respectivamente. Mientras un colombiano emite 1.6 toneladas de CO2 equivalente anualmente, el promedio mundial, según el Informe del Banco Mundial en 2018 estaba en 4.47 toneladas. Un chino, por ejemplo, emite 8 veces más que un colombiano y uno del Reino Unido 2.7 veces.
A este propósito es muy importante y conveniente destacar que en la COP26 se dejó claramente establecido el principio de la “responsabilidad común pero diferenciada”, de tal suerte que los mayores responsables sean quienes más contribuyan a alcanzar la meta de la carbononeutralidad hacia el año 2050, además de contribuir y cooperar para que otros países como Colombia puedan cumplir con el compromiso adquirido de reducir sus emisiones en 2030, que es la meta volante.
En este sentido, el mensaje es claro: hay que ser realistas, Colombia no puede pretender hacer el papel de polizón climático, escudándose en la inacción de los demás países para cruzarse de brazos a la espera de que ellos reaccionen y asuman sus responsabilidades frente a los desafíos del cambio climático; pero tampoco asumir el papel de atlas climático, echándose al hombro el Planeta para salvarlo de sus estragos.
En consecuencia, cada país se ha de dar su propia hoja de ruta de la Transición energética, consultando sus especificidades y peculiaridades. La estrategia a seguir, por tanto, difiere de un país a otro. La línea de base de la que parten cada uno de ellos es determinante. Hay una enorme diferencia, por ejemplo, entre aquellos países que dependen de la importación del petróleo, del gas y del carbón para proveerse de los mismos y otros que, como Colombia, dependen de la producción y exportación de los mismos. El Documento CONPES 4075 de marzo de 2022 y sus lineamientos de la política de Transición energética trazó el derrotero a seguir, siempre consultando la real realidad de nuestro país.
En Colombia, a diferencia del resto del mundo, en donde la principal fuente de emisiones de GEI es el sector energético con el 73.5%, este sólo contribuye con el 34%. Entre tanto, el cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería y la deforestación participan con el 59%. Ello se explica en gran medida porque mientras en el resto del mundo, en promedio, la participación de la generación de electricidad con base en el parque térmico es del 64.9%, en Colombia a duras penas llega al 30%. Dicho de otra manera, entre Colombia y el resto del mundo, especialmente con respecto a los países desarrollados, existen grandes asimetrías, las cuales hay que tener en cuenta a la hora de definir nuestra propia hoja de ruta de la Transición energética.
Fuente: minambiente.gov.co
De ello se sigue que el Pareto del costo-efectividad para la reducción de la huella de carbono en el caso de Colombia invita a poner el énfasis en la política que contrarreste el inadecuado uso del suelo, las malas prácticas en la agricultura y la ganadería y sobre todo detener el “ecocidio” de la devastadora deforestación, que supera las 170.000 hectáreas anuales, equivalentes a la extensión del territorio del Distrito Especial de Bogotá. Sólo así podrá cumplir Colombia con su compromiso con la comunidad internacional de reducir sus emisiones de GEI en el 51% hacia el 2030.
En concepto del ambientalista Juan Pablo Ruiz, “la prioridad nacional debe ser reducir la deforestación, mejorar el manejo de la tierra y reducir la demanda interna de hidrocarburos”[1]. Lo advierte claramente el Director de la Iniciativa Internacional de Clima y Bosques de Noruega Andreas Dahl-Jorgensen, según él “no podemos resolver el problema del clima sin abordar la deforestación…Y no cumpliremos los ODS si seguimos talando bosques en todo el mundo”[2]
Foto Minenergia
Ello, sin perjuicio de la necesidad de imprimirle celeridad al impulso de la generación de energía a partir de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias, las cuales, además de robustecer y diversificar aún más la matriz eléctrica, contribuirán también a que la misma sea más resiliente frente al Cambio climático. Eso sí, teniendo claro que no toda la economía se podrá electrificar ni las FNCER van a desplazar las fuentes convencionales de generación de energía, sino que se complementarán y respaldarán mutuamente.
Y desde luego, es fundamental precaverse de que la Transición energética no ponga en riesgo la seguridad energética. Y tan importante como esta es la soberanía energética, esta es una de las lecciones aprendidas de la crisis energética global que se ha abatido sobre los países que integran la Unión Europea (UE)[3].
Esta, además, es la oportunidad de ampliar la cobertura del servicio de energía a los 431.117 hogares que aún no cuentan con el mismo, siendo esencial como lo cataloga la Ley y por consiguiente un derecho fundamental que les asiste. Sobretodo a los 207.449 hogares ubicados en sitios remotos, de difícil acceso y baja densidad poblacional, lo que dificulta conectarlos tomando la electricidad de la red del Sistema interconectado nacional (SIN), dada la flexibilidad que ofrecen las soluciones modulares solar-fotovoltaicas, instalando en ellos paneles solares. A ello concurre también la generación distribuida o embebida, cuya energía se consume in situ, prevista en la nueva arquitectura del sistema eléctrico.
De esta manera, además, se estaría cumpliendo con el 7º de los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) para garantizar la universalización del acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. De esta forma se podría, de paso, sustituir el consumo de leña por parte de 1.2 millones de familias campesinas que no tienen otra opción distinta a esa para la cocción de sus alimentos.
Ello se justifica con creces, no sólo por razones de conveniencia sino por los altos costos en los que se incurre por parte del Gobierno a través del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas no Interconectadas (IPSE). En efecto, el costo de los subsidios a los combustibles, según cifras para el 2018, es del orden de los $288.514.728. Lo más insólito es que cuesta más el transporte del combustible hasta los poblados en donde se genera electricidad con plantas térmicas que el combustible mismo.
El Gobierno Nacional, los departamentos y municipios se deberían comprometer en un ambicioso programa de masificación de la instalación y el uso de los paneles solares, con lo cual, al tiempo que se aliviaría el bolsillo de los usuarios del servicio de electricidad, se promovería la cultura del ahorro y el uso eficiente de la energía. Es esta, también, una forma de involucrar al usuario como agente activo de la cadena, ahora en modo Transición energética. Por lo demás, el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, debería asegurarse de que en la ejecución de sus planes y programas de vivienda de interés social (VIS) se contemple la dotación de paneles solares en los techos.
Ahora bien, en un país como Colombia para que la transición energética sea viable y sostenible tiene que ir acompasada de una estrategia de transformación productiva que diversifique la economía. Y la transformación productiva debe empezar por el propio sector minero – energético, diversificándose. Es bien sabido que la Transición energética no será posible sin contar con los minerales críticos, como el níquel, el cobre, el litio, el cobalto o el zinc y Colombia posee prospectos importantes de los mismos que debe extraer. De la misma manera, la producción de hidrógeno verde, aprovechando el potencial de FNCER para el proceso de hidrólisis para obtenerlo, puede servir para un eslabonamiento productivo, sirviendo de insumo a un cluster clave para la agricultura orgánica, produciendo amoníaco, fertilizantes y abonos bajos en carbono.
También pueden contribuir a esta transformación productiva los biocombustibles. Es consabido que Colombia se adelantó a la Transición energética al expedir las leyes 693 de 2001 y 939 de 2007, que obligan a utilizar la mezcla de los biocombustibles en Colombia en procura de reducir las emisiones tanto de GEI como de material particulado. Pues bien, si se aumenta el porcentaje actual de las mezclas, en esa misma proporción se incrementa la producción de etanol y aceite para las mismas. Lo que demandará más materias primas para la misma y en consecuencia se aumentarán las áreas de siembra y cultivo de caña de azúcar, ampliando la frontera y estimulando al sector agrícola. Tanto más en cuanto que se va a requerir la producción de combustible de aviación sostenible (SAF, por sus siglas en inglés), ¡que la aviación está demandando a gritos!
| En un país como Colombia, para que la transición energética sea viable y sostenible tiene que ir acompasada de una estrategia de transformación productiva que diversifique la economía. Esta transformación debe empezar por el propio sector minero – energético, diversificándose. |
* Amylkar Acosta. Medina, Ex ministro de Minas y Energía.
Miembro de Número de la ACCE. www.amylkaracosta.net
[1] El Espectador. Octubre, 5 de 2022
[2] El Tiempo. Octubre 11 de 2022
[3] Amylkar D. Acosta M. La crisis energética global. Abril, 30 de 2022
