En esta edición, es imposible mantenernos ajenos a lo que está ocurriendo en el sector energético de Colombia, pues como decía nuestro articulista y eminente maestro, el Ing. Renato Céspedes (q.e.p.d.) ´la energía es el desarrollo de los pueblos´.
Pues hoy, ese desarrollo en Colombia, está pisando terrenos peligrosos que hace décadas había superado, cuando el sector se repuso de la crisis del ´apagón del 92´ y empezó a encaminarse dentro de los marcos regulatorios de las leyes, Eléctrica (142) y de Servicios Públicos (143) de 1994.
Hoy, estamos viendo un contraste entre la forma como nos ven desde afuera, lo que ocurre al interior de nuestro territorio y la realidad hacia dónde vamos. De la investigación de esta edición, me llama poderosamente la atención el más reciente informe de la Agencia Internacional de Energía. Según los autores del documento, dentro de los países de Latinoamérica, Colombia sería uno de los de mayor crecimiento en materia eléctrica, entre 2023 y 2025, por encima de Perú y Argentina, con un protagonismo de las energías renovables en su matriz energética, casi por encima del promedio de la misma región.
En contraste con lo anterior, los inversionistas están poniendo el ´freno de mano´ y considerando seriamente si, invertir sus capitales en proyectos eléctricos de Colombia, es lo más adecuado; esto, debido a los abruptos cambios que se han dado en los meses de gestión del gobierno de Gustavo Petro, los cuales no ofrecen suficientes garantías a estos actores. Por un lado, las grietas al interior del mismo gobierno, evidencian la falta de unidad en el lenguaje dentro de los eslabones ministeriales; no hay una coherencia entre la realidad de los análisis técnicos (sobre las capacidades y conveniencias para el país, basadas en los recursos energéticos) y los anuncios de la propia ministra Inés Vélez, muchas veces apresurados y carentes de argumentos, en escenarios nacionales y foráneos.
Por otro lado, medidas como el Decreto 0227 del 16 de febrero de 2023, que facultaba al Presidente Petro, inicialmente por tres meses, para asumir las funciones de las comisiones de regulación de servicios públicos, entre ellas la CREG, generan una gran incertidumbre de, hacia dónde va en país, por lo menos en lo referente a temas energéticos. Cabe aclarar que el 2 de marzo, el Consejo de Estado decretó medidas cautelares de urgencia, con las cuales suspendió provisionalmente los efectos jurídicos del mencionado Decreto, devolviéndole a la CREG sus facultades, hasta tanto dicho tribunal supremo resuelva de fondo una demanda de nulidad interpuesta por dos ciudadanos, quienes argumentan que el decreto se expidió irregularmente.
Hace un año, se vislumbraba un escenario más claro, basado en una transición energética más sólida, argumentada y enfocada. Hoy, esa claridad se ha ido nublando con los anuncios apresurados y por qué no decirlo, en tonos dictatoriales, sobre políticas de frenar la exploración de hidrocarburos, de no conceder nuevos contratos y hasta de pensar en importar gas de Venezuela. Esa postura caprichosa, en verdad pone en vilo, no solo la transición sino la estabilidad energética del país.
La Columna
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Colombia sigue consolidándose como líder en la venta de vehículos eléctricos en la región.
De acuerdo con el Índice de Consumo de Movilidad de EY a nivel global, el 52% de los encuestados que quieren comprar un vehículo están buscando adquirir uno eléctrico.
El cuidado del medioambiente es el principal motivo por el que buscan comprar un vehículo eléctrico.
El Grupo EPM en su compromiso con la movilidad sostenible y el desarrollo de tecnologías amigables con el ambiente, continúa implementando puntos de carga destinados a los vehículos eléctricos a nivel regional y nacional, con el propósito de contribuir a la adopción de esta tecnología por parte de la comunidad. La última fue el viernes 18 de noviembre en el municipio de La Pintada.
El agregador de la demanda es un participante registrado del mercado que acuerda con un grupo de consumidores vender servicios al mercado de energía, uno de los servicios más conocido se concreta a través de la respuesta de la demanda con reducciones voluntarias de consumos.
Desde mediados de los años setenta del siglo pasado, el proceso de cambio en las empresas ha alcanzado velocidades vertiginosas, debido a las demandas cada vez mayores de la sociedad. El crecimiento continuo de la automatización a todo nivel y las altas exigencias mencionadas demostraron que los periodos improductivos y las fallas tienen efectos cada vez más importantes en el desempeño empresarial.
La AIE dio a conocer el pasado mes de noviembre su más reciente informe titulado Carbón en transiciones netas cero: estrategias para un cambio rápido, seguro y centrado en las personas, en el cual señala que el mundo debe moverse rápidamente para reducir significativamente las emisiones de dióxido de carbono provenientes del carbón para evitar impactos severos del cambio climático.
El 20 de noviembre, en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), celebrada en Sharm El-Sheikh, Egipto, las Partes acordaron establecer un fondo histórico para pérdidas y daños como parte del Plan de Implementación de Sharm El-Sheikh sobre el cambio climático, después de la contemplación de las pérdidas y daños incluidos en la agenda por primera vez. El nuevo fondo hará que los donantes contribuyan a un fondo global para salvar vidas y medios de subsistencia de los desastres relacionados con el cambio climático.
En el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP27, en Egipto la Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, presentó la ‘Construcción de principios, metodología y lanzamiento del Diálogo Social para definir la Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa en Colombia’.
Las pruebas se llevarán a cabo en el Huila y en Casanare,
por un lapso de 18 meses.
