Acciones para mejorar servicio de energía en 10 municipios de Cundinamarca

• La superintendente, Natasha Avendaño, atendió el llamado de los alcaldes de la Provincia de Ubaté que reclaman por las interrupciones del servicio de energía a sus comunidades.
• Con el gerente de Enel – Codensa se definieron compromisos para mejorar la calidad y continuidad del servicio.
• Superservicios capacitará y explicará a los usuarios los mecanismos para defender sus derechos.

La Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño García, le confesó a Mundo Eléctrico que el proceso de Electricaribe ha sido, sin duda, la situación más complicada de resolver a la que se ha enfrentado en su vida. Para ella, esta ha sido una verdadera “prueba de resistencia” que después de dos años de trabajo desde el ente de control y vigilancia, ha podido ver la luz al final del túnel, con la adquisición del negocio por parte de los dos nuevos operadores AFINIA y AIRE.

En este informe especial, la Superintendente nos explica en detalle cómo recibió el proceso hace dos años, cuando se posesionó en el cargo, cómo se replanteó el esquema y qué se logró concretar el pasado 30 de septiembre. Además nos comenta, el otro gran desafío de este 2020, pues por cuenta de la pandemia, diversas empresas de servicios públicos domiciliarios del país, también han estado en el ojo del huracán y bajo la lupa de la Superservicios.

Mundo Eléctrico ¿Cómo ha sido el proceso de intervención de Electricaribe y qué ocurrido a lo largo de estos dos años en torno al tema?
Natasha Avendaño García: Ese era tal vez el reto visible más grande de la Superintendencia, pero no el único, por tratarse de la empresa intervenida con mayor número de usuarios y la más grande, lo cual generaba un impacto enorme en materia de servicios públicos en el país.

Cuando me posesioné, el 4 de octubre de 2018, había un proceso en marcha de un esquema de solución que se había lanzado el 28 de septiembre de ese mismo año. En dicho esquema había unas condiciones de una venta del mercado completo, y la función de la SSPD era garantizar que se llevará a cabo adecuadamente.

Cuando se cerró la primera etapa de precalificación, la primera semana de noviembre de 2018, hubo solamente intención de participar en el proceso por parte de una empresa, pero sin ninguna garantía.

En ese momento, se hizo un alto en el camino, se evaluaron todas las variables, y el gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República, tomó la decisión de hacer varios cambios al proceso para saber cómo enfrentar y solucionar el reto de Electricaribe.

Una de las decisiones que tomé, con el respaldo del presidente Duque y de sus ministros, fue cambiar el agente especial de Electricaribe, el 16 de noviembre de 2018. Ahí arrancamos la nueva ruta. Dos semanas después, el Presidente anunció que se suspendía el proceso que estaba en curso de precalificar a la única empresa interesada; anunció una serie de decisiones que debían materializarse con el concurso del congreso, para el caso de los temas que necesitaban habilitación legal, los cuales fueron incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. De otra parte, se debían garantizar los recursos provenientes del Ministerio de Hacienda y tener en cuenta que el Estado iba a asumir unas deudas, para bajar una carga financiera al negocio, con el fin de poder segmentarlo en dos o tres para hacerlo viable, pero hasta en ese momento no teníamos claro cuál iba a ser la división.

Mundo Eléctrico entrevista vía Zoom a la Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño García

Empezamos a pensar cuál era la mejor ruta a seguir, la manera idónea de segmentar, y garantizar que esta solución sí iba a funcionar. Esto venía de la mano de la prestación del servicio.
Esta es la situación a resolver más difícil a la cual me he enfrentado en mi vida, pues nadie tiene idea lo que representaba Electricaribe. Allí, todos los días podía surgir un inconveniente; este proceso parecía una “prueba de resistencia”.

El propio presidente lo anunció recientemente en los actos protocolarios: Este era uno de los problemas más grandes que el país tenía por resolver, y se hizo enteramente en la gestión de este gobierno: se pensó, se materializó y se gestionó, con todas las garantías técnicas de que va a ser un proceso sostenible, con AFINIA y AIRE, dos operadores que tienen las ventajas de ser nacionales, contar con la capacidad financiera, y tener la experiencia en mercados importantes y complejos.

Pero, Electricaribe, no era el único tema que manejaba la Superintendencia. La entidad tiene otros 3.699 vigilados correspondientes a todos los servicios públicos que controla y vigila, los cuales requieren gestión permanente. Todos los usuarios son igual de importantes, y necesitan atención. Por eso el reto ha sido tan grande.

En este momento, son 9 las empresas que la superintendencia tiene intervenidas, de las cuales, contando con Electricaribe, ya son tres los esquemas de solución que hemos sacado adelante.

Mundo Eléctrico ¿Cuáles son las otras empresas que están intervenidas?
NAG: El Acueducto de Carmen de Bolívar, la Empresa de Servicios Públicos de Vélez Santander, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Quibdó, la Empresa de Acueducto y Elcantarillado de Flandes, Electrolima, la Empresa de Servicios Públicos de Villa del Rosario, Emcartago y la Empresa de Aseo de Cali.

Mundo Eléctrico: Hoy, aunque los usuarios de la costa pasen a ser atendidos por otras compañías, entendemos que Electricaribe seguirá intervenida. Aclárenos ese tema, por favor.
NAG: Electricaribe está intervenida con la modalidad de Administración temporal con fines liquidatorios. Teniendo en cuenta que los usuarios ya están siendo atendidos por otras empresas, estamos estructurando cuándo se va a llevar a cabo la liquidación, y mientras eso no se dé, no se puede levantar la toma de posesión.

Mundo Eléctrico: Dentro de los malos manejos de Electricaribe, han quedado casos dolorosos como el del señor William Dau, quien falleció en su casa tras un corte de energía que lo dejó sin respirador en plena pandemia. ¿Cómo avanza esa investigación?
NAG: En la Superintendencia requerimos a Electricaribe para que diera toda la explicación sobre este caso; la empresa nos respondió con todas las evidencias e información que tiene, no solo sobre este sino también sobre otros casos, para determinar si hay lugar a una investigación o no. Esto es independiente de todas las acciones de la fiscalía y demás. Si hubo una falla en la prestación del servicio o una responsabilidad por parte de la empresa, se abrirá la investigación, se deben respetar los tiempos procesales y dado el caso, se dará lugar a una sanción.

Mundo Eléctrico: ¿Qué le dice usted a los usuarios y al país sobre el control y vigilancia que ejercerá a AFINIA y AIRE para evitar que la costa atlántica se vea afectada como tradicionalmente ha sido en materia de servicio de energía?
NAG: Ese justamente fue uno de los temas ante los cuales, desde un comienzo, manifesté mi gran preocupación. Sin el ánimo de usar el espejo retrovisor, debemos aprender de las situaciones y analizar lo que nos llevó a vivir la situación actual.

Si miramos desde el interior de la Superintendencia, Electricaribe no tenía sanciones, al momento de tomar posesión, entendiéndose esta como la sanción más grave: es la materialización última de la obligación de garantizar la prestación del servicio, por parte del Estado, en cabeza del presidente de la República, a través de la Superintendencia.

Para el caso de Electricaribe, era muy complicado llegar a tomar posesión cuando no existían investigaciones y sanciones, y esa es una decisión muy difícil para un superintendente, pero ya era el último camino porque se habían agotado todos los pasos anteriores.

Desde el comienzo se determinó que las empresas que llegaran a prestar el servicio iban a tener un acompañamiento permanente de la superintendencia, porque ya no hay margen de maniobra para equivocarse. El problema de Electricaribe es tan grande y tiene tantas deficiencias en inversión e infraestructura, que por esa misma razón era tan importante revisar la capacidad operativa de las compañías que asumirían la prestar del servicio. Más allá de su capacidad financiera, era indispensable la capacidad operativa, el conocimiento en la operación de mercados de energía y especialmente en estas condiciones tan complejas.

Las 6 empresas que mostraron interés en el proceso, de antemano sabían cuáles eran condiciones que se debían cumplir, y que quien resultara seleccionada, tendría hasta 4 meses después de iniciar la operación, para suscribir el programa. Fue necesario desarrollar el programa de gestión más ambicioso que ha diseñado la superintendencia en sus 26 años de existencia, pues no se ha pasado ningún detalle por alto; se contemplaron no solamente los indicadores que señala la regulación, sino otros adicionales que para el caso particular de Electricaribe se debían tener en cuenta, pues eran aspectos que estaban muy deteriorados: el servicio al cliente, las PQRS, servicio social, en fin, una cantidad de frentes que estaban absolutamente desmejorados y en los cuales las nuevas compañías deben trabajar fuertemente para construir una nueva imagen.

Son más de 50 indicadores a los que se les hace seguimiento, unos de forma trimestral, otros anualmente, y la superintendencia está controlando y vigilando permanentemente, justamente para constatar que si en algo se está fallando, se pueden levantar las alertas a tiempo para corregir y mejorar, y no esperar a que pasen tres o cuatro años para darse cuenta que el proceso fracasó.

Con AIRE, el mismo día que firmó la recepción del negocio, el 30 de septiembre, suscribimos el acuerdo del programa de gestión. AFINIA por su parte está terminando los indicadores y esperamos que antes de finalizar este 2020 podamos suscribir el programa, pues el contrato determina que tiene cuatro meses para ese proceso.

El caso es tan importante y tan delicado que tiene un control y vigilancia un poco diferente y más especial que el de los otros vigilados, por su impacto social. Repito: ningún vigilado es más importante que otro, pero la historia de la mala prestación del servicio de Caribe ha sido tal que este es un tema donde no nos podemos dar el lujo de cometer errores ni dar espacio a equivocaciones. Entonces, vamos a hacer una vigilancia especial o más bien, un seguimiento al programa de gestión que garantiza que en esos aspectos particulares se va a hacer una vigilancia permanente de los indicadores y un acompañamiento constante.

Lo que AFINIA y AIRE recibieron es tan complejo, que tienen un gran trabajo por delante y queremos acompañarlos para que no se desvíen, pues no hay mucho margen de error. Los montos de inversión son muy grandes: 2,6 billones para AIRE y 3,2 billones para AFINIA, en cinco años, montos que Electricaribe nunca tuvo, pues sus inversiones ascendía a 200.000 millones de pesos al año, mientras que estas empresas deberán invertir entre 800.000 y un billón cada año.

Mundo Eléctrico: ¿Los usuarios cuándo van a empezar a ver reflejados los beneficios de esta transición?
NAG: Afortunadamente, dentro de los anuncios que hizo el Presidente de la República, se mencionaron medidas, no solo para el mediano y largo plazo sino para el corto plazo, con el fin de garantizar el servicio y recursos para inversión.

El gobierno puso recursos por 860.000 millones de pesos para financiar el primer año de inversión, los cuales habían sido aprobados por el CONPES. Todos esos recursos quedaron contratados al 30 de enero de este año. La empresa hizo un gran esfuerzo para contratar obras para los dos mercados por ese valor, presupuesto que se está ejecutando y ya se han recibido varios de esos contratos.

Por ejemplo, hay seis subestaciones que requieren un tiempo de entre 8 meses y un año para su realización; estas obras ya están en marcha. Esto le va a dar un poco de tranquilidad a las nuevas empresas que ya reciben estas obras con algún avance, pues llegan a operar y no tienen la angustia de contratar obras nuevas para el primer año de operación.

Contemplamos que el proceso se podía demorar un poco y era necesaria una etapa de transición después de la adjudicación, por lo cual, queríamos tener ciertas garantías en la prestación del servicio mientras se daba esa transición.

Con base en el cronograma, las últimas obras que se deben entregar, estarán listas para el primer trimestre de 2021, es decir, a mediados del próximo año, ya se pueden empezar a notar mejoras evidentes en el servicio.Los operadores están haciendo intervenciones en la red, permanentemente y poco a poco irá mejorando la calidad del servicio. Las dos empresas hicieron una apuesta muy grande, porque creen en el país y en el potencial de la región. Además, ambas tienen una vocación de servicio muy importante. Las dos están haciendo nuevas cosas y solucionando dificultades que surgen en el día a día, porque las deficiencias de una infraestructura a la cual no se le hicieron inversiones en diez años, se deterioró de una manera terrible. Es un gran reto para estas empresas.

En este proceso, uno de los grandes desafíos es recuperar la confianza del usuario. Si un usuario pone una queja, se le debe atender pronto, ir, revisar. En la medida en que ellos respondan a tiempo, el usuario se dará cuenta que el operador no solo tiene la voluntad sino el compromiso de cambiar.

Mundo Eléctrico: ¿La realidad es que esos 860.000 millones, los vamos a asumir los colombianos?
NAG: lo asume el Estado; con ese presupuesto de la Nación se va a pagar el pasivo pensional y el pasivo con el fondo empresarial. Esa es la única manera de poder sacar adelante este proceso.

Con el anterior esquema que se estaba planteando, al cual me referí inicialmente, si la única empresa interesada hubiera comprado a Electricaribe en esas condiciones, recibía una deuda de ocho billones de pesos mal contados, sin haberle invertido un peso a la red y con una perspectiva de hacer inversiones, en los próximo diez años, de otros ocho billones de pesos. Esa era una solución inviable para cualquier operador.

Por esta razón se tomaron las decisiones pues la obligación constitucional del Estado es garantizar la prestación del servicio.

En conclusión:
1. El pasivo pensional de largo plazo lo asume la Nación, el cual asciende aproximadamente 100.000 millones de pesos al año, que se incorporan en el presupuesto general, para garantizar el pago a los 3.000 pensionados de Electricaribe.
2. Las deudas causadas y en las que se iba a seguir incurriendo para garantizar la prestación del servicio de los usuarios de la Costa, con el fondo empresarial, también se las quitamos a los nuevos operadores.

Esa es la única manera de poder sacar adelante este proceso.

Mundo Eléctrico: ¿Explíquenos por favor el tema de que la cartera corriente y la cartera morosa de Electricaribe que fueron cedidas a las nuevas empresas?
NAG: Dentro del proceso de venta, la cartera es uno de los activos de la empresa y hace parte del total de la venta de la compañía. La cartera, simplemente es el cobro por un servicio ya prestado.

Las nuevas empresas tienen la obligación de gestionar esa cartera para ellas mismas, porque adquirieron una infraestructura asociada a unos activos, y una cartera derivada de la prestación del servicio.

Esas voces de la costa que se escuchaban diciendo muchas veces que Electricaribe se moría y que esto era “borrón y cuenta nueva”, no es cierto. No puede haber gratuidad de los servicios públicos, eso está prescrito por la ley y no se puede matar una deuda de un servicio público que ya se prestó. Los operadores pueden establecer acuerdos de pago, revisar cada caso, pero la cartera existe y debe ser cancelada.

Mundo Eléctrico: ¿Qué va a implicar esta transición para ofrecer un servicio de calidad y cómo se va a ver impactada la tarifa?
NAG: En el país, desde febrero de 2018, la CREG determinó una nueva metodología tarifaria con la Resolución 15, la cual establece el esquema de remuneración del componente de Distribución a todos los operadores de red del país. Casi todos los operadores de red ya obtuvieron los nuevos cargos, aprobados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Muchos de ellos, empezaron a aplicar esos nuevos cargos antes de la pandemia y otros se vieron obligados a suspender los aumentos que tenían programados a raíz de la emergencia sanitaria.

El objetivo de la resolución y el cambio que la Comisión le trató de dar a ese nuevo esquema fue priorizar dos cosas:

1. La mejora en los indicadores de la calidad en el servicio que se le presta a los usuarios, disminuyendo las interrupciones y la frecuencia de las mismas.
2. Disminuir las pérdidas de red para garantizar el uso eficiente de la energía, y evitar que esas pérdidas implicarán un sobrecosto para los usuarios.

En caso de Electricaribe, en virtud de uno de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo, se dio el permiso de generar una regulación transitoria tarifaria, esto, teniendo en cuenta que el operador o los operadores que se hicieran cargo de la empresa, estarían en desventaja con respecto a otros operadores de red.

Lo que hizo la resolución 10 de 2020, la cual reglamentó ese artículo del Plan, fue darle un arranque diferente a los nuevos operadores, distinto al de los otros operadores del país, esto con el fin de que al llegar a la resolución 15, la transición fuera más suave y se les castigará menos en los indicadores de calidad y pérdidas. Cada operador debe presentar la solicitud de cargos de distribución a la comisión para que la CREG los apruebe. Mientras esto sucede, seguirán cobrando lo que cobraba Electricaribe.

Electricaribe no manejó cargos de la resolución 15, nunca se le aprobaron ya que estaba destinada a desaparecer. Entonces, las dos nuevas empresas están cobrando con la resolución anterior, la 97 y por su lado cada una está haciendo la solicitud de cargos de distribución ante la CREG, bajo la nueva metodología. Aquí están contempladas las inversiones que AFINIA y AIRE deben hacer hacia el futuro, contra la mejora en los indicadores de calidad y pérdidas.

Es importante aclarar que la antigua resolución 97 que regía para todos los operadores de red, remuneraba las inversiones hechas, pero en el Caribe, como no se hacían inversiones, el cargo de distribución, en comparación con el resto de los operadores, era el más bajito del país.

Ahora, como va a haber inversiones, ese cargo se va a equiparar con las empresas del resto del país, pero los operadores, también tienen una alternativa regulatoria, que para ellos es prácticamente obligatoria. Se trata de la “Opción tarifaria”, un instrumento contemplado en la Resolución CREG 168 de 2008, el cual permite moderar incrementos abruptos en la tarifa mediante la acumulación de saldos que son pagados por el usuario con posterioridad a lo largo de un mayor período de tiempo. Los operadores van a hacer uso de este mecanismo.

Ambos operadores son conscientes que no se puede dar una subida impactante en la tarifa, especialmente hasta que no se empiecen a notar los cambios positivos en la prestación del servicio. Además, no es cierto que la gente en la Costa tenga malos hábitos de pago, como se argumentaba de forma errónea por Electricaribe. La gente paga cuando se le presta un servicio de calidad y eso se ve reflejado en el pago de los otros servicios públicos como agua y gas que funcionan correctamente en la región, donde hay tasas de recaudo de entre el 98 y el 100%.

Mundo Eléctrico: Este año ha traído otro gran reto con la pandemia. ¿Cuál es el balance del control y vigilancia que ha ejercido la entidad concretamente a las empresas del sector eléctrico?
NAG: Ha sido complejo porque los servicios públicos fueron los más afectados, en materia de quejas.

En energía, fundamentalmente, se mezclaron unas dinámicas que acentuaron las dificultades: Se juntaron por ejemplo los precios de bolsa de febrero (el más alto precio del KW registrado este año) con el inicio de la pandemia, y no era porque se hubiera subido la tarifa. El servicio que pagamos hoy es el que consumimos el mes pasado, no el de hoy, pero la gente no lo veía así. Además, cuando empezaron a llegar los recibos, después de que la gente llevaba un mes encerrada en sus casas, 24 horas, trabajando y estudiando, el consumo aumentó. Esto, sumado a otras decisiones no tan afortunadas como facturar por promedio, por razones de bioseguridad, fue complicado.

Los primeros tres meses de pandemia, desde la Superintendencia trabajamos más de lo habitual y llegó un momento en que no sabíamos si era sábado, domingo, si eran las 6 de la mañana, o las doce de la noche…

Permanentemente requeríamos a las empresas, ateníamos debates, requerimientos de la Procuraduría, avanzábamos en los procesos para que, determinar después de una investigación, si hubo incumplimiento por parte de los prestadores. En esas estamos.

Mundo Eléctrico: ¿Cómo está Colombia en materia de Control y Vigilancia, con respecto a otros países de América Latina?
NAG: La Superintendencia ha venido avanzando en fortalecerse, especialmente en sus capacidades de inspección y vigilancia. Tenemos 3.700 vigilados y debemos ser eficientes en la manera en que los vigilamos para poder ser efectivos. Cerca de 2.800 son pequeños prestadores, distribuidos en todo el país, especialmente en temas de acueducto, por lo cual, se requiere priorizar y encontrar, a través de métodos analíticos, a cuáles vigilados debemos “ponerles la lupa”. Por esta razón, en estos dos años nos hemos concentrado en la supervisión basada en riesgos, que nos permita ser mucho más efectivos, con analítica de datos.

En segundo lugar, es hora de darle una mirada a la ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se crea la SSPD. Si bien, ha sido catalogada como una de las mejores leyes con las que cuenta el país, nunca se ha tocado, y se quedó en lo que era el sector de servicios públicos hace 26 años. Al respecto, estamos trabajando, en conjunto con los ministerios, un proyecto de ley para mejorar las capacidades de la SSPD y ponerlas a tono con la realidad de los servicios públicos de la actualidad; eso es fundamental para fortalecer esa supervisión.

El tercer aspecto es que la SSPD estaba en mora de fortalecer su estructura y su planta de personal. En octubre de este año logramos los decretos de reestructuración y modernización que nos permiten tener algo mucho más robusto para estar más a tono con el sector vigilado.

En conclusión, hemos avanzado bastante. Lo que faltaría, sería poder tener ese proyecto de ley avanzando y convertirlo en ley de la república, para tener una supervisión y vigilancia completamente fortalecidas.

Por ahora vamos bien. Hemos hecho un ejercicio de estar mucho más presentes y quiero, para terminar, referirme a la misión que nos fijamos para estos cuatro años: nuestro trabajo es garantizar los derechos y deberes de usuarios y prestadores. Que los usuarios cumplan con sus deberes, que paguen los servicios, haciendo un uso adecuado de la infraestructura y que no se les vulneren sus derechos. Al mismo tiempo, que los prestadores cumplan con sus obligaciones pero que no se les sean vulnerados sus derechos. Una buena vigilancia y control se hace garantizando que haya un balance entre usuarios y prestadores de servicios.