Los episodios que ha tenido el país de racionamiento del servicio de energía, todos han tenido como causa – raíz el atraso en la ejecución de proyectos claves. La tapa fue el gran apagón, que significó el racionamiento del 15% del fluido eléctrico durante 14 meses entre 1992 y 1993, siendo el atraso del GUAVIO y Porce 2 el detonante del mismo.

Lo acaba de advertir XM, la empresa responsable de la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de administrar el Mercado de Energía Mayorista (MEM): “en dos años, si hay un fenómeno del Niño, HIDROITUANGO no entra, las renovables se siguen retrasando y la demanda crece por encima del escenario medio de la Unidad de Planeación Minero-energética (UPME), vamos a racionar. Desde ya lo decimos”.

 Y qué es lo que está pasando, ¿cuál es el peligro que nos acecha, que nos lleva a que el Sistema energético del país esté en alerta naranja?

 Como es bien sabido, el megaproyecto de HIDROITUANGO tiene un atraso de cuatro años para la entrada en operación de las 8 unidades, de 300 MW de potencia cada una, para completar los 2.400 MW, que representan el 17% de la capacidad instalada de generación. A 17 días de cumplirse el segundo plazo que le extendió la CREG a EPM para el arranque de las primeras turbinas, el Gerente de la empresa Jorge Andrés Carrillo oficializó la solicitud de un plazo mayor “para la entrada en operación…por el tiempo necesario para atender nuevos requerimientos fijados por las autoridades”. Es decir que sigue siendo incierto cuándo será ese cuando que se podrá contar con esta energía.

 De otra parte, como resultado de las tres subastas que han tenido lugar en las que se ofertaron otros 2.400 MW, aproximadamente, esta vez a partir de la generación de energía renovable por parte de 16 parques eólicos que se han de instalar en la Guajira. Pero, para la operación de estos proyectos y la inyección de la energía que se genere a la red de transmisión nacional, se requiere disponer de una Estación colectora, que se instalará en el Municipio de Uribia.

 Esta infraestructura debería estar lista este año para empezar a generar y transmitir la energía para atender la demanda del fluido eléctrico a nivel nacional. No obstante, la ejecución de los proyectos de la Colectora y la red de transporte de la energía hasta la Subestación de Cuestecitas tienen un atraso mayor, a tal punto que según el Presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB) Juan Ricardo Ortega, responsable de los mismos, “si se radica el estudio de impacto ambiental (EIA) ante la Autoridad de licencias ambientales (ANLA) el próximo año, la obra estaría lista en 2024”. Serían dos años de atraso y eso siempre y cuando se concluyan con éxito las consultas previas pendientes, que se han convertido en el nudo gordiano.  Así las cosas, mientras no se supere este impasse, la energía que llegue a generarse en los parques eólicos quedará atrapada en ellos, trocándose en parques de ventiladores.

 No hay que perder de vista que los episodios que ha tenido el país de racionamiento del servicio de energía, todos ellos, han tenido como causa – raíz el atraso en la ejecución de proyectos claves como lo son estos dos. Así ocurrió en 1976 por el atraso de CHIVOR y GUATAPÉ, en 1981 de CHIVOR 2 y San Carlos y la tapa fue el gran apagón, que significó el racionamiento del 15% del fluido eléctrico durante 14 meses entre 1992 y 1993, siendo el atraso del GUAVIO y Porce 2 el detonante del mismo. En todos los casos anteriores lo que precipitó el racionamiento fue el fenómeno del Niño, fenómeno extremo que se debe al cambio climático, que es recurrente, cada vez más frecuente, más intenso y duradero. A ello estamos expuestos nuevamente.

 Huelga decir que los proyectos de HIDROITUANGO en Antioquia y los parques eólicos en La Guajira, que sumados representan el 27% de la demanda de energía a nivel nacional, son complementarios y se respaldan mutuamente, de manera que la suerte del uno va unida a la del otro. Precisamente, la mayor importancia que tiene la integración y acoplamiento de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), particularmente la eólica y las solar – fotovoltaica, es la de robustecer, diversificar aún más y darle mayor resiliencia frente al Cambio climático a la matriz energética del país.

 Es urgente, entonces, superar los desencuentros entre las empresas desarrolladoras de los parques eólicos en La Guajira, que tiene en ellos, como lo he dicho y lo repito, una ventana de oportunidad. Hemos insistido en que el pueblo Wayü, cuyas comunidades están asentadas en el área de influencia de estos proyectos, que son sus territorios, declarados por la Ley como Resguardo indígena, debe ser el primer beneficiario de los mismos, empezando por el acceso a la energía, tal y como lo dispone el 7º de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Bien dice el antropólogo guajiro Weildler Guerra que “la experiencia adquirida nos muestra que nadie debería construir su paraíso con el infierno de los otros”.

 El camino para lograrlo está contemplado en el documento CONPES 4075 del 29 de marzo de este año, en el cual se trazan los lineamientos de la Política de Transición energética, el cual plantea que ello pasa por “el diálogo social para involucrar y proteger” a las comunidades. Ahora que la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez anunció un “diálogo social” para la elaboración de la nueva “Hoja de ruta de la Transición energética justa en Colombia”, será muy importante no apartarse de estos criterios.

* Amylkar Acosta. Medina, Ex ministro de Minas y Energía.
Miembro de Número de la ACCE. www.amylkaracosta.net

¡La energía más barata es aquella que no se consume gracias al uso racional y eficiente de la misma!

Mi mensaje es claro y contundente, son todos los agentes de la cadena los que deben contribuir a lograr una mayor rebaja de las tarifas, ¡que todos pongan y no sólo los generadores y comercializadores!

Si no queremos una Transición caótica, ni el Gobierno ni las empresas desarrolladoras de los proyectos en los territorios deben perder de vista que, como lo recalca el Banco Mundial, ni los parques eólicos ni las granjas solares “existen en un vacío social. Como creaciones humanas, no pueden separarse de los entornos sociales y culturales en los que se diseñan, construyen y operan”.

La Transición energética, desde las energías de origen fósil, altamente contaminantes, hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), se debe implementar de manera inteligente y responsable, sin prisa que pueda poner en riesgo, como ha sucedido en Europa, la seguridad energética del país, pero, eso sí, sin pausa.

Como lo ha dicho el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz, se requiere “una Transición tranquila y eficiente”, a riesgo de enfrentar “una transición caótica” y, añadiría yo, traumática. A este respecto bien vale la pena traer a colación el sabio consejo del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva: “mientras no tengas energías alternativas, seguirás usando la energía que tienes”. Eso sí procurando mitigar su impacto medioambiental.
Es el caso de la estatal ECOPETROL, que ha hecho un gran esfuerzo para reducir el contenido de azufre en los combustibles, que en un momento dado llegó al extremo de contener hasta 1.200 partes por millón de contenido de azufre y hoy en día ronda las 50 partes por millón. Adicionalmente, se ha dado su propia ruta de Transición energética, con su estrategia Energía que transforma, que abarca todos los eslabones de la cadena de los hidrocarburos que extrae, refina y transporta, tendiente a alcanzar la neutralidad de carbono hacia el 2050 y ha dado pasos conducentes a ello, destacándose la instalación de 112.5 MW de potencia a partir de FNCER para generar la energía que demandan la operación varios de sus campos petroleros.
En la misma dirección y con los mismos propósitos, desde el 2005, gracias a mi Ley 693 de 2001, es obligatoria la mezcla de los biocombustibles en Colombia, a través de la cual se reducen anualmente en 2.5 millones de toneladas las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y 130 toneladas de material particulado, causados por la combustión de los motores. Ello se explica porque con dicha mezcla, al oxigenarlo, mejora ostensiblemente la calidad de los combustibles que se consumen en el país, contribuyendo de paso a la seguridad energética, a la ampliación de la frontera agrícola y a la generación de empleo formal e ingreso en el campo.
Si no queremos una Transición caótica, ni el Gobierno ni las empresas desarrolladoras de los proyectos en los territorios deben perder de vista que, como lo recalca el Banco Mundial, ni los parques eólicos ni las granjas solares “existen en un vacío social. Como creaciones humanas, no pueden separarse de los entornos sociales y culturales en los que se diseñan, construyen y operan”. Por ello es que yo insisto tanto en la importancia de la Licencia social, que no es otra cosa distinta que el consentimiento informado, por parte de las comunidades asentadas en el área de influencia de dichos proyectos; ello pasa por “el diálogo social para involucrarlas y protegerlas”, como lo plantea el Documento CONPES 4075 del 29 de marzo de este año, en el cual se trazan los lineamientos de la Política de Transición energética, ya que deben ser las primeras beneficiarias de las mismas, pues resulta inaceptable ¡que haya luz en la calle y obscuridad en la casa!
Una Transición energética que no sea justa, incluyente, solidaria, que los beneficios de quienes ganan con ella no se de a expensas de quienes pierden, que deben ser compensados y que contribuya a la cohesión social, no es sostenible ni sustentable. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Conferencia del 2013 expidió una Resolución reivindicando la transición justa, la cual fue ratificada en su Consejo de gobierno en 2015. Posteriormente la Agencia Internacional de la Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés) y la OIT firmaron un Acuerdo en octubre de 2021 comprometiéndose en promoverla. La Declaración conjunta que firmaron en octubre pasado la OIT y la Agencia Internacional de las Energías Renovables IRENA, es elocuente: “un progreso que no sea justo e inclusivo no es sostenible. No se puede lograr una economía verde sin crear oportunidades para todos, asegurando que todos los grupos de la sociedad tengan acceso a empleos decentes y bien remunerados” ¡Así de claro!
Pero, indudablemente, el mayor espaldarazo a la Transición energética justa se la dio la COP26, que tuvo lugar en Glasgow (Escocia) en noviembre pasado. En el marco de la misma, más de 30 países, incluyendo entre ellos a los principales productores de petróleo y carbón, suscribieron una Declaración en la que se comprometieron a implementar estrategias que respalden a los trabajadores, a las empresas y a las comunidades en el curso de la Transición hacia economías verdes. En ella se hace hincapié en la perentoria necesidad de garantizar “que nadie se quede atrás en la transición, en particular aquellos que trabajan en sectores, ciudades y regiones que dependen de industrias y producciones intensivas en carbono”. En suma, deben primar los principios de la equidad, la solidaridad, la inclusión y la cohesión social.
La OIT ha reiterado que “una Transición energética justa es urgente, indispensable y posible” y que “hay evidencias claras de que habrá más ganancias que pérdidas, para la economía y para las personas” y este no debe ser un juego de suma cero donde unos ganan lo que otros pierden. Al fin y al cabo, la Transición energética debe ir de la mano con el cumplimiento de los 17 objetivos del desarrollo sostenible (ODS), especialmente el 7º que prevé el acceso universal a la energía limpia.

*Amylkar Acosta Medina.
Ex ministro de Minas y Energía.
Miembro de Número de la ACCE.
www.amylkaracosta.net

Moraleja: ¡la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento en que se requiere!

El mundo no volverá a ser el mismo después de la pandemia del COVID 19 y de la repudiable y repudiada invasión rusa a Ucrania. Entre tanto la lucha contra el cambio climático no debe dar tregua y la Transición energética desde las energías de origen fósil hacia las renovables no tendrá reversa.

La Globalización
El visionario gurú de la tecnología, el canadiense Herbert Marshall McLuhan, con su concepto de la Aldea global se adelantó al de la globalización, en el que todos los países están interconectados y son interdependientes unos de otros, aunque no todos tienen el mismo peso específico, el cual está determinado por el tamaño y solidez de sus economías, así como por la magnitud de sus recursos naturales, renovables y no renovables, amén del poder y la influencia política ejercida en el ámbito mundial.
Esa compleja red de interacción entre los países a la que da lugar la globalización explica el efecto mariposa al cual aludió Leonard Smith en su obra Caos: una breve introducción, dando lugar al proverbio chino según el cual el aleteo de una mariposa en un lugar remoto puede producir una tormenta al otro extremo del mundo. Otra forma de ejemplificar esta metáfora es observando de qué modo si se lanza una piedra al centro de un estanco de agua, se forman ondas concéntricas cuyos radios aumentan con el tiempo. De allí que las crisis en la era de la globalización se propagan, de manera sincronizada, a través de los vasos comunicantes del comercio y los flujos financieros.
Las consideraciones anteriores nos permiten poner en contexto la crisis energética global, que se originó en la Unión Europea, con epicentro inicial en España, extendiéndose primero a los demás países del viejo continente y posteriormente al resto del mundo. Este no se había terminado de reponer de la gran crisis económica provocada por la pandemia del COVID 19, cuando apenas los medios daban cuenta de los primeros retoños verdes de la recuperación y la reactivación de la economía, se puso de manifiesto el desbalance entre la oferta y la demanda de los energéticos.

La Espiral Alcista De Los Precios
A consecuencia de la recesión económica global del 2020 se contrajo la demanda por petróleo, carbón, gas y electricidad, afectando las inversiones y la actividad del sector minero-energético. Cuando se revierte dicha tendencia y la demanda repunta, lo hace a un ritmo mayor que la oferta, que tarda en reaccionar, provocando una espiral alcista de los precios. A ello se vino a sumar el hecho de que, pese a los avances de la Transición energética mediante la expansión de la capacidad de generación de energías renovables, la misma resultó insuficiente para satisfacer la demanda. En España particularmente se dispararon los precios y las tarifas de electricidad, alcanzando los 306.33 euros (US $345) el KWH, incrementándose el 421.86% con respecto al precio de un año atrás, el más alto registrado en toda la serie histórica.
Y no era para menos, dado que los precios del petróleo, del carbón y del gas tuvieron alzas inusitadas. El petróleo que se cotizó a un precio de US $55.49 el barril en febrero de 2020 subió hasta los US $61.04 en febrero de 2021 y US $90.87 en febrero de 2022. El carbón que se transó por debajo de los US $40 la tonelada en febrero de 2020, su precio escaló hasta los US $173.4 en septiembre de 2021. Por su parte el precio del gas natural se trepó desde los USW $3 el millón de BTU hasta los US $5.35 en febrero de 2022.

El Efecto Ucrania
La execrable invasión a Ucrania por parte de Rusia desencadenó una reacción por parte de los países que integran la OTAN, encabezada por EEUU, la cual acordó tomar sanciones drásticas en su contra, empezando por el embargo petrolero que le decretó el Presidente Biden. Vale decir que esta es la primera vez que se plantea un embargo de parte de los consumidores hacia un productor de petróleo, contrario a lo que sucedió en 1973, a raíz de la guerra del Yon Kipur, cuando fueron los países árabes productores del oro negro los que se lo impusieron a los consumidores aliados de Israel.
Como es bien sabido Rusia es el primer productor mundial de gas natural, el segundo de carbón y el tercero de crudo y es, además, productor del 16% de gas natural, del 8% de petróleo y del 5% del carbón que consume el mundo. De hecho, sumadas las exportaciones rusas de carbón, gas y petróleo representan el 55% del total de sus exportaciones.

 En el caso particular del Reino Unido y de la Unión Europea, Rusia es el proveedor del 47% del gas natural, del 20% del carbón y del 27% del petróleo que consumen. Por ello, es más fácil para los EEUU dejar de importarlos que para ellos, toda vez que, gracias a la revolución del fracking, logró convertirse en lo que llamó el ex presidente Obama la Arabia Saudita del gas natural y en el primer productor mundial de petróleo. Por lo demás, EEUU supera a Rusia como productor de carbón suministrando el 6% del que se consume en el mundo.
Este nuevo escenario de los energéticos ha exacerbado la crisis que venía gestándose, porque a la escalada alcista que traían sus precios, alcanzando máximos históricos, se vino a sumar la incertidumbre de su aprovisionamiento, poniendo en riesgo la soberanía energética y de paso a la seguridad nacional, ahora en grave predicamento. En efecto, mientras que el precio del petróleo alcanzó en marzo de este año los US $118 el barril, que no se veía desde el año 2014, el del carbón superó los US $400 la tonelada para el mismo mes y el gas natural alcanzó un máximo de US $7.34 el millón de BTU.
Y es en estas circunstancias en las que, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), se avizora “la mayor crisis de oferta en décadas”, la UE y Gran Bretaña se ven compelidos a volver a encender las plantas de generación de energía térmica a carbón y gas que ya habían apagado para ser reemplazadas por fuentes no convencionales de energía renovables (FNCER), las cuales han resultado insuficientes para satisfacer la creciente demanda de energía. Ello ha significado un serio revés para la marcha de la Transición energética, en medio de una fragmentación y compartimentación de la globalización, la cual se ha visto intempestivamente reconfigurada. Concomitantemente, la atascada reactivación económica se ve seriamente comprometida, amenazada además por un fenómeno que no se daba desde la crisis de 1973, la estanflación.

La Transición Y La Seguridad Energética
El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, reaccionó advirtiendo que “el mundo avanza con los ojos cerrados hacia la catástrofe climática…esto es una locura. La adicción a los combustibles fósiles es una destrucción mutua asegurada…las medidas a corto plazo podrían crear una dependencia de los combustibles fósiles a largo plazo y cerrar la ventana a los 1.5 grados Celsius”, el “objetivo general” de la cumbre climática de Glasgow (COP26) considerados como el umbral a partir del cual el Cambio climático podría llegar al punto de no retorno.
Según el profesor de la Universidad Javeriana en áreas de Cambio climático y energía Camilo Prieto, de no contarse con el suministro de gas “sin duda sin este energético los países tendrán que trasladarse a fuentes fósiles como el carbón, lo que hará imposible cumplir las metas del pacto de Glasgow para el clima. El conflicto de Ucrania no es sólo una tragedia humana, sino un potenciador de la crisis ambiental global”, otra tragedia (¡!).
El testimonio de Svitlana krakovska, científica del clima, ucraniana e integrante del Grupo Intergubernamental de expertos sobre el Cambio climático de las Naciones Unidas, es patético: “empecé a pensar sobre los paralelos entre el cambio climático y esta guerra y me quedó claro que la raíz de estas dos amenazas a la humanidad se encuentra en los combustibles fósiles…la quema de petróleo, gas y carbón causan el calentamiento…Rusia, por su parte, vende estos recursos y utiliza el dinero para adquirir armas. Otros países dependen de esos combustibles fósiles y no se liberan de ellos. Estamos en una guerra por los combustibles fósiles. Es evidente que no podemos seguir viviendo así, pues terminaremos por destruir nuestra civilización”.
De allí que, como lo plantea Leah Stokes, politóloga canadiense y experta en política medioambiental de la Universidad de California, “esta guerra es el motivo por el que necesitamos dejar de depender de los combustibles fósiles…descubrimos que, en la mayoría de los casos, las políticas que promueven las energías limpias se aprobaron durante crisis energéticas”. Esto fue lo que sucedió a raíz de la crisis energética de 1973, gracias a la cual se incorporó el gas natural a la matriz energética y el carbón, que había sido desplazado por el petróleo, recobró su importancia y empezó a vivir su segunda juventud.
Así las cosas, aunque por fuerza de las circunstancias, Europa, especialmente, ha dado un paso atrás en su política de Transición energética, poniéndola en pausa, en la perspectiva de mediano y largo plazo, esta es la única opción no sólo para enfrentar los desafíos que plantea el cambio climático sino en aras de reivindicar la soberanía energética y la seguridad nacional. Como afirma el redactor sénior en Tecnología del diario El Espectador Santiago La Rotta, “este doble ritmo entre el ahora y el futuro responde no sólo a la necesidad de poder seguir ofreciendo medios para que la gente prenda las luces esta noche o se caliente el próximo invierno, sino que lo puede hacer sin tener que entregar un riñón”.
A juicio de la firma de financiamiento de iniciativas sostenibles Generation Investment Managemen, de la cual hace parte el ex vicepresidente de EEUU y líder ambiental Al Gore, “esta guerra provee más evidencia de por qué no hay tiempo para perder en hacer la Transición de combustibles fósiles hacia un futuro más limpio”. Razón potísima para augurar que lejos de significar un retroceso para la Transición energética, la crisis actual y los cambios en la geopolítica terminarán por catapultarla.
De ello se sigue que el aplanamiento de la curva de demanda por petróleo que, según la AIE, se daría a partir del 2030, se va a anticipar, lo cual repercutirá también en la tendencia de los precios del crudo hoy al alza, revirtiéndose y descolgándose su cotización. De modo que los precios exorbitantes del petróleo y el carbón que se registran en la actual coyuntura, muy pronto serán la pesadilla del pasado.
En conclusión, el mundo se encamina hacia una nueva normalidad y hacia un nuevo orden económico mundial signado por el conflicto, cuyas consecuencias se pueden prolongar en el tiempo. El mundo no volverá a ser el mismo después de la pandemia del COVID 19 y de la repudiable y repudiada invasión rusa a Ucrania. Entre tanto la lucha contra el cambio climático no debe dar tregua y la Transición energética desde las energías de origen fósil hacia las renovables no tendrá reversa.

*Amylkar Acosta Medina.
Ex ministro de Minas y Energía.
Miembro de Número de la ACCE.
www.amylkaracosta.net

Amylkar D. Acosta M

El día 6 de febrero el Gobierno Nacional radicó el Proyecto de ley 227 -  19 Senado de la República y 311 - 19 de Cámara de Representantes del Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022). En el artículo 179 del mismo se modifica el numeral 99.6 del artículo 99 de la Ley 142 de de 1994, excluyendo al estrato 3 del beneficio del subsidio en la tarifa de la energía.

Esta medida estaba cantada desde el trámite de la reforma tributaria que disfrazaron de Ley de financiamiento, que terminó siendo una Ley de desfinanciamiento, por cuenta de las nuevas gabelas impositivas decretadas en favor de las empresas. Este es el segundo coletazo de la Ley de financiamiento, después del anuncio por parte del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla de la venta de otro 8.9% de las acciones de la Nación en ECOPETROL para intentar sortear las aulagas fiscales que lo atormentan y exasperan. El Ministro Carrasquilla ya había puesto la pica en Flandes, al declarar que “Colombia tiene una política en materia de subsidios diseñado para un país que no tiene los niveles de ingresos y estándares de calidad de vida que tiene Colombia hoy en día” y que por lo tanto había llegado la hora de revisarlos.

Siempre se dijo por parte del Ministro Carrasquilla que si no se alcanzaban a recaudar los $14 billones a los que aspiraba con dicha Ley el afectado sería el gasto y la inversión social y se manifestó reiteradamente la intención de desmontar los subsidios a los servicios públicos, empezando por el de energía. Y, como es bien sabido, después de la peluqueada de la propuesta original del Ministro Carrasquilla, con el texto aprobado a duras penas se espera recaudar por esta vía $7.3 billones. Dicho y hecho, con el desmonte del subsidio en la tarifa de energía que se propone se estaría dando el primer paso en esa dirección.

Se trata de Robin Hood al revés, se sacrifica a la clase media quitándole el subsidio en la tarifa de energía, lo que se traducirá en un alza en la tarifa del 17%, aproximadamente, del costo unitario (CU) y en un incremento de su factura por la prestación del servicio de energía ($12.450/mes y $150.000/año, aproximadamente), para compensar los ingresos que se dejarán de recaudar por parte de la Nación a consecuencia del cúmulo de las subvenciones, vía exenciones  y descuentos tributarios, que se le dispensaron en la reforma de marras a las empresas y a los empresarios, que superan los $10 billones.

Esta propuesta va a contrapelo del “Pacto por la equidad” que se plantea como eje fundamental del Plan de Desarrollo 2018-2022 y de la Constituyente de 1991 que quiso hacer de “los subsidios instrumentos para alcanzar los objetivos de equidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios”. La misma que, además, estableció como premisa fundamental de los subsidios “dar prioridad a las obligaciones sociales del Estado en la Planeación y en el presupuesto”.

Según la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (ASOCODIS), al corte de diciembre 31 del año anterior seguían sin apropiarse en el Presupuesto recursos del orden de los $591.000 millones para los subsidios de consumo de energía (¡!). Ello contraviene lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 1430 de 2010, que a la letra dice: “el Gobierno Nacional apropiará en el PGN anualmente los recursos presupuestales necesarios en su totalidad para pagar de forma oportuna y en primer orden los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 para los usuarios de energía eléctrica”.

De allí la misiva que le cursaran los gremios de los sectores de energía y gas natural dirigida al Presidente Iván Duque, poniéndole de presente las “dificultades para operar y cumplir de manera adecuada la prestación del servicio” debido al impago de los subsidios, poniendo en riesgo la estabilidad financiera de las empresas y atentando de paso con el cumplimiento de lo prescrito en la Ley, en el sentido que los servicios se deben prestar garantizando su continuidad, calidad, eficiencia, neutralidad, solidaridad y equidad.

Lo antipático es que a la hora de los sacrificios, dada la gran inflexibilidad del Presupuesto, siempre recaigan sobre los más vulnerables, en este caso sobre una clase media que apenas está saliendo de la pobreza y que con medidas como esta pueden volver a engrosar la legión de pobres. Y, a propósito de los subsidios en la tarifa de energía, el 40% tiene como población objetivo a usuarios de la región Caribe, que tiene como operador a ELECTRICARIBE, debido a que el 80% de sus usuarios corresponden a los estratos 1, 2 y 3. Por ello mismo ellos serán los más afectados por este incremento exagerado en la tarifa que se derivará de la eliminación de este subsidio, el que a su vez redundará en deterioro mayor de la ya la abultada cartera de ELECTRICARIBE, que todavía sigue sin reintegrar $216.000 millones, aproximadamente, de los subsidios que, según la Contraloría General de la República, le fueron girados por el FSSRI y nunca se aplicaron a sus destinatarios que son los usuarios de más escasos recursos. Cada día qué pasa sin que se le transfieran esos recursos a sus beneficiarios se les están conculcando sus derechos a estos.

Amylkar Acosta Medina, Ex ministro de Minas y Energía. Miembro de

Número de la ACCE. www.amylkaracosta.net