El pasado mes de abril se cumplieron 20 años de la expedición del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, a través del cual el Ministerio de Minas y Energía fijó las condiciones técnicas para garantizar la seguridad en los procesos de Generación, Transmisión, Distribución y uso final de la energía eléctrica en la República de Colombia.
Y tal como lo mencionamos en la Presentación del RETIE 2024, editado recientemente por Orvisa Comunicaciones: la energía, sin duda se traduce en el progreso de los pueblos, y tan vital como la energía es su regulación para un manejo adecuado y responsable, por ello, la importancia que cobra el reglamento es cada vez mayor.
A lo largo de estos veinte años, el documento se ha ido afinando con ajustes, adiciones y modificaciones hasta lograr la presente versión 2024, vigente a partir del 2 de abril de este año a través de la Resolución 40117. Esta nueva versión ha madurado y hoy se presenta con una estructura de cuatro libros, reflejando una mayor consistencia y organización, para estar a la altura de las exigencias en seguridad eléctrica del país:
Esta edición está dedicada justamente a evaluar los ajustes y novedades que ofrece el RETIE 2024, los principales Tips que se deben tener en cuenta para su aplicación, y su impacto en los diversos sectores, pues recordemos que el reglamento aplica para todos los niveles: residencial, empresarial, industrial, comercial. Igualmente, desde los artículos técnicos se mencionan temas que aún quedan pendientes por abordar o mejorar en futuras versiones y actualizaciones.
De tal importancia es este reglamento, que, tras estos 20 años, la versión 2024 ha sido trabajada con el mayor esmero (así como se hizo en la versión 2013) por la revista Mundo Eléctrico y Orvisa Comunicaciones, para poner a disposición del país esta edición de lujo en formato impreso de la mayor calidad. El propósito es brindar un documento que sirva de herramienta fundamental de consulta para todas las personas naturales y jurídicas que lo requieran.
En esta edición especial sobre Transición Energética mencionamos aspectos cruciales que nos permiten contextualizar el pasado, presente y futuro de esta política que se ha convertido en bandera mundial y nacional. A través de ella tanto el Planeta como nuestro país asegurarán su funcionamiento, basado en el uso de combustible limpios, avanzando hacia una descarbonización, en pro de la mitigación del cambio climático ocasionado por las emisiones de GEI.
Como lo menciona nuestro columnista Amylkar Acosta Medina, es de destacar que este 2024 se cumplen 30 años de la sanción de las leyes 142 y 143 de 1994, la de Servicios Públicos y la Ley Eléctrica, respectivamente. Además, hace ya 10 años entró en vigencia de la Ley 1715 de 2014, por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional; este mandato se promulgó un año antes de la aprobación de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS (iniciativa de Colombia acogida por las Naciones Unidas), y de la firma del Acuerdo de París, establecido en la COP21 de 2015, a través del cual se busca la descarbonización de la economía en todos los países del mundo.
Estos antecedentes llevaron a Colombia a comprometerse en la reducción de sus emisiones de GEI en un 51% hacia el año 2030 y a considerar la meta de alcanzar la carbono-neutralidad en el 2050. Por ello se planteó la Transición energética como una de las estrategias para lograr estos objetivos. Es decir, cuando en el mundo se comenzó a hablar con seriedad de esta nueva transición energética basada en fuentes no convencionales, nuestro país ya había abonado cierto terreno y no llegó tan en frío a asumir el tema y los compromisos propuestos.
A partir de la sanción de la ley 1715 en mayo de 2014 y hasta el año 2022, Colombia le puso el acelerador al tema de la transición energética. Sin embargo, este impulso se ha venido ralentizando en los dos últimos años por la evidente improvisación de las autoridades del sector, en cabeza del Gobierno Nacional y el Ministerio de Minas y Energía. Esto se ha traducido en el retraso de los proyectos, la celebración de subastas poco acertadas, el retiro de inversionista y actores fundamentales, y la pérdida de vigor técnico de una CREG cada vez más cuestionada por la ausencia de expertos comisionados nombrados en propiedad.
A pesar de estos vacíos y sinsabores, sorprende gratamente el reciente Informe del Foro Económico Mundial sobre el Índice de Transición Energética (ETI), el cual evalúa el desempeño actual de 120 países en materia de sistemas energéticos, donde ubica a Colombia como el quinto país más favorable en la región, después de Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay, y en el puesto 35 a nivel mundial, con una calificación de 60,7.
El documento titulado Fostering Effective Energy Transition 2024, dado a conocer el pasado mes de junio, concluye que la transición energética está avanzando, aunque ha perdido impulso ante la creciente incertidumbre mundial. De 120 países considerados, 107 han mostrado avances en la última década, y 30 han visto aumentar sus puntuaciones en más del 10%, destacándose en este grupo China y Brasil.
Lo anterior es un indicador muy importante para volver a alertar a las autoridades energéticas de Colombia en que no es momento de bajar la guardia; por el contrario, es hora de tomar un nuevo aliento y seguir adelante, con mayor ímpetu para volver a retomar el ritmo de una transición energética que se venía manejando hasta antes del 20 de julio de 2022.
Se debe aprovechar el buen momento que atraviesa COLECTORA, el proyecto más importante de transmisión que tiene el país actualmente, denominado la “punta de lanza” de la transición energética. El reciente otorgamiento de la licencia ambiental para la construcción de su segundo y definitivo tramo Custecitas – Colectora garantizaría la conexión de 1.050 megavatios al SIN, provenientes de 7 parques eólicos de La Guajira, que energizarían al resto del país a partir de 2026.
En conclusión, nuevamente hay que apostarle y meterle el acelerador a la Transición Energética. En manos del Gobierno nacional y del Ministerio de Minas y Energía está la gran responsabilidad de volver a procurar las condiciones para atraer a los inversionistas, organizar subastas atractivas, garantizar las reglas de juego, destrabar los proyectos minimizando la tramitomanía, y devolverle a la CREG su prestigio, respetando su tecnicismo con el nombramiento de expertos en propiedad.
Sólo así, en verdad será posible la tan pregonada transición energética “justa”, liberándola de ser una martillada consigna “de papel” del gobierno de turno, y materializándola en una política “efectiva”.
Para esta edición de Mundo Eléctrico, la cual ya se ha vuelto tradicional anualmente sobre las Energías Renovables, varias son las reflexiones que nos deja la investigación y el contenido editorial que publicamos en esta oportunidad.
Definitivamente, la primera gran conclusión es que efectivamente el futuro energético, tanto de Colombia como del mundo, está en las energías renovables, es innegable, siempre y cuando haya garantías.
El compromiso es mitigar los efectos del cambio climático que cada día se hacen más evidentes y se testimonian en el rigor de los desastres ocasionados por los fenómenos naturales. Estamos frente a un Planeta cada vez más ardiente, donde las temperaturas tienden a aumentar, tornados, tsunamis, ciclones, inundaciones, avalanchas, terremotos, migración de especies, sequías incontrolables, etc., los hechos hablan por sí solos. Este panorama con tendencia a acentuarse en las próximas décadas y siglos, es el que ha llevado a las naciones del globo terráqueo a plantearse soluciones “en serio y en serie” para tratar de amainar en algo una realidad sin reversa.
Casi todo lo que hace que el mundo se mueva, está relacionado con la energía y en ese abanico de posibilidades y soluciones, las energías renovables serán las grandes protagonistas; los ojos del mundo centran una mirada esperanzadora en las fuentes renovables, en las no convencionales, aquellas que no contaminan o que lo hacen en un porcentaje muy reducido, permitiendo que el Planeta siga funcionando bajo el concepto de la carbononeutralidad.
En este contexto, los cinco continentes, unos con mayor énfasis que otros, están comenzando a atender las necesidades de las poblaciones, con base en este tipo de energías y empezando a desplazar el uso de los combustibles fósiles tradicionales que durante décadas han llevado a la humanidad a un contraste: por un lado, a avances tecnológicos inusitados, y por el otro, a la destrucción de nuestro hogar natural, el Planeta Tierra.
Paradójicamente, durante la preparación de esta edición de Energías Renovables, nuestra amada Colombia, así como muchos otros países del Mundo, no se ha escapado a los inclementes efectos del cambio climático. A nuestra tierra la abruma una temporada seca que se ha extendido por más de 6 meses, llevando a estados históricamente críticos los embalses, tanto los de consumo humano como los de generación eléctrica, ocasionando ya racionamientos de agua, sin descartar un posible racionamiento de energía.
Paralelamente, naciones como Brasil, afrontan en este momento inundaciones inusitadas en poblaciones como Porto Alegre, donde, al momento del cierre de esta edición, se registran más de 100 víctimas mortales a causa de las violentas lluvias. Igualmente, en Michigan, Estados Unidos, se acaba de declarar estado de emergencia por los efectos de tres tornados que destruyeron viviendas y de paso quebraron en segundos varios árboles como si fueran figuras de cartón.
Volviendo al caso puntual de Colombia, la crisis del año 92 que generó un racionamiento a nivel nacional, ocasionado en gran parte por el pésimo manejo gubernamental e institucional del sector eléctrico, e intensificado por un Fenómeno del Niño (hasta ese momento el más crítico en la historia del país), llevaron al sector eléctrico al límite; se tocó fondo y por esa razón “sí o sí” fue necesario replantear las reglas de juego, obligando a descentralizar los negocios de la generación, transmisión distribución y comercialización de energía, para apuntarle a un país menos hidrodependiente en lo energético, donde las cosas empezarán a funcionar de forma más organizada, democrática, en beneficio de toda la población colombiana.
Este 2024 se cumplen ya 30 años de la sanción de las leyes Eléctrica (143) y de Servicios Públicos Domiciliarios (142) de 1994, estos marcos regulatorios, que con todo y las dificultades o errores que hayan podido presentar a lo largo de tres décadas, sí han dado frutos muy positivos y han permitido que más del 80% de la población del territorio colombiano disfrute de un servicio de energía eléctrica.
El Gobierno nacional, a través de la cartera de Minas y Energía, debería estar enfocado en revisar e implementar soluciones de fondo para mejorar el servicio, en procurar tarifas de energía más justas, concentrado en atender a ese porcentaje desatendido, especialmente de las ZNI, y en actualizar el marco regulatorio vigente, haciéndolo más acorde a la realidad… no destruyendo sino mejorando, todo esto dentro del contexto de la transición energética.
Sin embargo, estos frutos hoy se están destruyendo y se quieren desconocer por parte del Ejecutivo, dejando al descubierto un panorama no muy esperanzador. En los casi dos años de gestión del gobierno de turno y del Ministerio de Minas y Energía, han sido evidentes el estancamiento y el retroceso del sector y por ende del país. Recordemos que la energía es el desarrollo de los pueblos, sin energía no hay progreso, por tanto, la crisis que estamos viviendo desde el punto de vista climático, además del desgreño administrativo que se ha intensificado en los dos últimos años en materia energética, nuevamente están haciendo tambalear al sector y al país.
Lo anterior en realidad es bastante preocupante, porque se han dejado de emprender acciones y las pocas que se han adelantado no son acciones de fondo ni contundentes, sino pañitos de agua tibia. Evidentemente, el Gobierno nacional no está brindando señales claras ni atractivas para los inversionistas y desarrolladores de los proyectos que necesita el país. Por el contrario, se están cambiando las reglas de juego, lo cual viene espantando la inversión, ralentizando los proyectos, y desajustando totalmente los cronogramas previstos, deteriorando el servicio y aumentando las tarifas.
En la búsqueda de más argumentos, es suficiente revisar ejercicios como las subastas de energía: las que se dieron en el cuatrienio anterior fueron desatendidas en esta nueva administración y perdieron impulso, pues los proyectos no entraron a tiempo o quedaron desérticos, implicando los primeros pasos en reversa.
A lo anterior, se suma la reciente subasta realizada a comienzos de este año, la de Cargo por Confiabilidad, a través de la cual se asignaron 4.400 MW para el período 2027 - 2028, los cuales, según los expertos consultados por este medio de comunicación a través de su espacio Hablemos de Energía (YouTube), esa asignación es insuficiente para atender la demanda en los próximos años. Además, el mecanismo aplicado para ese reciente proceso de subasta pone en evidencia que no ha sido el más efectivo y necesariamente tendría que revisarse para futuros procesos.
Otra gran conclusión es que no se trata de programar una subasta por programarla y hacer unas asignaciones dentro de un evento protocolario que al final se cierra con una foto social, este no debe ser el objetivo último, pues estamos hablando de un sector netamente técnico, definitivo para el progreso del país, que requiere manejarse con ese mismo rigor, sin perder la tecnicidad, la transparencia, y la seriedad con las cuales se venía manejando desde 1994.
Otro tema que preocupa grandemente y que no podemos dejar de mencionar en este editorial es definitivamente la improvisación con la cual se viene manejando la Comisión de Regulación de Energía y Gas, pues es un total despropósito que la propia Presidencia de la República quiera asumir las funciones de este ente, creado justamente para mantener su independencia, con una estructura objetiva, robusta y netamente técnica. Prácticamente han sido dos años áridos, donde, a pesar del clamor de los agentes del sector, el llamado de la Procuraduría, la Contraloría, y hasta del Consejo de Estado, inexplicablemente la CREG sigue operando a medias, incompleta en su número de comisionados (deben ser 6), y los que llegan son vinculados en condición de interinidad; esto pareciera ser más por capricho y negligencia del Ejecutivo, para poner “el palo en la rueda” al funcionamiento de la comisión, de cuyas decisiones depende definitivamente la estabilidad energética de todo un país de más de 50 millones de personas.
Si le estamos apuntando, como lo argumentan los procesos de subasta -por lo menos en el papel que todo lo aguanta-, a que antes de finalizar 2030 nuestra matriz energética empiece a equilibrar las cargas, bajando la dependencia hidroeléctrica a un 50%, y aumentando la oferta de energías renovables para que soporten dicha matriz en un 40%, la pregunta es: ¿de la forma como se está manejando el sector, vamos a cumplir con el objetivo?
No podemos esperar mejores resultados haciendo siempre lo mismo, haciendo menos o haciendo las cosas peor. Este editorial recoge entonces la preocupación de muchos, si no todos los agentes de la cadena (Generación, Transmisión, Distribución, Comercialización y Usuarios) quienes se preguntan cada vez con más incertidumbre ¿hacia dónde va este sector y qué futuro le espera en el corto, mediano y largo plazo?
Para esta primera edición de 2024 hemos querido hacer un sondeo al interior de los principales gremios con el fin de conocer cuál es la de radiografía del sector eléctrico nacional en la actualidad y qué panorama se puede esperar en el corto, mediano y largo plazo.
Partimos del momento que vive el país con relación al extenso fenómeno de El Niño que viene imponiéndose desde el último trimestre de 2023, proyectado para extenderse por lo menos hasta los meses de abril y mayo de este año. Esta situación ha puesto nuevamente a tambalear al sector eléctrico del país, pues al momento de la entrada en circulación de esta edición, el nivel de los embalses en el territorio nacional es inquietante, las reservas hídricas ya en muchos casos están por debajo del 40%.
Lo anterior ha obligado al Gobierno nacional a implementar medidas transitorias para mitigar el impacto de este fenómeno climático, con el fin de alivianar de alguna manera el costo de la energía para los usuarios finales y alejar el temor de un racionamiento. Desde la óptica de los gremios, tales medidas transitorias han resultado oportunas e interesantes más no suficientes, lo cual obliga al Ejecutivo a revisar la política de contingencia que está adoptando en estos momentos.
A la par, la expedición de La Resolución 40042 de 2024 que establece lineamientos de política pública para garantizar la continuidad de los proyectos de generación de energía renovables, también ha sido celebrada por los gremios y por diferentes actores del sector; con esta se exhorta a la CREG para agilizar la puesta en marcha de los proyectos. Sin embargo, no se puede desconocer que existen cerca de 500 megavatios gestionando cambios ante la UPME, empantanados por la tramitomanía y la incertidumbre de su puesta en marcha. Además, 89% de los 3.300 megavatios que debieron entrar en 2023 y 2024 han tenido retrasos.
Por último, con relación a la más reciente subasta de cargo por confiabilidad para el período 2027-2028, es de celebrar la adición, a partir de 2027 de 4.441MW de plantas solares nuevas y 48MW de plantas térmicas. Este resultado dará un vuelco a la composición de nuestra matriz eléctrica, pues las FNCER pasarían a representar el 26% de la capacidad instalada. Sin embargo, los gremios argumentan que la oferta presentada en la última subasta no es suficiente para atender con seguridad la creciente demanda. En este sentido, es necesario implementar otros mecanismos que permitan tener más oferta de energía en firme.
En conclusión, es de destacar que, a partir de la llegada del ministro Camacho a la cartera de minas y energía definitivamente sí se viene desarrollando una agenda enfocada a favorecer la actividad eléctrica del país, pero todavía falta mucho camino por recorrer, se reclama mayor compromiso por parte del Gobierno, y la implementación de medidas contundentes, con el fin de brindar el fortalecimiento que en este momento requiere el sector, en pro de garantizar la suficiencia e Independencia energética que esté a la altura de las necesidades de Colombia.
Nuevamente nos complace presentarles la edición anual especial sobre energía solar, ya en su sexta versión, que circula justo en momentos en que Colombia está transitando por el Fenómeno del Niño, anunciado desde hace varios meses, el cual ya está dejando ver sus efectos: por un lado, altas temperaturas que han llegado a ocasionar sequías e incendios en varias regiones del país; por el otro, severas hidrologías que han impactado diferentes departamentos con inundaciones, avalanchas, fuertes vientos, y ocasionando penosas afectaciones a las comunidades.
La AIE reconoce que Colombia se ha convertido en un líder en la formulación de políticas de transición a energías limpias y es un ejemplo inspirador de un país productor de combustibles fósiles comprometido con la acción climática. Sin embargo, el gobierno de Gustavo Petro no puede desconocer que para llevar a cabo esa transición energética justa debe hacerlo de forma gradual; debe reconocer la importancia de los recursos provenientes de las regalías del petróleo las cuales permitirán pagar materializar la transición.
La generación solar es una alternativa muy valiosa para llevar energía de calidad, con tarifas justas, mitigando el impacto ambiental, a usuarios residenciales, industriales y comerciales, y muy particularmente a las poblaciones más apartadas que tal vez nunca han tenido el privilegio de gozar del servicio eléctrico. En contraste, es indispensable proyectar el futuro energético del país, sin perder de vista la autonomía energética, ni desconocer el respaldo que nos brindan las centrales térmicas, especialmente en momentos de fragilidad climática como la que puede representar este Fenómeno del Niño.
En este contexto, también es importante que el gobierno nacional escuche la voz del sector privado y los gremios, pues no puede desconocer que la reestructuración del sector eléctrico en la década de los 90 fue supremamente acertada, con el respaldo de las leyes Eléctrica y de Servicios Públicos, rescatándolo del desgreño en el cual había caído, aportando grandes beneficios para el país y para gran parte de la población.
Por lo anterior, la invitación es a seguir caminando en pro de materializar la tan anhelada transición energética hacia las energías limpias y la descarbonización, haciéndolo de forma gradual, responsable, y mancomunada, con una planeación técnica, coherente, que se ajuste a la realidad del país. De lo contrario, la terquedad del discurso filosófico sin fundamento ni visión, nos puede abocar a un salto al vacío y a un seguro descalabro.
