No puede ser más paradójico: mientras Colombia está en el radar de la Transición energética a nivel global en un lugar muy destacado y se convierte en un polo de atracción de las inversiones en proyectos para generar energía a partir de fuentes no convencionales y renovables (FNCER), la ejecución de los proyectos que fueron asignados en las tres subastas que tuvieron lugar entre el 2019 y el 2020, está empantanada y la entrada en operación de los mismos al Sistema Interconectado Nacional (SIN) se atrasa y pospone, debido a obstáculos que lo han impedido.
Recordemos que la primera subasta es de Obligaciones de Energía Firme (OEF) del cargo por confiabilidad y las dos últimas convergentes, que comprometen 2.400 MW de potencia, llegándose a acuerdos de compra – venta de energía entre generadores y comercializadores a 15 años.
Source: BloombergNEF. Note: Maximum score is 5. Fundamentals, Opportunities and Experience are the parameters that total up to a market’s overall score for clean power. Between them,
the parameters encompass over 100 indicators, or individual data inputs collected by Climatescope researchers
En efecto, Bloomberg NEF (por sus siglas en inglés), un servicio de Bloomberg Professional, considerada como una de las plataformas más prestigiosas y consultadas del mundo financiero, en su más reciente reporte del climatescope (o climascopio en español), fechado el pasado 18 de noviembre, mediante el cual mide los avances alcanzados en materia de Transición energética y en descarbonización del sector energético, ubicó a Colombia entre los primeros cinco países que más y mejor están desarrollando e impulsando la generación y uso de las energías renovables y limpias, particularmente la eólica y la solar – fotovoltaica, aprovechando el potencial de las mismas que ofrece el Caribe colombiano, en especial el Departamento de La Guajira.
Destaca en su Informe que “por primera vez en la historia, Colombia se ubica entre las cinco primeras naciones. Las políticas estables de energía limpia y los incentivos transparentes han impulsado al país al cuarto lugar este año desde el puesto 13 en el estudio del año pasado”. En la región es superada sólo por Chile que ocupó el primer lugar en el escalafón. La verdad sea dicha, el mérito de Colombia para dar ese salto en el ranking en esta métrica, radica fundamentalmente en la expedición de la Ley 1715 de mayo de 2014, la cual estimula e incentiva las FNCER, las subastas para asignar los proyectos, y la entrada en vigencia de la Ley 2099 de julio de 2021; esta última, vino a reforzar y a ampliar el espectro de los beneficios de la Ley anterior a las energías renovables.
Source: BloombergNEF
En el mismo reporte, además, pone de relieve que “Chile, Colombia, Brasil, Perú y República Dominicana, son los países más atractivos para la inversión en energías renovables en América Latina, según la encuesta climascopio. De hecho, las cuatro principales naciones de la región se encuentran entre los 20 mercados más atractivos para la inversión en energía limpia en general. Un factor en común es que todos ellos tienen políticas bien establecidas y efectivas, además de sectores de energía estructurados, abiertos a inversores privados”.
En el caso de Colombia, particularmente, la inversión en FNCER alcanzó un máximo histórico el año anterior, redondeando la cifra de los US $952 millones, desglosándose en US $678 millones en parques eólicos, para una participación del 71% y US $274 millones en granjas solares – fotovoltaicas, que representa el 29% restante del total. La inversión en estas últimas, experimentó un auge inusitado con un crecimiento exponencial de más de 18 veces entre los años 2017 y 2021.
No obstante, concomitantemente con este gran posicionamiento de Colombia, que se debe, como ya lo dijimos, a su desarrollo normativo y regulatorio y al gran apetito que han despertado de la inversión y los inversionistas para ejecutar los proyectos, estos han tropezado con el que no he dudado en calificar como el “nudo gordiano del desencuentro” entre las empresas desarrolladoras de los mismos y las comunidades indígenas, impidiendo superar con éxito las consultas previas que, por ministerio de la Ley, se debe tramitar. Y mientras este paso no se surta, el Grupo Energía Bogotá, encargado de la instalación de la estación colectora en el Municipio de Uribia, al norte de La Guajira, la energía que generen los parques eólicos quedará confinada in situ, sin poder transportarse hasta La Loma y Bosconia (Cesar), en donde empalmarán las líneas de transmisión con el SIN.
De la misma manera que la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez ha anunciado y se ha propuesto a destrabar los contratos firmados entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y las empresas petroleras con el fin de activar la búsqueda y hallazgo de mayores reservas de crudo para conjurar el fantasma de las importaciones, debería también dar los pasos conducentes para desatascar estos proyectos que el Sistema energético está requiriendo a gritos y sin los cuales la aceleración de la Transición energética justa que pregona el gobierno se va a quedar en sólo anuncios. Por lo pronto marcha a paso de tortuga y al paso que van su operación no se va a dar antes del 2024. A ello no deben ser ajenos ni el Gobernador de La Guajira José Jaime Vega ni el Alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez. ¡Para luego es tarde!
Sumando peras con manzanas
Ministra de Minas y Energía, Irene Vélezen el en el Foro Económico Mundial. Foto Minenergia
La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, declaró en el Foro Económico Mundial en Davos que en Colombia “no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y petróleo. […] es una señal de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático”. Sin embargo, según expertos y conocedores del tema, las declaraciones de la ministra han estado fuera de lugar.
La ministra Vélez se apoya en un controvertido estudio, hecho en volandas y con notoria falta de rigor técnico, en el cual llegan a la conclusión de no conceder nuevos contratos. El estudio, titulado Balance de contratos de hidrocarburos para la Transición energética justa está avalado por el Ministerio de Minas y Energía y por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), pero a la vista resalta que toda la argumentación está basada en cifras sesgadas, imprecisas y con mucha falta de rigor técnico. Es de anotar que la ex viceministra Ruíz, quien aparece firmándolo, manifestó que su “nombre fue puesto allí para legitimar esas cifras y ese texto. Una vez leído, estoy en completo desacuerdo con ese documento”.
La realidad es que el documento no plantea que no se firmen nuevos contratos como lo quiere hacer ver la ministra. De acuerdo con Vélez, si se suman las reservas probadas, probables y posibles y, además, se les agrega el desarrollo de los recientes descubrimientos de Uchuva y el bloque integrado de evaluación hechos por Ecopetrol, se garantizará el suministro de gas más allá del 2037. Y Va más lejos aún al asegurar que, si se le adicionan los recursos prospectivos actuales, se extenderá el suministro hasta el 2042. Las cifras de la ministra son cuentas alegres como las de la lechera de Samaniego, que nos enseñó la vanidad de girar sobre el futuro cuando ni el presente está seguro.
Según el presidente de la Asociación de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, Flover Rodríguez, no se pueden confundir los recursos probados, probables y posibles con los contingentes y prospectivos. Él dice que los prospectivos “están aún lejos de ser reservas, ya que estas deben ser descubiertas y ellas no lo son”. Dicho de otra manera, no se pueden sumar peras con manzanas.
Por lo demás, una de las mayores limitaciones del estudio es que no va más allá del mero balance de los contratos, cuando la decisión sobre si se firman o no nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos tiene unas implicaciones que van desde el impacto en la balanza comercial del país, el impacto fiscal, cambiario y también en la afluencia de inversión extranjera, entre otros.
Es evidente que los platos rotos de una decisión tan desatinada como la de marchitar la actividad hidrocarburífera en el país, la pagarán los próximos gobiernos. Es irónico porque, debido al efecto inercial y a la actual coyuntura internacional, el cuatrienio de Petro será el de mayores exportaciones de petróleo y carbón, al alcanzar cifras récord en producción de volúmenes y en ingresos de divisas.
Es entendible la posición del director de Crédito Público y del Tesoro Nacional, José Roberto Acosta, al salirle al paso a la ministra Vélez y advertir que “no se ha tomado la decisión sobre la suscripción de nuevos contratos de exploración. No es una decisión de gobierno. Lo dicen las cifras, necesitamos más contratos de exploración”. Él la tiene clara, sabe que lo que está en juego es la estabilidad macroeconómica del país.
El estudio “Balance de contratos de hidrocarburos para la Transición energética justa” está avalado por el Ministerio de Minas y Energía y por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Foto Minenergia
La ministra ha repetido hasta la saciedad que no cancelará los contratos vigentes. Pero de ello no es de lo que se trata, eso no está en discusión. Ni más faltaba que frenera en seco la actividad de la industria cuando hay de por medio unos contratos firmados. Se trata, según ella, de “un plan para aumentar las reservas de hidrocarburos, que consta de tres partes: potenciar contratos vigentes, destrabar los suspendidos y la utilización de técnicas como la del recobro mejorado”. El plan es plausible pero no es suficiente para la seguridad energética del país.
El recobro mejorado es una técnica que permite un mayor y mejor aprovechamiento de los recursos petroleros en los campos maduros, aquellos que ya están en etapa de declinación. Para la ministra, “si hoy Colombia aumentara su factor de recobro a promedios internacionales, podríamos contar con un aumento de cerca del 15 % en nuestros recursos de petróleo”. No obstante, aumentar el factor de recobro demanda cuantiosas inversiones y el uso de técnicas sofisticadas de última generación, lo cual implicaría mayores costos de extracción del petróleo, que sólo se justificarían cuando las señales de precio y la regulación ambiental lo favorezcan. Entonces hay que superar muchas barreras para pasar del dicho al hecho. Eso no es como soplar y hacer botellas.
Cabe preguntarse: si Colombia renuncia prematuramente a los hidrocarburos, ¿con qué vamos a suplir las divisas que dejarán de ingresar y los ingresos que dejarán de percibir departamentos y municipios? ¿Cómo asegurar los 350.000 barriles diarios que demandan las dos refinerías para garantizar el abastecimiento de combustibles?
Bien dijo Aldoux Huxley que “los hechos no dejan de existir porque se ignoren”. La única forma de mantener y/o aumentar la producción de petróleo es acrecentando las reservas probadas, que son las únicas con las que se puede contar a ciencia cierta.
* Amylkar Acosta. Medina, Ex ministro de Minas y Energía.
Miembro de Número de la ACCE. www.amylkaracosta.net
En esta edición, es imposible mantenernos ajenos a lo que está ocurriendo en el sector energético de Colombia, pues como decía nuestro articulista y eminente maestro, el Ing. Renato Céspedes (q.e.p.d.) ´la energía es el desarrollo de los pueblos´.
Pues hoy, ese desarrollo en Colombia, está pisando terrenos peligrosos que hace décadas había superado, cuando el sector se repuso de la crisis del ´apagón del 92´ y empezó a encaminarse dentro de los marcos regulatorios de las leyes, Eléctrica (142) y de Servicios Públicos (143) de 1994.
Hoy, estamos viendo un contraste entre la forma como nos ven desde afuera, lo que ocurre al interior de nuestro territorio y la realidad hacia dónde vamos. De la investigación de esta edición, me llama poderosamente la atención el más reciente informe de la Agencia Internacional de Energía. Según los autores del documento, dentro de los países de Latinoamérica, Colombia sería uno de los de mayor crecimiento en materia eléctrica, entre 2023 y 2025, por encima de Perú y Argentina, con un protagonismo de las energías renovables en su matriz energética, casi por encima del promedio de la misma región.
En contraste con lo anterior, los inversionistas están poniendo el ´freno de mano´ y considerando seriamente si, invertir sus capitales en proyectos eléctricos de Colombia, es lo más adecuado; esto, debido a los abruptos cambios que se han dado en los meses de gestión del gobierno de Gustavo Petro, los cuales no ofrecen suficientes garantías a estos actores. Por un lado, las grietas al interior del mismo gobierno, evidencian la falta de unidad en el lenguaje dentro de los eslabones ministeriales; no hay una coherencia entre la realidad de los análisis técnicos (sobre las capacidades y conveniencias para el país, basadas en los recursos energéticos) y los anuncios de la propia ministra Inés Vélez, muchas veces apresurados y carentes de argumentos, en escenarios nacionales y foráneos.
Por otro lado, medidas como el Decreto 0227 del 16 de febrero de 2023, que facultaba al Presidente Petro, inicialmente por tres meses, para asumir las funciones de las comisiones de regulación de servicios públicos, entre ellas la CREG, generan una gran incertidumbre de, hacia dónde va en país, por lo menos en lo referente a temas energéticos. Cabe aclarar que el 2 de marzo, el Consejo de Estado decretó medidas cautelares de urgencia, con las cuales suspendió provisionalmente los efectos jurídicos del mencionado Decreto, devolviéndole a la CREG sus facultades, hasta tanto dicho tribunal supremo resuelva de fondo una demanda de nulidad interpuesta por dos ciudadanos, quienes argumentan que el decreto se expidió irregularmente.
Hace un año, se vislumbraba un escenario más claro, basado en una transición energética más sólida, argumentada y enfocada. Hoy, esa claridad se ha ido nublando con los anuncios apresurados y por qué no decirlo, en tonos dictatoriales, sobre políticas de frenar la exploración de hidrocarburos, de no conceder nuevos contratos y hasta de pensar en importar gas de Venezuela. Esa postura caprichosa, en verdad pone en vilo, no solo la transición sino la estabilidad energética del país.
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Colombia sigue consolidándose como líder en la venta de vehículos eléctricos en la región.
De acuerdo con el Índice de Consumo de Movilidad de EY a nivel global, el 52% de los encuestados que quieren comprar un vehículo están buscando adquirir uno eléctrico.
El cuidado del medioambiente es el principal motivo por el que buscan comprar un vehículo eléctrico.
El Grupo EPM en su compromiso con la movilidad sostenible y el desarrollo de tecnologías amigables con el ambiente, continúa implementando puntos de carga destinados a los vehículos eléctricos a nivel regional y nacional, con el propósito de contribuir a la adopción de esta tecnología por parte de la comunidad. La última fue el viernes 18 de noviembre en el municipio de La Pintada.
El agregador de la demanda es un participante registrado del mercado que acuerda con un grupo de consumidores vender servicios al mercado de energía, uno de los servicios más conocido se concreta a través de la respuesta de la demanda con reducciones voluntarias de consumos.
Desde mediados de los años setenta del siglo pasado, el proceso de cambio en las empresas ha alcanzado velocidades vertiginosas, debido a las demandas cada vez mayores de la sociedad. El crecimiento continuo de la automatización a todo nivel y las altas exigencias mencionadas demostraron que los periodos improductivos y las fallas tienen efectos cada vez más importantes en el desempeño empresarial.
La AIE dio a conocer el pasado mes de noviembre su más reciente informe titulado Carbón en transiciones netas cero: estrategias para un cambio rápido, seguro y centrado en las personas, en el cual señala que el mundo debe moverse rápidamente para reducir significativamente las emisiones de dióxido de carbono provenientes del carbón para evitar impactos severos del cambio climático.
El 20 de noviembre, en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), celebrada en Sharm El-Sheikh, Egipto, las Partes acordaron establecer un fondo histórico para pérdidas y daños como parte del Plan de Implementación de Sharm El-Sheikh sobre el cambio climático, después de la contemplación de las pérdidas y daños incluidos en la agenda por primera vez. El nuevo fondo hará que los donantes contribuyan a un fondo global para salvar vidas y medios de subsistencia de los desastres relacionados con el cambio climático.
En el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP27, en Egipto la Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, presentó la ‘Construcción de principios, metodología y lanzamiento del Diálogo Social para definir la Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa en Colombia’.
