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Intercolombia entregó al país el proyecto de Interconexión Chinú - Montería - Urabá a 230 mil voltios, una obra de transmisión de energía que reduce del riesgo de desatención de la demanda en la región y genera una mayor confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional colombiano (SIN). Con la puesta en servicio de este importante proyecto, que genera unos ingresos aproximados de USD 8,7 millones anuales, Grupo ISA ratifica su compromiso con el mejoramiento del servicio de energía, lo que impacta de forma positiva la industria, el desarrollo y la calidad de vida de los colombianos.

"El proyecto apalanca el crecimiento de la ciudad de Montería al conectarla a un sistema de transmisión más robusto (230 mil voltios), que ofrece una mayor disponibilidad de energía para suplir la creciente demanda requerida. Así mismo, entrega al Urabá antioqueño una segunda línea de transmisión de energía, que refuerza el sistema y forma un anillo que mejora la confiabilidad para la región", afirmó Luis Alejandro Camargo Suan, gerente general de ISA INTERCOLOMBIA.

Fuente: ISA

EPM reactivó la venta de sus acciones en Interconexión Eléctrica ISA S.A., para atender la emergencia en Hidroituango. El proceso se había suspendido en marzo luego de conocer los resultados financieros de ISA, de 2018 que impulsaron el valor de la acción.

La compañía espera vender cada una de las acciones en 15.700 pesos y no a los 13.750 pesos, que se había presupuestado, es decir 1.950 pesos más de lo esperado.

El Grupo EPM recibiría 1.76 billones de pesos por sus 112.605.547 acciones en la compañía de transmisión eléctrica y junto a las ventas de las empresas en Chile, sumar los recursos demandados por las inversiones que se deben hacer en los próximos años.

Fuente: W Radio. Foto: Verónica Álvarez – EPM.

Es una realidad que el mundo entero transita por la senda de la transición energética, migrando desde las energías de origen fósil hacia aquellas fuentes no convencionales de energías renovables y limpias, pero también es cierto que en aquellos países en donde históricamente se ha dependido de aquellas, tienen en los recursos que genera su explotación la fuente de financiación de dicha transición.

Así lo han entendido los Emiratos Árabes, que cuentan con las mayores reservas de petróleo del mundo y otros países, como es el caso de Chile, que paulatinamente ha venido diversificando su economía y reduciendo su dependencia con respecto al cobre. Y no hay que olvidar, la transición energética es tecnológica y la manera de avanzar por esta vía es conectando la materia prima con la materia gris, mediante la inversión en ciencia, tecnología e innovación.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) “la economía de Colombia continúa dependiendo de los recursos naturales y cada vez lo hace en mayor medida...Hace dos años, la producción primaria y la minería representaron un 80% de las exportaciones, diez puntos porcentuales más que en 1991”. De allí que, como lo acota la Presidenta del Consejo Privado de Competitividad Rosario Córdoba, “la recomendación central de la OCDE es categórica, Colombia debe priorizar la agenda de transformación productiva y asignarle recursos a la altura del reto”.

Como es apenas obvio, la transición energética es un proceso gradual, no es posible pensar que se pueda dar como si fuera un salto de garrocha. Conscientes de ello, el mundo y Colombia, que no es la excepción, han venido tendiendo puentes que sirven de rampa para llegar al objetivo propuesto. En este sentido, Colombia se hizo parte del Acuerdo de París, ratificado por el Congreso de la República mediante la Ley 1844 del 14 de julio de 2017 y se comprometió con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, del cual fue además su promotor y propulsor, suscritos en 2015.

El proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) deja claramente establecidos dos pactos con el sector energético, el primero “por la calidad y eficiencia de servicios públicos para promover la competitividad y el bienestar de todos” y el segundo “por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades”. A ello habrá de contribuir el “fortalecimiento de la Comisión para el Uso Racional y Eficiente de Energía (URE) y fuentes no convencionales y la inclusión de metas obligatorias de eficiencia energética en el Programa de uso racional y eficiente de energía” incluido en las Bases del Plan.

Al considerar el PND la “energía que transforma: hacia un sector energético más innovador, competitivo, limpio y equitativo”, la Red Nacional de Tecnoparques del SENA que trae el Plan incluye a los biocombustibles entre los sectores a apoyar, junto con las energías verdes, con “proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación”.

Bogotá
Foto: http://www.eafit.edu.co/Biblioteca%20de%20imgenes/aire-colombia.jpg

La emergencia que afrontan en este momento, especialmente, Bogotá y Medellín, que obligó a sus alcaldes a extremar medidas para paliar la contaminación de estas urbes, hacen imperativo reducir las emisiones de GEI de su parque automotor. Y para lograrlo, como se dice en el proyecto del PND, hay que “utilizar eficientemente los recursos, incorporar tecnologías vehiculares de cero o bajas emisiones” y, entre estas últimas está la mezcla de los biocombustibles como parte de la solución. Lástima que nada se dice en el proyecto sobre la necesidad de incrementar el porcentaje de las mezclas, toda vez que a mayor porcentaje de mezclas la reducción de las emisiones de GEI es mayor.

http://www.minambiente.gov.co/images/09-marzo2018-medellinaire.jpg
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También es de destacar la “consolidación de la integración de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) a la matriz energética” que plantea las Bases del Plan va en la dirección correcta. Como se recordará en el año 2014 fué expedida la Ley 1715 mediante la cual “se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional”. Recientemente se adjudicaron los primeros 1.160 MW de potencia, entre eólicos y solares, dándose así el primer paso en firme para integrar las fuentes no convencionales de generación a la matriz energética.

Es de resaltar también la modificación que se propone del artículo 11 de la Ley 1715 de 2014, ya que a través de este proyecto se está extendiendo el incentivo de la deducción anual de su renta al ejecutor de los proyectos de generación a partir de FNCER el “50% del valor de la inversión realizada” de 5 años que contempla la Ley a 30 años, “como fomento a la investigación, desarrollo e inversión en el ámbito de la producción y utilización de energía a partir de FNCER, la gestión eficiente de la energía”. Este es un gran apoyo e impulso a las energías renovables y limpias en este país.

Finalmente, nos parece muy atinada la iniciativa que trae las Bases del Plan de integrar una “Misión para la modernización de los mercados actuales y la promoción de la innovación”. Este es un paso primordial para la consolidación del proceso de transición energética, para que esta se asuma como política de Estado y no como política de gobierno.

* Amylkar Acosta Medina, Ex ministro de Minas y Energía. Miembro de Número de la ACCE.

www.amylkaracosta.net

Con motivo de la preparación de esta edición de movilidad eléctrica, la investigación periodística y los aportes editoriales nos han permitido descubrir un sinnúmero de temas y de aspectos supremamente interesantes que giran en torno a esta actividad. También, nos han brindado argumentos para llegar a conclusiones categóricas que exponemos en este espacio de opinión.

La movilidad eléctrica es mucho más que un vehículo que opera con un motor eléctrico; entorno a este desarrollo, surgen también una serie de actividades y oportunidades industriales, empresariales, tecnológicas, de transporte, viales, ambientales, deportivas, de salud, de calidad de vida, en fin, todo un universo al que apenas estamos despertando, que, sin la menor duda, en muy pocos años, será el que predomine en diferentes lugares del mundo.

De tal magnitud ha sido su impacto y progreso, que en muy poco tiempo ha pasado “del anonimato al estrellato” y para comprobarlo, lo mejor es echarle un vistazo a la “FÓRMULA E”: la competencia de automovilismo creada apenas en 2014 y que con tan solo cinco temporadas ya se ha posicionado como la segunda más importante del mundo, superada (tal vez por poco tiempo) apenas por su hermana mayor “LA FÓRMULA 1”. Eso habla muy bien de la “movilidad eléctrica”, pues sin temor, las marcas de vehículos de mayor prestigio en el mundo, le han apostado decididamente, le han invertido tiempo, presupuesto, investigación, en fin, todo lo necesario, para perfilarla como la mejor alternativa de movilidad del Planeta.

En lo que respecta a nuestro país, la movilidad eléctrica y los sistemas de transporte sostenible son conceptos relativamente nuevos, que empezaron a mencionarse hace apenas unos ocho años. Si nos comparamos con nuestros vecinos del continente, son evidentes las ventajas que nos llevan países como Chile, Argentina o Perú, que cuentan con soluciones de transporte como el metro, con flotillas importantes de buses y taxis eléctricos, además de estaciones de recarga, públicas y privadas en buena parte de su geografía. Pero al margen de eso, lo que Colombia ha logrado en menos de una década, es de resaltar, pues, aunque apenas estamos en una primera fase, ya hemos logrado cosas importantes; ya hay algunos desarrollos representativos; ya tenemos “algo que contar y algo que mostrar”.

Hoy, carecemos de una mega solución como el metro para Bogotá, que será, sin duda, uno de los temas obligados en la agenda de los próximos aspirantes a la alcaldía de la capital. Pero mientras eso se cristaliza, vale la pena fijarse en los proyectos que ya son una realidad, como la implementación de algunas flotillas de taxis eléctricos en ciudades como Medellín, Cali y la propia Bogotá. Igualmente, la puesta en marcha de buses de transporte sostenible, de tipo público y privado, en algunas capitales del país. También, la instalación, a pequeña escala, de algunas estaciones de recarga públicas y privadas.

De otra parte, es muy importante destacar que en los últimos 3 años han ganado adeptos los vehículos particulares de alta gama, tanto eléctricos, como híbridos, e híbridos enchufables. De hecho, en vehículos eléctricos puros, Colombia ya ostenta un liderazgo, pues en latinoamericana se vendieron, en 2018, 947 vehículos, de los cuales Colombia aportó 390, ocupando el primer lugar en la región. Y es imposible dejar de mencionar el vertiginoso desarrollo y acogida que han tenido tanto las bicicletas eléctricas como los scooter, soluciones de transporte sostenible, de uso compartido, que se han venido posicionando fácilmente entre la ciudadanía, las universidades, las empresas, etc., porque se trata de sistemas versátiles, modernos, prácticos, amigables con el ambiente, fáciles de adquirir, que ahorran tiempo, dinero y hasta mejoran la calidad de vida de las personas.

Con base en nuestra investigación, podemos afirmar que Colombia ya ha dado los primeros pasos en firme para el desarrollo de la movilidad sostenible, en poco tiempo. En materia de reglamentación, también se han logrado avances importantes, pues prácticamente ya se cuenta con un marco regulatorio y normativo consolidado en un buen porcentaje.

Sin embargo, es innegable que falta toda una política pública, que trascienda “el papel” y se aterrice a la “realidad”, para que la movilidad sostenible, pueda desarrollarse con la madurez y la entereza que exigen hoy los retos ambientales del cambio climático. También, para brindar soluciones eficaces a las grandes deficiencias de transporte que aquejan al país, especialmente en ciudades como Bogotá y Medellín, amenazadas cada vez más por las emisiones de CO2, provenientes de las fuentes móviles y las industrias.

Hoy, la movilidad sostenible, y todos los temas que se generan en torno a ella, ya gozan de mayor prestigio y acogida. Han dejado de ser “una cenicienta” a la que se miraba con recelo y desinterés. Por el contrario, se están convirtiendo en los roles protagónicos y en los temas “fuertes” que se ventilan en el Congreso de la República, los concejos departamentales, municipales, y los discursos de campaña electoral. Lo importante, como ya se mencionó, es “trascender” del papel a la realidad, del “verbo” a la “práctica”. Que el prestigio que se gana al hablar de “movilidad sostenible” no se quede en una euforia temporal para conseguir votos y se enfríe cuando sea la hora de ejecutar los programas de gobierno.

Colombia está llamada a apostarle en serio a política de movilidad sostenible articulada, con el compromiso serio, tanto del gobierno, como de las instituciones, las empresas, y la ciudadanía. Ya no hay vuelta atrás. Sin duda, ese es el camino para encontrar soluciones a los retos del cambio climático y a las dificultades de transporte que nos están agobiando, cada vez con mayor inclemencia.

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