En esta edición, es imposible mantenernos ajenos a lo que está ocurriendo en el sector energético de Colombia, pues como decía nuestro articulista y eminente maestro, el Ing. Renato Céspedes (q.e.p.d.) ´la energía es el desarrollo de los pueblos´.

Pues hoy, ese desarrollo en Colombia, está pisando terrenos peligrosos que hace décadas había superado, cuando el sector se repuso de la crisis del ´apagón del 92´ y empezó a encaminarse dentro de los marcos regulatorios de las leyes, Eléctrica (142) y de Servicios Públicos (143) de 1994.

Hoy, estamos viendo un contraste entre la forma como nos ven desde afuera, lo que ocurre al interior de nuestro territorio y la realidad hacia dónde vamos. De la investigación de esta edición, me llama poderosamente la atención el más reciente informe de la Agencia Internacional de Energía. Según los autores del documento, dentro de los países de Latinoamérica, Colombia sería uno de los de mayor crecimiento en materia eléctrica, entre 2023 y 2025, por encima de Perú y Argentina, con un protagonismo de las energías renovables en su matriz energética, casi por encima del promedio de la misma región.

En contraste con lo anterior, los inversionistas están poniendo el ´freno de mano´ y considerando seriamente si, invertir sus capitales en proyectos eléctricos de Colombia, es lo más adecuado; esto, debido a los abruptos cambios que se han dado en los meses de gestión del gobierno de Gustavo Petro, los cuales no ofrecen suficientes garantías a estos actores. Por un lado, las grietas al interior del mismo gobierno, evidencian la falta de unidad en el lenguaje dentro de los eslabones ministeriales; no hay una coherencia entre la realidad de los análisis técnicos (sobre las capacidades y conveniencias para el país, basadas en los recursos energéticos) y los anuncios de la propia ministra Inés Vélez, muchas veces apresurados y carentes de argumentos, en escenarios nacionales y foráneos.

Por otro lado, medidas como el Decreto 0227 del 16 de febrero de 2023, que facultaba al Presidente Petro, inicialmente por tres meses, para asumir las funciones de las comisiones de regulación de servicios públicos, entre ellas la CREG, generan una gran incertidumbre de, hacia dónde va en país, por lo menos en lo referente a temas energéticos. Cabe aclarar que el 2 de marzo, el Consejo de Estado decretó medidas cautelares de urgencia, con las cuales suspendió provisionalmente los efectos jurídicos del mencionado Decreto, devolviéndole a la CREG sus facultades, hasta tanto dicho tribunal supremo resuelva de fondo una demanda de nulidad interpuesta por dos ciudadanos, quienes argumentan que el decreto se expidió irregularmente.

Hace un año, se vislumbraba un escenario más claro, basado en una transición energética más sólida, argumentada y enfocada. Hoy, esa claridad se ha ido nublando con los anuncios apresurados y por qué no decirlo, en tonos dictatoriales, sobre políticas de frenar la exploración de hidrocarburos, de no conceder nuevos contratos y hasta de pensar en importar gas de Venezuela. Esa postura caprichosa, en verdad pone en vilo, no solo la transición sino la estabilidad energética del país.