En los últimos días la situación del sector energético ha sonado por varios lados: una posible crisis, la capacidad de las hidroeléctricas, el aumento del precio de la energía en bolsa y bloqueos en la central de Hidroituango, entre otros, son algunos temas que han llamado la atención.

El exministro de Minas y Energía, Diego Mesa, aseguró que la situación del sector eléctrico "se torna cada vez más compleja", y citó una serie de situaciones: que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y otros cargos críticos siguen en interinidad; que gremios y empresas advierten riesgos financieros y técnicos, y reiteran su compromiso para encontrar soluciones; que "reconocidas empresas e inversionistas internacionales anuncian suspensión de proyectos por falta de apoyo y cambios en las reglas de juego"; que hay bloqueos "en múltiples proyectos", incluyendo centrales hidroeléctricas en operación como Ituango y las restricciones en el suministro de gas en el Caribe; y el impacto que se espera frente al fenómeno de El Niño.

En días anteriores, la compañía Brookfield, accionista mayoritaria de Isagen, envió una carta en la que aseguraba que ve "con dificultades iniciativas de medidas anunciadas por el Gobierno que, en caso de ser implementadas, perjudicarán los derechos y las expectativas legítimas de inversionistas extranjeros".

En su carta, la empresa criticó puntualmente el hecho de que los generadores se verían privados de su derecho de ser remunerados por la prestación del servicio de energía y que se vería afectada la autonomía de las empresas para evaluar sus riesgos a la hora de ofrecer energía en el mercado de la bolsa.

A pesar de que el nivel de los embalses en Colombia está en alrededor de 74 por ciento de su capacidad, Isagen y otros generadores hidráulicos aseguran que el agua que está ingresando diariamente solo es suficiente para generar cerca del 55 por ciento de la energía que se consume en Colombia en cada día. Todo este panorama se da con un eventual fenómeno de El Niño a la vuelta de la esquina.

Es por ello que, recientemente los precios de energía en bolsa superaron los 1.000 pesos, ante la expectativa de menores aportes hídricos. Entidades como Asoenergía, también han mencionado que el retraso en la entrada de algunos proyectos ha puesto una presión adicional.

De igual manera, la firma XM, quien es el mayor operador del mercado mayorista de energía, presentó un informe en el cual afirma que podrían estar en riesgo financiero alrededor de 36 compañías de generación eléctrica, las cuales representan el 38 por ciento de la demanda comercial del país.

Además de ello, en las últimas semanas también se han presentado restricciones en el suministro de gas en la región Caribe, debido a una contingencia de Canacol, así como bloqueos en el proyecto Hidroituango, en Antioquia, que impedían el acceso a la central.

José Vicente Zapata, socio de la firma Holland & Knight y experto en el sector, reconoce que el sector de energía en Colombia enfrenta múltiples desafíos que, en conjunto, configuran un panorama complejo para el país.

"Urge adoptar decisiones efectivas para garantizar los derechos de los inversionistas y materializar la transición energética. Esto no se logra con la simple expedición de normas adicionales sino con la gestión gubernamental de la mano del sector privado a efectos de materializar oportunamente las necesidades energéticas del país", señala Zapata.

El jurista asegura que, en términos de financiamiento de proyectos energéticos y de estabilidad económica de muchas empresas, "los cambios arbitrarios" en las reglas han tenido un impacto. La situación, dice, se agrava por el fenómeno de El Niño y las complicaciones operativas.

De acuerdo con Alejandro Lucio Chaustre, director de Optima Consultores, desde hace varios años se han venido haciendo diagnósticos técnicos al sector, tanto de expertos internacionales como nacionales, pero, según Lucio, no se está avanzando como se debería.

"Son ajustes netamente técnicos, muchas de estas reformas debieron haberse hecho y no se han hecho. Ni los gobiernos anteriores ni este se han enfocado en estos ajustes, y seguimos en una batalla de políticas públicas, reformas y proyectos de ley que no atacan problemas de fondo. A raíz de la transición energética se necesitan ajustes", asegura el experto.

El exministro Mesa también hizo referencia a la subasta de cargo por confiabilidad que hizo el Gobierno pasado, durante la administración de Iván Duque, y mencionó que gracias a esto y a otras políticas "antes de terminar el gobierno entraron en operación seis proyectos térmicos y quedó despejado el camino para que Ituango entrara a finales de 2022; 22 granjas solares a gran escala; dos parques eólicos comerciales; 10 proyectos de autogeneración a gran escala; y más de 3.000 proyectos solares fotovoltaicos de autogeneración a pequeña escala".

También señalo que "se dejaron más de 3.500 megavatios en proyectos renovables adjudicados en subastas o en etapa de construcción"

De acuerdo con Lucio, es cierto lo que dice el ministro. "Los proyectos térmicos que se adjudicaron en la subasta por cargo de confiabilidad en 2019 en su gran mayoría entraron a operar o están por operar, es cierto que hubo unas granjas solares que entraron a operar; proyectos de autogeneración de pequeña escala".

Pero Lucio afirma que "la masa de proyectos renovables no convencionales que fueron adjudicados en esa subasta, y en la de 2021, no han entrado en operación, y en la gran mayoría no se sabe a ciencia cierta cuándo lo hagan. Se suponía que tenían que entrar entre 2022 y 2023". Estos proyectos, explica el consultor, hacen referencia a los megaproyectos solares y eólicos. Muchos de estos están atrasados por temas asociados al licenciamiento ambiental, consultas previas y la negociación de contratos de conexión.

"Esto es un tema de corresponsabilidad entre los dos gobiernos y el mercado eléctrico. Todos son responsables de haber dilatado un montón de reformas que están más que diagnosticadas y no se han querido hacer", indica Lucio.

Zapata añade que "muchos de esto proyectos no se encuentran en funcionamiento, porque han enfrentado diversos obstáculos que han impedido su operación efectiva". De acuerdo con el jurista, en particular, en la región de La Guajira, se ha reportado un retraso en el 82 por ciento de los proyectos de energías renovables.

De igual manera, el experto llama la atención sobre el Decreto 1085 del 2 de julio de 2023 (recientemente declarado inexequible), en el que se declaró emergencia económica en La Guajira, que indicaba que, de 17 proyectos en el departamento, el avance promedio es solo del 28,81 por ciento, con un desfase promedio de 54,65 por ciento.

"A nivel nacional, se conoce que hay alrededor de 80 proyectos de energía renovable no convencional programados para entrar en operación entre 2023 y 2024. Según SER Colombia (Asociación Energías Renovables del Colombia), 35 por ciento de estos avanzan sin inconvenientes hacia su fecha de operación programada, lo que representa una capacidad de generación de 365 MW. Sin embargo, el 65 por ciento restante enfrenta diversos desafíos, principalmente trámites ambientales, y están parados", afirma.

Entre las razones para estos retrasos está la falta de infraestructura para conexión y la no aprobación de licencias ambientales.

"En resumen, aunque el Gobierno anterior haya dejado varios proyectos de energías renovables en marcha, la realidad es que muchos de ellos enfrentan desafíos significativos que han impedido su completa operación", concluye.

Fuente: Cambio