De buenas a primeras se le ha venido encima a los usuarios un alud de alzas en la prestación del servicio de energía eléctrica, sin ton ni son, las cuales se reflejan en una tarifa más alta y por consiguiente en un mayor valor de la factura, a partir del pasado mes de noviembre, con retroactividad y todo desde junio. Como es bien sabido la compra – venta de la energía eléctrica se transa ya sea a través del mercado mayorista o mediante contratos bilaterales entre generadores y comercializadores. Y las variaciones en los precios de energía terminan reflejándose en variaciones en las tarifas al usuario final.
A modo de ejemplo, el precio promedio en Bolsa de la energía eléctrica pasó de $116 kW/h en el mes de junio hasta los $390 kW/h en el mes de octubre pasado, para un incremento de más de 300%. Supuestamente dicho aumento del precio se debió a una presión sobre el mismo atribuible a la disminución del nivel de los embalses de las hidroeléctricas, situación que habría obligado a apelar a las centrales térmicas, cuyo costo de generación es mucho más elevado. Mientras tanto el precio promedio de la energía transada mediante contratos bilaterales fue de $200 el kW/h.
Ahora bien, el impacto sobre la tarifa al usuario final, que pesa entre el 35% y 40% de la misma, dependerá de la gestión comercial del Operador de red o sea el prestador del servicio. Cuanto más expuesto esté en Bolsa mayor será la incidencia de la variabilidad y las oscilaciones de los precios en el mercado mayorista en la tarifa. Según el Presidente de ASOCODIS José Camilo Manzur, en promedio, “solamente el 12% está sujeto a la variación en Bolsa”, de lo cual se sigue que el 88% restante de la energía comprada se obtiene mediante contratos de mediano y largo plazo. Claro está que, como lo afirma Manzur, refiriéndose a los usuarios finales, “quienes verán los impactos son aquellos comercializadores que no tengan contratos de largo plazo y que no se hayan cubierto”.
Este es el caso de ELECTRICARIBE, operador que históricamente se ha caracterizado por tener una alta exposición en Bolsa y por ello mismo sus usuarios se ven más afectados que el promedio, ya que el porcentaje del alza en Bolsa que se les traslada es mucho mayor. El contraste entre EPM de Medellín, con una exposición del 12.4% y ELECTRICARIBE, con el 23.2% es muy notorio. De allí que los más afectados con las alzas desmesuradas debido a la gran volatilidad de los precios de la energía en Bolsa son los 2.5 millones de suscriptores de ELECTRICARIBE.
En cuanto a los costos de restricción, estos están disparados y el cuello de botella que da lugar a ellos radica fundamentalmente en la región Caribe, debido al rezago histórico en las inversiones en las redes de transmisión regional y local. Allí se presenta un corto circuito que impide que la energía fluya desde los centros de despacho hasta el mercado al cual se presta el servicio, con el agravante de no contar tampoco con las subestaciones necesarias para la transformación de voltaje.
En concepto de XM, “el retraso en la entrada en operación de los proyectos de expansión es una condición recurrente, lo que hace que estas obras pierdan efectividad e impacto en el sistema al momento de su entrada en operación”. Ello ha provocado exorbitantes costos de restricción por cuenta de la generación por seguridad, los cuales terminan pagando los usuarios a través de sus facturas.
Los costos de restricción que acarrea este atrapamiento de la energía, han crecido en promedio el 70% anual, pasando, según ASOENERGÍA, desde los $4 kW/h a $29.4 kW/h. Ello le significó a los usuarios del servicio de energía en 2018 costos de restricción del orden de los US $700 millones, equivalentes, aproximadamente, a los $30 kW/h, prácticamente el mismo cargo que se paga al Sistema de Transmisión Nacional (STN). Según cifras oficiales, entre enero y junio de 2019 los costos de restricción le costaron al usuario $15 por kilovatio, para un acumulado de $431.825 millones.
Compartimos el planteamiento del Presidente de ANDEG Alejandro Castañeda cuando sostiene que “el verdadero problema es que no existe una relación de causalidad entre quien genera el problema en el sistema y quien asume las consecuencias. Y va más lejos cuando afirma, con toda la razón que “si el problema está en las redes, la regulación debe corregirse y quien cause el problema debe asumir los costos”.
Coincido con él en su aseveración en el sentido que “teniendo en cuenta este panorama, se requiere, en el corto plazo, que el costo de la generación por restricción en el país se asigne a quien la cause, esto unido a una mejora en los tiempos de planeación y ejecución de los proyectos de transmisión, y una mayor inversión en el desarrollo y mantenimiento de las redes”. El usuario no puede seguir siendo el paganini, quien pague los platos rotos por otros.
Y, para rematar, además de las alzas atribuibles al precio de la energía y a los exorbitantes costos de restricción se vienen a añadir el pago por parte de los usuarios de los estratos 4, 5 y 6 de la sobretasa nacional de $4 por kW/h consumido con destino al Fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para el “pago de las obligaciones financieras en las que incurra… para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica en toma de posesión en el territorio nacional” (léase ELECTRICARIBE). Adicionalmente, las empresas vigiladas por la SSPD deberán pagar una contribución del 1% adicional a la que ya pagan a favor del mismo Fondo empresarial, la cual terminarán pagando los usuarios vía tarifa por hacer parte de sus costos.
*Amylkar Acosta Medina.
Ex ministro de Minas y Energía.
Miembro de Número de la ACCE.
www.amylkaracosta.net
