El 2 de marzo, el Consejo de Estado decretó medidas cautelares de urgencia, con las cuales suspendió provisionalmente los efectos jurídicos del Decreto 0227, que facultaba por tres meses al mandatario de los colombianos Gustavo Petro para asumir algunas de las funciones de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios. Ante el pronunciamiento, se le devuelven a la CREG sus facultades, hasta tanto dicho tribunal supremo resuelva de fondo una demanda de nulidad interpuesta por dos ciudadanos, quienes argumentan que el decreto se expidió irregularmente.