Gobierno debe brindar seguridad jurídica a los desarrolladores e inversionistas a través de un modelo contractual para las concesiones marítimas.
La ANI debe revisar el plazo de las concesiones portuarias del país, que le permitan a desarrolladores de los proyectos tener relaciones a largo plazo con los operadores portuarios.
La financiación conlleva la necesidad de revisar cuáles podrían ser los ingresos que se puedan contratar a largo plazo para viabilizar estos proyectos.