Entre las iniciativas planteadas se encuentra la necesidad de avanzar en el proceso de descarbonización, por lo que resaltó la importancia de que Colombia se proponga como meta ser carbono neutro para el 2035, y lograr acuerdos de cooperación con entidades internacionales como la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA por su sigla en inglés), en la adopción de mejores prácticas y estándares en la industria colombiana.

Teniendo en cuenta que una de las principales fuentes de contaminación del aire son los vehículos, especialmente los de carga pesada que responden por el 38% de las emisiones, propuso la reposición de este parque automotor con más de 20 años y su conversión a Euro VI, que en las vías troncales regionales se instalen estaciones de Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Natural Licuado (GNL), que se fije tarifas de impuestos y de aranceles según las emisiones de gases contaminantes, y que en la construcción de nuevas edificaciones y espacios públicos se garantice la conexión para vehículos eléctricos.        

Frente a las industrias intensivas en uso de carbón, planteó realizar inversiones en clústeres industriales de localidades con peores condiciones de salud por la mala calidad del aire, condicionadas a una mejora en eficiencia energética. Para el conglomerado, es necesario avanzar en la electrificación del país y en entregar soluciones energéticas confiables, limpias y seguras para más de un millón de hogares colombianos que cocinan con leña y se iluminan con velas.

Como última propuesta, el Grupo destacó el interés en desarrollar una apuesta por el hidrógeno verde, al considerarlo fundamental para aprovechar el gran potencial que tienen algunas regiones de Colombia, como la Costa Atlántica, y particularmente el departamento de La Guajira, que puede convertirse en el gran hub energético del país, que a su vez sea impulsor de desarrollo económico y social para el cierre de brechas. En este departamento confluirán proyectos de transmisión eléctrica como Colectora, parques eólicos y solares y gasoductos como Ballena-Barrancas, de TGI, por el que se podría transportar el hidrógeno verde al centro del país. 

Finalmente, resaltó que el sector energético es clave para la reactivación económica de Colombia. Los nuevos proyectos representan inversiones por $8 billones y cerca de 30.000 empleos. Sin embargo, para que esto sea una realidad es necesario diseñar políticas públicas para los proyectos de infraestructura de servicios públicos para una nueva asignación de riesgos en convocatorias, subastas y licitaciones, donde el Gobierno asuma un rol más activo en consulta previa y derechos de acceso ambiental.

De igual manera, se debe complementar y asegurar el abastecimiento por medio de la Planta de Regasificación del Pacífico. Es necesario asegurar el interés de los inversionistas en la convocatoria, para lo cual es fundamental incluir el mecanismo de recepción de los ingresos esperados ante retrasos por fuerza mayor, alteración del orden público o demoras en los trámites ambientales.