Esto significa que de ahora en adelante, no se podrá acudir a este mecanismo para realizar las operaciones respectivas.

De acuerdo con Ivonne Adriana Díaz, abogada demandante del decreto, hubo una violación de ciertas normas en las que debía fundarse una expedición irregular y una falsa motivación.

Uno de los principales argumentos en contra de esta medida era su posible efecto negativo en la libre competencia, ya que generaba una favorabilidad manifiesta para ciertas tecnologías en detrimento de otras.

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia, señaló que se tendrían en cuenta criterios de competitividad en la asignación, para evitar distorsiones de precios.

Con base en este decreto, el Gobierno lanzó dos subastas de contratos de largo plazo, la primera salió al mercado en 2019, mientras que la segunda en 2021.

Las mencionadas subastas, atrajeron el apetito de inversionistas locales y extranjeros que lo vieron como una oportunidad para ingresar al mercado con contratos y algunos beneficios tributarios. Sin embargo, los proyectos han presentado retrasos importantes, que han nublado el panorama. Las dos subastas tienen el potencial de incrementar la capacidad instalada en el país en 3,3 GW.

Con la nulidad del decreto, los mecanismos requeridos, no podrán usarse de nuevo. Manuel Gómez, abogado experto en derecho minero energético de Cuatrecasas, señaló que la decisión del Consejo de Estado se basó principalmente en temas relacionados con los trámites para expedir el decreto.

Al ser un tema relacionado con el mercado y que eventualmente podría afectar la libre competencia, se deben llevar a cabo algunos procedimientos, dentro de los cuales se cuenta un análisis de la Superintendencia de Industria y Comercio, los cuales se considero que no se han efectuado.

Con esta disyuntiva, se plantea, la necesidad crear algún mecanismo de viabilidad para la realización de proyectos de energía renovable de fuentes no convencionales.

“Llamamos a que el Gobierno expida un nuevo marco normativo que rija la comercialización de energía renovable en el largo plazo. Esto porque el desarrollo de los proyectos necesita de contratos que sustenten el capital que se requiere”, afirmó Alexandra Hernández, presidente de Ser Colombia.
Si bien la decisión del Consejo no era el escenario ideal para estas tecnologías, Hernández señala que desde ya se está trabajando en generar discusiones que permitan desarrollar un nuevo mecanismo el cual permita recoger las lecciones aprendidas, así como las buenas prácticas y con ello desarrollar rápidamente un decreto que habilite las ventas de energía a largo plazo.

De igual manera, afirmo que desde el Plan nacional de Desarrollo se expone que los comercializadores de energía deben contar en su portafolio con una participación importante de energías provenientes de estas fuentes, agilizando el proceso inicial con el objetivo de cumplir con lo establecido en la hoja de ruta del Gobierno de Gustavo Petro.

“El primer activo que debe entregar Colombia a los inversionistas es su seguridad jurídica y normas claras”, añadió Hernández.

Uno de los puntos a resaltar es que la decisión se basó en temas de trámite del decreto, por lo que en sí mismo no se pronuncia por el mecanismo o si se incumplen o no las condiciones de competencia.

Uno de los puntos más importantes y que genera nerviosismo dentro de los actores del sector se refiere a los contratos de compraventa de energía (power purchase agreements) enmarcados y consagrados en el decreto 570 de 2018 declarado nulo por parte del Consejo de Estado.

Si bien, la ley 142 de 1994 en su artículo 38 señala que “la anulación judicial de un acto administrativo relacionado con servicios públicos solo producirá efectos hacia el futuro”. Se considera que podrían mantenerse en pie, aunque no hay claridad hasta el momento acerca del tema.

Fuente: Portafolio.