Si no queremos una Transición caótica, ni el Gobierno ni las empresas desarrolladoras de los proyectos en los territorios deben perder de vista que, como lo recalca el Banco Mundial, ni los parques eólicos ni las granjas solares “existen en un vacío social. Como creaciones humanas, no pueden separarse de los entornos sociales y culturales en los que se diseñan, construyen y operan”.
La Transición energética, desde las energías de origen fósil, altamente contaminantes, hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), se debe implementar de manera inteligente y responsable, sin prisa que pueda poner en riesgo, como ha sucedido en Europa, la seguridad energética del país, pero, eso sí, sin pausa.
Como lo ha dicho el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz, se requiere “una Transición tranquila y eficiente”, a riesgo de enfrentar “una transición caótica” y, añadiría yo, traumática. A este respecto bien vale la pena traer a colación el sabio consejo del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva: “mientras no tengas energías alternativas, seguirás usando la energía que tienes”. Eso sí procurando mitigar su impacto medioambiental.
Es el caso de la estatal ECOPETROL, que ha hecho un gran esfuerzo para reducir el contenido de azufre en los combustibles, que en un momento dado llegó al extremo de contener hasta 1.200 partes por millón de contenido de azufre y hoy en día ronda las 50 partes por millón. Adicionalmente, se ha dado su propia ruta de Transición energética, con su estrategia Energía que transforma, que abarca todos los eslabones de la cadena de los hidrocarburos que extrae, refina y transporta, tendiente a alcanzar la neutralidad de carbono hacia el 2050 y ha dado pasos conducentes a ello, destacándose la instalación de 112.5 MW de potencia a partir de FNCER para generar la energía que demandan la operación varios de sus campos petroleros.
En la misma dirección y con los mismos propósitos, desde el 2005, gracias a mi Ley 693 de 2001, es obligatoria la mezcla de los biocombustibles en Colombia, a través de la cual se reducen anualmente en 2.5 millones de toneladas las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y 130 toneladas de material particulado, causados por la combustión de los motores. Ello se explica porque con dicha mezcla, al oxigenarlo, mejora ostensiblemente la calidad de los combustibles que se consumen en el país, contribuyendo de paso a la seguridad energética, a la ampliación de la frontera agrícola y a la generación de empleo formal e ingreso en el campo.
Si no queremos una Transición caótica, ni el Gobierno ni las empresas desarrolladoras de los proyectos en los territorios deben perder de vista que, como lo recalca el Banco Mundial, ni los parques eólicos ni las granjas solares “existen en un vacío social. Como creaciones humanas, no pueden separarse de los entornos sociales y culturales en los que se diseñan, construyen y operan”. Por ello es que yo insisto tanto en la importancia de la Licencia social, que no es otra cosa distinta que el consentimiento informado, por parte de las comunidades asentadas en el área de influencia de dichos proyectos; ello pasa por “el diálogo social para involucrarlas y protegerlas”, como lo plantea el Documento CONPES 4075 del 29 de marzo de este año, en el cual se trazan los lineamientos de la Política de Transición energética, ya que deben ser las primeras beneficiarias de las mismas, pues resulta inaceptable ¡que haya luz en la calle y obscuridad en la casa!
Una Transición energética que no sea justa, incluyente, solidaria, que los beneficios de quienes ganan con ella no se de a expensas de quienes pierden, que deben ser compensados y que contribuya a la cohesión social, no es sostenible ni sustentable. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Conferencia del 2013 expidió una Resolución reivindicando la transición justa, la cual fue ratificada en su Consejo de gobierno en 2015. Posteriormente la Agencia Internacional de la Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés) y la OIT firmaron un Acuerdo en octubre de 2021 comprometiéndose en promoverla. La Declaración conjunta que firmaron en octubre pasado la OIT y la Agencia Internacional de las Energías Renovables IRENA, es elocuente: “un progreso que no sea justo e inclusivo no es sostenible. No se puede lograr una economía verde sin crear oportunidades para todos, asegurando que todos los grupos de la sociedad tengan acceso a empleos decentes y bien remunerados” ¡Así de claro!
Pero, indudablemente, el mayor espaldarazo a la Transición energética justa se la dio la COP26, que tuvo lugar en Glasgow (Escocia) en noviembre pasado. En el marco de la misma, más de 30 países, incluyendo entre ellos a los principales productores de petróleo y carbón, suscribieron una Declaración en la que se comprometieron a implementar estrategias que respalden a los trabajadores, a las empresas y a las comunidades en el curso de la Transición hacia economías verdes. En ella se hace hincapié en la perentoria necesidad de garantizar “que nadie se quede atrás en la transición, en particular aquellos que trabajan en sectores, ciudades y regiones que dependen de industrias y producciones intensivas en carbono”. En suma, deben primar los principios de la equidad, la solidaridad, la inclusión y la cohesión social.
La OIT ha reiterado que “una Transición energética justa es urgente, indispensable y posible” y que “hay evidencias claras de que habrá más ganancias que pérdidas, para la economía y para las personas” y este no debe ser un juego de suma cero donde unos ganan lo que otros pierden. Al fin y al cabo, la Transición energética debe ir de la mano con el cumplimiento de los 17 objetivos del desarrollo sostenible (ODS), especialmente el 7º que prevé el acceso universal a la energía limpia.
*Amylkar Acosta Medina.
Ex ministro de Minas y Energía.
Miembro de Número de la ACCE.
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