En este especial periodístico, es imprescindible dar un vistazo a las Zonas No Interconectadas para saber cómo se está supliendo el servicio de energía en dichas regiones apartadas del país. También conocer qué viene en el corto, mediano y largo plazo y el rol protagónico de las energías renovables para ofrecer soluciones energéticas a las poblaciones que allí habitan. El Director del IPSE José David Insuasti Avendaño, resuelve a continuación las diversas inquietudes que Mundo Eléctrico le plantea.

En diálogo con nuestra revista, el Director General de Enel en Colombia Lucio Rubio, hace un balance de lo que ha sido este “atípico” 2020 para la compañía, los retos que ha debido afrontar, así como los proyectos y perspectivas en el corto y mediano plazo. El manejo de la pandemia a nivel corporativo, la apuesta por las energías renovables y el impulso de la movilidad eléctrica, son algunos de los aspectos a los que se refiere en esta entrevista.

En los próximos días el concesionario ETIB S.A.S. comenzará a operar los primeros 13 nuevos buses eléctricos para el componente de alimentación en las zonas de Perdomo y Venecia, sur de Bogotá. Se trata de la primera entrega, de la que será la flota eléctrica más grande de Colombia, con un total de 483 vehículos que ingresarán de manera progresiva al Sistema entre diciembre y el primer trimestre del año 2021.

Innumerables son las inquietudes de los capitalinos y del país en general sobre la Primera Línea del Metro de Bogotá y todo lo que este megaproyecto implicará para la ciudad y sus habitantes, en diversos aspectos. Para resolver estas dudas, publicamos a continuación una entrevista exclusiva que nos concedió la Empresa Metro de Bogotá.

En este informe especial sobre Proyectos y Perspectivas del sector, consultamos a una de las fuentes oficiales de la Generación del país, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía ANDEG, para revisar, con su Director Ejecutivo, Alejandro Castañeda, cómo se ha visto afectado el sector eléctrico nacional en este 2020, qué impactos se han ocasionado en los cronogramas de los proyectos y que viene en la etapa pos pandemia.

El pasado 10 de noviembre, durante la inauguración de la granja solar Bayunca 1, desarrollada por Egal y Promoenercol, el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció una tercera subasta de contratos de largo plazo en Colombia que será lanzada en 2021, con el fin de seguir impulsando la Transición Energética y la reactivación sostenible del país, luego de los efectos causados por la pandemia del COVID-19.

“Esta nueva subasta será para proyectos que estén en operación antes de diciembre de 2022, para seguir consolidando esta revolución de las energías renovables no convencionales. En sólo 27 meses hemos multiplicado por 5 la capacidad instalada de renovables en el país y en los próximos 22 meses lo vamos a multiplicar por más de 20 veces. Esta nueva subasta va a llevar a que Colombia sea líder en la Transición Energética en América Latina”, aseguró el presidente de la República, Iván Duque Márquez.

Las condiciones de este proceso serán definidas y anunciadas por el Ministerio de Minas y Energía, y para esta oportunidad, se observa un potencial de participación de los comercializadores que atienden a usuarios no regulados (industrias), los cuales representan el 29% de la demanda nacional de energía, sin descartar que puedan participar los representantes de la demanda regulada (residencial y pequeños negocios).

A la fecha, en la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) se encuentran registrados más de 7.260 MW de capacidad instalada en proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) en todo el país.

• La nueva capacidad instalada que se logre adjudicar en esta subasta se sumará a los más de 2.800 megavatios de energía solar y eólica que actualmente están en construcción, gracias a proyectos de autogeneración y a las subastas que se realizaron en 2019, las cuales le permitieron a Colombia dar un salto histórico hacia la Transición Energética.

• Las energías renovables no convencionales serán fundamentales para impulsar la Reactivación Sostenible que necesita Colombia, luego de los efectos causados por la pandemia del Covid-19.

• Actualmente, en la UPME se encuentran registrados proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) por más de 7.260 MW. El 80% de esta capacidad instalada es de proyectos solares ideales para esta subasta ya que pueden ingresar en el corto plazo.

“La política del gobierno del Presidente Iván Duque para diversificar nuestra matriz eléctrica es una realidad que se demuestra con hechos, al pasar de menos de 50 megavatios de capacidad instalada con fuentes renovables no convencionales en Colombia en 2018 a más de 2.800 megavatios para finales del 2022. Esta nueva subasta permitirá al país aprovechar aún más el potencial de generación solar con proyectos solares registrados ante la UPME, que suman más de 5.800 megavatios. Sólo la construcción de aquellos que están en las fases más avanzadas podría representar inversiones por más de 6.800 millones de dólares y la generación de hasta 32.000 empleos. De este modo, el sector minero-energético se consolida como uno de los ejes principales de la reactivación económica sostenible que necesita el país”, aseguró el Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.

Este anuncio se da tras cumplirse el primer año de la subasta de renovables que le permitió a Colombia dar un salto histórico hacia la Transición Energética. A 2022, el país contará con más de 2.800 megavatios de capacidad instalada de energía solar y eólica, gracias a proyectos de autogeneración y de contratos bilaterales, que representarán el 12% de la matriz energética.

Actualmente avanza en el país el desarrollo de 14 proyectos eólicos y solares a gran escala que recibieron asignaciones en las subastas de Cargo por Confiabilidad y de Contratos de Largo Plazo, y representarán inversiones por más de $7 billones y más de 6.000 oportunidades de empleos, principalmente, en la región Caribe. Estas cifras demuestran que las energías renovables no convencionales serán fundamentales para impulsar la Reactivación Sostenible que necesita el país.

La subasta realizada en 2019 por el Ministerio de Minas y Energía es reconocida internacionalmente como la única subasta de energías renovables de dos puntas, lo que llevó a que los precios logrados fueran un 30% inferiores a los de los contratos bilaterales que hay en el mercado, ubicándose entre los más bajos de subastas de este tipo en el mundo.

Parque Solar Bayunca 1

Este proyecto desarrollado, ubicado en Cartagena de Indias, fue construido y operado por las empresas Promoenercol y Egal, con una inversión privada de cinco millones de dólares. El Parque Solar Bayunca 1 es una moderna instalación con 9.810 paneles solares, capaces de generar más de 7.1 gigavatios hora/año, lo necesario para atender las necesidades de energía de más de cuatro mil hogares, y convierte a Cartagena en la primera capital colombiana con proyectos solares conectados a la Red Nacional.

José Manuel Izcue, Presidente de PROMOENERCOL, destacó el buen momento que atraviesa Colombia para atraer inversión nacional y extranjera destinada a robustecer las empresas de generación de energías renovables, especialmente las medianas y pequeñas, teniendo en cuenta los incentivos tributarios otorgados por el Gobierno Nacional.

“Esto permitirá a Colombia sumarse a la tendencia mundial de cambiar paulatinamente la generación de energía a partir de combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural o el carbón, hacia las energías limpias como la solar, o la eólica, entre otras”, anotó Izcue.

Por su parte, Iván Martínez, Presidente de EGAL, destacó que la empresa seguirá implementando proyectos de energía solar que permitan cumplir las predicciones de la UPME y el Ministerio de Minas y Energía, en cuanto que en 2030 el 10 por ciento de la energía a consumir Colombia tendrá origen en recursos naturales renovables.

La Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño García, le confesó a Mundo Eléctrico que el proceso de Electricaribe ha sido, sin duda, la situación más complicada de resolver a la que se ha enfrentado en su vida. Para ella, esta ha sido una verdadera “prueba de resistencia” que después de dos años de trabajo desde el ente de control y vigilancia, ha podido ver la luz al final del túnel, con la adquisición del negocio por parte de los dos nuevos operadores AFINIA y AIRE.

En este informe especial, la Superintendente nos explica en detalle cómo recibió el proceso hace dos años, cuando se posesionó en el cargo, cómo se replanteó el esquema y qué se logró concretar el pasado 30 de septiembre. Además nos comenta, el otro gran desafío de este 2020, pues por cuenta de la pandemia, diversas empresas de servicios públicos domiciliarios del país, también han estado en el ojo del huracán y bajo la lupa de la Superservicios.

Mundo Eléctrico ¿Cómo ha sido el proceso de intervención de Electricaribe y qué ocurrido a lo largo de estos dos años en torno al tema?
Natasha Avendaño García: Ese era tal vez el reto visible más grande de la Superintendencia, pero no el único, por tratarse de la empresa intervenida con mayor número de usuarios y la más grande, lo cual generaba un impacto enorme en materia de servicios públicos en el país.

Cuando me posesioné, el 4 de octubre de 2018, había un proceso en marcha de un esquema de solución que se había lanzado el 28 de septiembre de ese mismo año. En dicho esquema había unas condiciones de una venta del mercado completo, y la función de la SSPD era garantizar que se llevará a cabo adecuadamente.

Cuando se cerró la primera etapa de precalificación, la primera semana de noviembre de 2018, hubo solamente intención de participar en el proceso por parte de una empresa, pero sin ninguna garantía.

En ese momento, se hizo un alto en el camino, se evaluaron todas las variables, y el gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República, tomó la decisión de hacer varios cambios al proceso para saber cómo enfrentar y solucionar el reto de Electricaribe.

Una de las decisiones que tomé, con el respaldo del presidente Duque y de sus ministros, fue cambiar el agente especial de Electricaribe, el 16 de noviembre de 2018. Ahí arrancamos la nueva ruta. Dos semanas después, el Presidente anunció que se suspendía el proceso que estaba en curso de precalificar a la única empresa interesada; anunció una serie de decisiones que debían materializarse con el concurso del congreso, para el caso de los temas que necesitaban habilitación legal, los cuales fueron incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. De otra parte, se debían garantizar los recursos provenientes del Ministerio de Hacienda y tener en cuenta que el Estado iba a asumir unas deudas, para bajar una carga financiera al negocio, con el fin de poder segmentarlo en dos o tres para hacerlo viable, pero hasta en ese momento no teníamos claro cuál iba a ser la división.

Mundo Eléctrico entrevista vía Zoom a la Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño García

Empezamos a pensar cuál era la mejor ruta a seguir, la manera idónea de segmentar, y garantizar que esta solución sí iba a funcionar. Esto venía de la mano de la prestación del servicio.
Esta es la situación a resolver más difícil a la cual me he enfrentado en mi vida, pues nadie tiene idea lo que representaba Electricaribe. Allí, todos los días podía surgir un inconveniente; este proceso parecía una “prueba de resistencia”.

El propio presidente lo anunció recientemente en los actos protocolarios: Este era uno de los problemas más grandes que el país tenía por resolver, y se hizo enteramente en la gestión de este gobierno: se pensó, se materializó y se gestionó, con todas las garantías técnicas de que va a ser un proceso sostenible, con AFINIA y AIRE, dos operadores que tienen las ventajas de ser nacionales, contar con la capacidad financiera, y tener la experiencia en mercados importantes y complejos.

Pero, Electricaribe, no era el único tema que manejaba la Superintendencia. La entidad tiene otros 3.699 vigilados correspondientes a todos los servicios públicos que controla y vigila, los cuales requieren gestión permanente. Todos los usuarios son igual de importantes, y necesitan atención. Por eso el reto ha sido tan grande.

En este momento, son 9 las empresas que la superintendencia tiene intervenidas, de las cuales, contando con Electricaribe, ya son tres los esquemas de solución que hemos sacado adelante.

Mundo Eléctrico ¿Cuáles son las otras empresas que están intervenidas?
NAG: El Acueducto de Carmen de Bolívar, la Empresa de Servicios Públicos de Vélez Santander, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Quibdó, la Empresa de Acueducto y Elcantarillado de Flandes, Electrolima, la Empresa de Servicios Públicos de Villa del Rosario, Emcartago y la Empresa de Aseo de Cali.

Mundo Eléctrico: Hoy, aunque los usuarios de la costa pasen a ser atendidos por otras compañías, entendemos que Electricaribe seguirá intervenida. Aclárenos ese tema, por favor.
NAG: Electricaribe está intervenida con la modalidad de Administración temporal con fines liquidatorios. Teniendo en cuenta que los usuarios ya están siendo atendidos por otras empresas, estamos estructurando cuándo se va a llevar a cabo la liquidación, y mientras eso no se dé, no se puede levantar la toma de posesión.

Mundo Eléctrico: Dentro de los malos manejos de Electricaribe, han quedado casos dolorosos como el del señor William Dau, quien falleció en su casa tras un corte de energía que lo dejó sin respirador en plena pandemia. ¿Cómo avanza esa investigación?
NAG: En la Superintendencia requerimos a Electricaribe para que diera toda la explicación sobre este caso; la empresa nos respondió con todas las evidencias e información que tiene, no solo sobre este sino también sobre otros casos, para determinar si hay lugar a una investigación o no. Esto es independiente de todas las acciones de la fiscalía y demás. Si hubo una falla en la prestación del servicio o una responsabilidad por parte de la empresa, se abrirá la investigación, se deben respetar los tiempos procesales y dado el caso, se dará lugar a una sanción.

Mundo Eléctrico: ¿Qué le dice usted a los usuarios y al país sobre el control y vigilancia que ejercerá a AFINIA y AIRE para evitar que la costa atlántica se vea afectada como tradicionalmente ha sido en materia de servicio de energía?
NAG: Ese justamente fue uno de los temas ante los cuales, desde un comienzo, manifesté mi gran preocupación. Sin el ánimo de usar el espejo retrovisor, debemos aprender de las situaciones y analizar lo que nos llevó a vivir la situación actual.

Si miramos desde el interior de la Superintendencia, Electricaribe no tenía sanciones, al momento de tomar posesión, entendiéndose esta como la sanción más grave: es la materialización última de la obligación de garantizar la prestación del servicio, por parte del Estado, en cabeza del presidente de la República, a través de la Superintendencia.

Para el caso de Electricaribe, era muy complicado llegar a tomar posesión cuando no existían investigaciones y sanciones, y esa es una decisión muy difícil para un superintendente, pero ya era el último camino porque se habían agotado todos los pasos anteriores.

Desde el comienzo se determinó que las empresas que llegaran a prestar el servicio iban a tener un acompañamiento permanente de la superintendencia, porque ya no hay margen de maniobra para equivocarse. El problema de Electricaribe es tan grande y tiene tantas deficiencias en inversión e infraestructura, que por esa misma razón era tan importante revisar la capacidad operativa de las compañías que asumirían la prestar del servicio. Más allá de su capacidad financiera, era indispensable la capacidad operativa, el conocimiento en la operación de mercados de energía y especialmente en estas condiciones tan complejas.

Las 6 empresas que mostraron interés en el proceso, de antemano sabían cuáles eran condiciones que se debían cumplir, y que quien resultara seleccionada, tendría hasta 4 meses después de iniciar la operación, para suscribir el programa. Fue necesario desarrollar el programa de gestión más ambicioso que ha diseñado la superintendencia en sus 26 años de existencia, pues no se ha pasado ningún detalle por alto; se contemplaron no solamente los indicadores que señala la regulación, sino otros adicionales que para el caso particular de Electricaribe se debían tener en cuenta, pues eran aspectos que estaban muy deteriorados: el servicio al cliente, las PQRS, servicio social, en fin, una cantidad de frentes que estaban absolutamente desmejorados y en los cuales las nuevas compañías deben trabajar fuertemente para construir una nueva imagen.

Son más de 50 indicadores a los que se les hace seguimiento, unos de forma trimestral, otros anualmente, y la superintendencia está controlando y vigilando permanentemente, justamente para constatar que si en algo se está fallando, se pueden levantar las alertas a tiempo para corregir y mejorar, y no esperar a que pasen tres o cuatro años para darse cuenta que el proceso fracasó.

Con AIRE, el mismo día que firmó la recepción del negocio, el 30 de septiembre, suscribimos el acuerdo del programa de gestión. AFINIA por su parte está terminando los indicadores y esperamos que antes de finalizar este 2020 podamos suscribir el programa, pues el contrato determina que tiene cuatro meses para ese proceso.

El caso es tan importante y tan delicado que tiene un control y vigilancia un poco diferente y más especial que el de los otros vigilados, por su impacto social. Repito: ningún vigilado es más importante que otro, pero la historia de la mala prestación del servicio de Caribe ha sido tal que este es un tema donde no nos podemos dar el lujo de cometer errores ni dar espacio a equivocaciones. Entonces, vamos a hacer una vigilancia especial o más bien, un seguimiento al programa de gestión que garantiza que en esos aspectos particulares se va a hacer una vigilancia permanente de los indicadores y un acompañamiento constante.

Lo que AFINIA y AIRE recibieron es tan complejo, que tienen un gran trabajo por delante y queremos acompañarlos para que no se desvíen, pues no hay mucho margen de error. Los montos de inversión son muy grandes: 2,6 billones para AIRE y 3,2 billones para AFINIA, en cinco años, montos que Electricaribe nunca tuvo, pues sus inversiones ascendía a 200.000 millones de pesos al año, mientras que estas empresas deberán invertir entre 800.000 y un billón cada año.

Mundo Eléctrico: ¿Los usuarios cuándo van a empezar a ver reflejados los beneficios de esta transición?
NAG: Afortunadamente, dentro de los anuncios que hizo el Presidente de la República, se mencionaron medidas, no solo para el mediano y largo plazo sino para el corto plazo, con el fin de garantizar el servicio y recursos para inversión.

El gobierno puso recursos por 860.000 millones de pesos para financiar el primer año de inversión, los cuales habían sido aprobados por el CONPES. Todos esos recursos quedaron contratados al 30 de enero de este año. La empresa hizo un gran esfuerzo para contratar obras para los dos mercados por ese valor, presupuesto que se está ejecutando y ya se han recibido varios de esos contratos.

Por ejemplo, hay seis subestaciones que requieren un tiempo de entre 8 meses y un año para su realización; estas obras ya están en marcha. Esto le va a dar un poco de tranquilidad a las nuevas empresas que ya reciben estas obras con algún avance, pues llegan a operar y no tienen la angustia de contratar obras nuevas para el primer año de operación.

Contemplamos que el proceso se podía demorar un poco y era necesaria una etapa de transición después de la adjudicación, por lo cual, queríamos tener ciertas garantías en la prestación del servicio mientras se daba esa transición.

Con base en el cronograma, las últimas obras que se deben entregar, estarán listas para el primer trimestre de 2021, es decir, a mediados del próximo año, ya se pueden empezar a notar mejoras evidentes en el servicio.Los operadores están haciendo intervenciones en la red, permanentemente y poco a poco irá mejorando la calidad del servicio. Las dos empresas hicieron una apuesta muy grande, porque creen en el país y en el potencial de la región. Además, ambas tienen una vocación de servicio muy importante. Las dos están haciendo nuevas cosas y solucionando dificultades que surgen en el día a día, porque las deficiencias de una infraestructura a la cual no se le hicieron inversiones en diez años, se deterioró de una manera terrible. Es un gran reto para estas empresas.

En este proceso, uno de los grandes desafíos es recuperar la confianza del usuario. Si un usuario pone una queja, se le debe atender pronto, ir, revisar. En la medida en que ellos respondan a tiempo, el usuario se dará cuenta que el operador no solo tiene la voluntad sino el compromiso de cambiar.

Mundo Eléctrico: ¿La realidad es que esos 860.000 millones, los vamos a asumir los colombianos?
NAG: lo asume el Estado; con ese presupuesto de la Nación se va a pagar el pasivo pensional y el pasivo con el fondo empresarial. Esa es la única manera de poder sacar adelante este proceso.

Con el anterior esquema que se estaba planteando, al cual me referí inicialmente, si la única empresa interesada hubiera comprado a Electricaribe en esas condiciones, recibía una deuda de ocho billones de pesos mal contados, sin haberle invertido un peso a la red y con una perspectiva de hacer inversiones, en los próximo diez años, de otros ocho billones de pesos. Esa era una solución inviable para cualquier operador.

Por esta razón se tomaron las decisiones pues la obligación constitucional del Estado es garantizar la prestación del servicio.

En conclusión:
1. El pasivo pensional de largo plazo lo asume la Nación, el cual asciende aproximadamente 100.000 millones de pesos al año, que se incorporan en el presupuesto general, para garantizar el pago a los 3.000 pensionados de Electricaribe.
2. Las deudas causadas y en las que se iba a seguir incurriendo para garantizar la prestación del servicio de los usuarios de la Costa, con el fondo empresarial, también se las quitamos a los nuevos operadores.

Esa es la única manera de poder sacar adelante este proceso.

Mundo Eléctrico: ¿Explíquenos por favor el tema de que la cartera corriente y la cartera morosa de Electricaribe que fueron cedidas a las nuevas empresas?
NAG: Dentro del proceso de venta, la cartera es uno de los activos de la empresa y hace parte del total de la venta de la compañía. La cartera, simplemente es el cobro por un servicio ya prestado.

Las nuevas empresas tienen la obligación de gestionar esa cartera para ellas mismas, porque adquirieron una infraestructura asociada a unos activos, y una cartera derivada de la prestación del servicio.

Esas voces de la costa que se escuchaban diciendo muchas veces que Electricaribe se moría y que esto era “borrón y cuenta nueva”, no es cierto. No puede haber gratuidad de los servicios públicos, eso está prescrito por la ley y no se puede matar una deuda de un servicio público que ya se prestó. Los operadores pueden establecer acuerdos de pago, revisar cada caso, pero la cartera existe y debe ser cancelada.

Mundo Eléctrico: ¿Qué va a implicar esta transición para ofrecer un servicio de calidad y cómo se va a ver impactada la tarifa?
NAG: En el país, desde febrero de 2018, la CREG determinó una nueva metodología tarifaria con la Resolución 15, la cual establece el esquema de remuneración del componente de Distribución a todos los operadores de red del país. Casi todos los operadores de red ya obtuvieron los nuevos cargos, aprobados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Muchos de ellos, empezaron a aplicar esos nuevos cargos antes de la pandemia y otros se vieron obligados a suspender los aumentos que tenían programados a raíz de la emergencia sanitaria.

El objetivo de la resolución y el cambio que la Comisión le trató de dar a ese nuevo esquema fue priorizar dos cosas:

1. La mejora en los indicadores de la calidad en el servicio que se le presta a los usuarios, disminuyendo las interrupciones y la frecuencia de las mismas.
2. Disminuir las pérdidas de red para garantizar el uso eficiente de la energía, y evitar que esas pérdidas implicarán un sobrecosto para los usuarios.

En caso de Electricaribe, en virtud de uno de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo, se dio el permiso de generar una regulación transitoria tarifaria, esto, teniendo en cuenta que el operador o los operadores que se hicieran cargo de la empresa, estarían en desventaja con respecto a otros operadores de red.

Lo que hizo la resolución 10 de 2020, la cual reglamentó ese artículo del Plan, fue darle un arranque diferente a los nuevos operadores, distinto al de los otros operadores del país, esto con el fin de que al llegar a la resolución 15, la transición fuera más suave y se les castigará menos en los indicadores de calidad y pérdidas. Cada operador debe presentar la solicitud de cargos de distribución a la comisión para que la CREG los apruebe. Mientras esto sucede, seguirán cobrando lo que cobraba Electricaribe.

Electricaribe no manejó cargos de la resolución 15, nunca se le aprobaron ya que estaba destinada a desaparecer. Entonces, las dos nuevas empresas están cobrando con la resolución anterior, la 97 y por su lado cada una está haciendo la solicitud de cargos de distribución ante la CREG, bajo la nueva metodología. Aquí están contempladas las inversiones que AFINIA y AIRE deben hacer hacia el futuro, contra la mejora en los indicadores de calidad y pérdidas.

Es importante aclarar que la antigua resolución 97 que regía para todos los operadores de red, remuneraba las inversiones hechas, pero en el Caribe, como no se hacían inversiones, el cargo de distribución, en comparación con el resto de los operadores, era el más bajito del país.

Ahora, como va a haber inversiones, ese cargo se va a equiparar con las empresas del resto del país, pero los operadores, también tienen una alternativa regulatoria, que para ellos es prácticamente obligatoria. Se trata de la “Opción tarifaria”, un instrumento contemplado en la Resolución CREG 168 de 2008, el cual permite moderar incrementos abruptos en la tarifa mediante la acumulación de saldos que son pagados por el usuario con posterioridad a lo largo de un mayor período de tiempo. Los operadores van a hacer uso de este mecanismo.

Ambos operadores son conscientes que no se puede dar una subida impactante en la tarifa, especialmente hasta que no se empiecen a notar los cambios positivos en la prestación del servicio. Además, no es cierto que la gente en la Costa tenga malos hábitos de pago, como se argumentaba de forma errónea por Electricaribe. La gente paga cuando se le presta un servicio de calidad y eso se ve reflejado en el pago de los otros servicios públicos como agua y gas que funcionan correctamente en la región, donde hay tasas de recaudo de entre el 98 y el 100%.

Mundo Eléctrico: Este año ha traído otro gran reto con la pandemia. ¿Cuál es el balance del control y vigilancia que ha ejercido la entidad concretamente a las empresas del sector eléctrico?
NAG: Ha sido complejo porque los servicios públicos fueron los más afectados, en materia de quejas.

En energía, fundamentalmente, se mezclaron unas dinámicas que acentuaron las dificultades: Se juntaron por ejemplo los precios de bolsa de febrero (el más alto precio del KW registrado este año) con el inicio de la pandemia, y no era porque se hubiera subido la tarifa. El servicio que pagamos hoy es el que consumimos el mes pasado, no el de hoy, pero la gente no lo veía así. Además, cuando empezaron a llegar los recibos, después de que la gente llevaba un mes encerrada en sus casas, 24 horas, trabajando y estudiando, el consumo aumentó. Esto, sumado a otras decisiones no tan afortunadas como facturar por promedio, por razones de bioseguridad, fue complicado.

Los primeros tres meses de pandemia, desde la Superintendencia trabajamos más de lo habitual y llegó un momento en que no sabíamos si era sábado, domingo, si eran las 6 de la mañana, o las doce de la noche…

Permanentemente requeríamos a las empresas, ateníamos debates, requerimientos de la Procuraduría, avanzábamos en los procesos para que, determinar después de una investigación, si hubo incumplimiento por parte de los prestadores. En esas estamos.

Mundo Eléctrico: ¿Cómo está Colombia en materia de Control y Vigilancia, con respecto a otros países de América Latina?
NAG: La Superintendencia ha venido avanzando en fortalecerse, especialmente en sus capacidades de inspección y vigilancia. Tenemos 3.700 vigilados y debemos ser eficientes en la manera en que los vigilamos para poder ser efectivos. Cerca de 2.800 son pequeños prestadores, distribuidos en todo el país, especialmente en temas de acueducto, por lo cual, se requiere priorizar y encontrar, a través de métodos analíticos, a cuáles vigilados debemos “ponerles la lupa”. Por esta razón, en estos dos años nos hemos concentrado en la supervisión basada en riesgos, que nos permita ser mucho más efectivos, con analítica de datos.

En segundo lugar, es hora de darle una mirada a la ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se crea la SSPD. Si bien, ha sido catalogada como una de las mejores leyes con las que cuenta el país, nunca se ha tocado, y se quedó en lo que era el sector de servicios públicos hace 26 años. Al respecto, estamos trabajando, en conjunto con los ministerios, un proyecto de ley para mejorar las capacidades de la SSPD y ponerlas a tono con la realidad de los servicios públicos de la actualidad; eso es fundamental para fortalecer esa supervisión.

El tercer aspecto es que la SSPD estaba en mora de fortalecer su estructura y su planta de personal. En octubre de este año logramos los decretos de reestructuración y modernización que nos permiten tener algo mucho más robusto para estar más a tono con el sector vigilado.

En conclusión, hemos avanzado bastante. Lo que faltaría, sería poder tener ese proyecto de ley avanzando y convertirlo en ley de la república, para tener una supervisión y vigilancia completamente fortalecidas.

Por ahora vamos bien. Hemos hecho un ejercicio de estar mucho más presentes y quiero, para terminar, referirme a la misión que nos fijamos para estos cuatro años: nuestro trabajo es garantizar los derechos y deberes de usuarios y prestadores. Que los usuarios cumplan con sus deberes, que paguen los servicios, haciendo un uso adecuado de la infraestructura y que no se les vulneren sus derechos. Al mismo tiempo, que los prestadores cumplan con sus obligaciones pero que no se les sean vulnerados sus derechos. Una buena vigilancia y control se hace garantizando que haya un balance entre usuarios y prestadores de servicios.

Un recorrido por los principales destinos turísticos colombianos, a través de sus regiones, es la invitación de los Alumbrados Navideños de EPM en Medellín, que en 2020 lleva a sus visitantes en un viaje de fantasía y color -con efectos innovadores en iluminación- por la diversidad cultural, celebraciones, tradiciones, fauna, flora y patrimonio arquitectónico nacional.

Para recrear los Alumbrados Navideños de Medellín se instalaron 30.500 figuras tejidas a mano por madres cabeza de familia, con siete toneladas de papel metalizado. Además de 28 millones de bombillas LED, 830 kilómetros de manguera luminosa LED, 7.000 metros de manguera luminosa neón, 169 proyectores de luz de 1.000 vatios, 250 proyectores LED RGB, 450 tubos LED y 250 metros de cintas LED RGB, entre otros elementos que tienen un consumo eficiente de energía y amigables con el ambiente. En total es un equipo de 270 personas, entre artesanos, soldadores, ingenieros, arquitectos y diseñadores, quienes fueron los encargados de dar vida a la temática de 2020.

El 20 de noviembre de 2020, la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) y el Consejo Global de Energía Eólica (GWEC) firmaron un acuerdo de cooperación para unir esfuerzos destinados a aumentar la adopción y el despliegue de energía eólica y renovable energía en todo el mundo. Este acuerdo fue firmado por el Director General de IRENA, Francesco La Camera, y el CEO de GWEC, Ben Backwell, con motivo de Race to Zero Dialogues, un programa para acelerar el progreso de los gobiernos, la industria y otras partes interesadas clave para cumplir con el Acuerdo de París, convocado por la Level Champions for Global Climate Action.

Como se muestra en el informe Global Renewables Outlook de IRENA, un futuro que cumpla con los requisitos de París para 2050 requiere cambios transformadores en las políticas, el comportamiento y la cooperación internacional. Las tecnologías renovables como la energía eólica terrestre y marina, así como las medidas de eficiencia energética, pueden generar más del 90% de las reducciones de emisiones necesarias, al tiempo que proporcionan empleo neto y ganancias económicas en el proceso.

Tanto IRENA como GWEC reconocen que la descarbonización rápida requerirá una variedad de cambios de política e inversiones, incluida la intensificación de los compromisos de energía renovable, la resolución de barreras regulatorias y de mercado, la mejora del acceso a la financiación y la ampliación de la cartera de proyectos financiables. Alrededor de un tercio de toda la nueva capacidad de energía renovable agregada en 2019 provino de la energía eólica y los datos de IRENA sugieren que la energía eólica, junto con la solar, dominará el crecimiento futuro de la capacidad.

Más de 2.500 hogares de 66 comunidades indígenas y 429 hogares afrodescendientes de los municipios de Bajo Baudó y Litoral del San Juan en el Chocó, serán los beneficiados de la donación de 3.000 paneles solares que destinó el gobierno de la República Popular de China para personas en condición de pobreza, tras las gestiones de cooperación internacional de Prosperidad Social.

Se trata de 3.000 paneles solares de 20 watts, con seis metros de alcance. Cuentan con una batería de litio de 11.1V/12 AH, seis luces led superbrillantes de 3 watts, cada una, 5 metros de cable, así como con un indicador de carga. Las baterías tienen un tiempo de carga de entre 10 y 11 horas.

La primera entrega se realizó al Alcalde del Litoral del San Juan, Elio Moreno, para beneficiar a 1.220 familias indígenas y 214 hogares afrodescendientes, a comienzos del mes de noviembre, tras la reunión intergubernamental entre el presidente Iván Duque y el presidente Xi Xingping el año anterior, cuando se formalizó el convenio con el cual el país asiático dona las soluciones de iluminación fotovoltaica por un valor de 4.500.000 yenes, equivalentes a 2.538.916.087 pesos para el fortalecimiento de los procesos de superación de pobreza en zonas rurales del país.