El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE), con apoyo de MinEnergía, lanzó el programa “Con Energía”, en La Jagua de Ibirico (Dpto. del Cesar), el cual beneficiará a más de 300 centros educativos y de salud ubicados en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC), así como a municipios con niveles de pobreza extrema y de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
Con una inversión de más de 80 mil millones de pesos, se espera instalar más de 2.400 paneles solares durante el segundo semestre de 2023 y cerca de 6.400 paneles solares durante 2024, generando así ahorros superiores a los 4 mil millones de pesos en los costos de energía, mitigando más de 700 toneladas de CO2 a partir del 2025.
El Cesar es el primer departamento beneficiado, con una inversión de más de 4 mil millones de pesos, representados en 250 KWp en 14 centros educativos y del servicio de la salud.
Adicionalmente, “Con Energía” tiene el propósito de formar y capacitar en operación y mantenimiento de las Soluciones Solares Fotovoltaicas instaladas.
Fuente: FENOGE
Airbus, la compañía pionera mundial en la industria aeroespacial, trabaja en el aprovechamiento de las fuentes de energía renovable alternativa para impulsar vuelos estratosféricos no tripulados de alta resistencia.
En la actualidad, Airbus avanza en la tecnología de células solares para permitir que los vehículos aéreos no tripulados permanezcan en la estratosfera durante períodos prolongados, utilizando únicamente la luz solar como energía.
Sus esfuerzos se centran en:
El programa insignia Zephyr, es un pseudosatélite de gran altitud que funciona exclusivamente con energía solar.
Fuente: Airbus
“Despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas”
Antonio Machado
Hay un antes y un después del año 2015, cuando tuvo lugar la 21ª Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21), que concluyó con la firma del Acuerdo de París, al tiempo que la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 compendiada en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).
La descarbonización de la economía para contrarrestar el cambio climático y conjurar sus estragos, por una parte, y propender por la universalización del acceso de la población a energías limpias, por la otra, son dos compromisos inaplazables de la comunidad internacional y la Transición energética la estrategia para lograrlo.
Colombia por su parte tiene el compromiso con la comunidad internacional de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que para el 2019 alcanzaron los 275 millones de toneladas, 0.57% de las totales, en un 51% para el 2030. Y ha venido dando los pasos conducentes para su cumplimiento. A ello apuntan la Ley 1844 de 2017, mediante la cual se ratificó por parte del Congreso de la República del Acuerdo de París, y el Documento CONPES 3918 de 2018 contentivo de la estrategia para la implementación de los ODS.
De acuerdo con el principio establecido en la COP26 de “responsabilidad común pero diferenciada”, se reconoce que no todos los países tienen las mismas responsabilidades y compromisos, así como las capacidades para enfrentar el reto del cambio climático. De ello se sigue que cada país debe adoptar su propio ritmo a efectos de cumplir con los suyos, consultando sus potencialidades y limitaciones.
A manera de ejemplo, mientras el total de emisiones de GEI a nivel global en 2019 fue de 51.1 miles de millones de toneladas, en Colombia sólo se registraron 275 millones, equivalente al 0.57%. Entre tanto las de China, EEUU, India y Rusia, que son los principales responsables de tales emisiones, concentran el 30.65%, el 13.54%, el 7.20% y el 4.52%, respectivamente. Mientras un colombiano emite 1.6 toneladas de CO2 equivalente anualmente, el promedio mundial, según el Informe del Banco Mundial en 2018 estaba en 4.47 toneladas. Un chino, por ejemplo, emite 8 veces más que un colombiano y uno del Reino Unido 2.7 veces.
A este propósito es muy importante y conveniente destacar que en la COP26 se dejó claramente establecido el principio de la “responsabilidad común pero diferenciada”, de tal suerte que los mayores responsables sean quienes más contribuyan a alcanzar la meta de la carbononeutralidad hacia el año 2050, además de contribuir y cooperar para que otros países como Colombia puedan cumplir con el compromiso adquirido de reducir sus emisiones en 2030, que es la meta volante.
En este sentido, el mensaje es claro: hay que ser realistas, Colombia no puede pretender hacer el papel de polizón climático, escudándose en la inacción de los demás países para cruzarse de brazos a la espera de que ellos reaccionen y asuman sus responsabilidades frente a los desafíos del cambio climático; pero tampoco asumir el papel de atlas climático, echándose al hombro el Planeta para salvarlo de sus estragos.
En consecuencia, cada país se ha de dar su propia hoja de ruta de la Transición energética, consultando sus especificidades y peculiaridades. La estrategia a seguir, por tanto, difiere de un país a otro. La línea de base de la que parten cada uno de ellos es determinante. Hay una enorme diferencia, por ejemplo, entre aquellos países que dependen de la importación del petróleo, del gas y del carbón para proveerse de los mismos y otros que, como Colombia, dependen de la producción y exportación de los mismos. El Documento CONPES 4075 de marzo de 2022 y sus lineamientos de la política de Transición energética trazó el derrotero a seguir, siempre consultando la real realidad de nuestro país.
En Colombia, a diferencia del resto del mundo, en donde la principal fuente de emisiones de GEI es el sector energético con el 73.5%, este sólo contribuye con el 34%. Entre tanto, el cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería y la deforestación participan con el 59%. Ello se explica en gran medida porque mientras en el resto del mundo, en promedio, la participación de la generación de electricidad con base en el parque térmico es del 64.9%, en Colombia a duras penas llega al 30%. Dicho de otra manera, entre Colombia y el resto del mundo, especialmente con respecto a los países desarrollados, existen grandes asimetrías, las cuales hay que tener en cuenta a la hora de definir nuestra propia hoja de ruta de la Transición energética.
Fuente: minambiente.gov.co
De ello se sigue que el Pareto del costo-efectividad para la reducción de la huella de carbono en el caso de Colombia invita a poner el énfasis en la política que contrarreste el inadecuado uso del suelo, las malas prácticas en la agricultura y la ganadería y sobre todo detener el “ecocidio” de la devastadora deforestación, que supera las 170.000 hectáreas anuales, equivalentes a la extensión del territorio del Distrito Especial de Bogotá. Sólo así podrá cumplir Colombia con su compromiso con la comunidad internacional de reducir sus emisiones de GEI en el 51% hacia el 2030.
En concepto del ambientalista Juan Pablo Ruiz, “la prioridad nacional debe ser reducir la deforestación, mejorar el manejo de la tierra y reducir la demanda interna de hidrocarburos”[1]. Lo advierte claramente el Director de la Iniciativa Internacional de Clima y Bosques de Noruega Andreas Dahl-Jorgensen, según él “no podemos resolver el problema del clima sin abordar la deforestación…Y no cumpliremos los ODS si seguimos talando bosques en todo el mundo”[2]
Foto Minenergia
Ello, sin perjuicio de la necesidad de imprimirle celeridad al impulso de la generación de energía a partir de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias, las cuales, además de robustecer y diversificar aún más la matriz eléctrica, contribuirán también a que la misma sea más resiliente frente al Cambio climático. Eso sí, teniendo claro que no toda la economía se podrá electrificar ni las FNCER van a desplazar las fuentes convencionales de generación de energía, sino que se complementarán y respaldarán mutuamente.
Y desde luego, es fundamental precaverse de que la Transición energética no ponga en riesgo la seguridad energética. Y tan importante como esta es la soberanía energética, esta es una de las lecciones aprendidas de la crisis energética global que se ha abatido sobre los países que integran la Unión Europea (UE)[3].
Esta, además, es la oportunidad de ampliar la cobertura del servicio de energía a los 431.117 hogares que aún no cuentan con el mismo, siendo esencial como lo cataloga la Ley y por consiguiente un derecho fundamental que les asiste. Sobretodo a los 207.449 hogares ubicados en sitios remotos, de difícil acceso y baja densidad poblacional, lo que dificulta conectarlos tomando la electricidad de la red del Sistema interconectado nacional (SIN), dada la flexibilidad que ofrecen las soluciones modulares solar-fotovoltaicas, instalando en ellos paneles solares. A ello concurre también la generación distribuida o embebida, cuya energía se consume in situ, prevista en la nueva arquitectura del sistema eléctrico.
De esta manera, además, se estaría cumpliendo con el 7º de los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) para garantizar la universalización del acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. De esta forma se podría, de paso, sustituir el consumo de leña por parte de 1.2 millones de familias campesinas que no tienen otra opción distinta a esa para la cocción de sus alimentos.
Ello se justifica con creces, no sólo por razones de conveniencia sino por los altos costos en los que se incurre por parte del Gobierno a través del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas no Interconectadas (IPSE). En efecto, el costo de los subsidios a los combustibles, según cifras para el 2018, es del orden de los $288.514.728. Lo más insólito es que cuesta más el transporte del combustible hasta los poblados en donde se genera electricidad con plantas térmicas que el combustible mismo.
El Gobierno Nacional, los departamentos y municipios se deberían comprometer en un ambicioso programa de masificación de la instalación y el uso de los paneles solares, con lo cual, al tiempo que se aliviaría el bolsillo de los usuarios del servicio de electricidad, se promovería la cultura del ahorro y el uso eficiente de la energía. Es esta, también, una forma de involucrar al usuario como agente activo de la cadena, ahora en modo Transición energética. Por lo demás, el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, debería asegurarse de que en la ejecución de sus planes y programas de vivienda de interés social (VIS) se contemple la dotación de paneles solares en los techos.
Ahora bien, en un país como Colombia para que la transición energética sea viable y sostenible tiene que ir acompasada de una estrategia de transformación productiva que diversifique la economía. Y la transformación productiva debe empezar por el propio sector minero – energético, diversificándose. Es bien sabido que la Transición energética no será posible sin contar con los minerales críticos, como el níquel, el cobre, el litio, el cobalto o el zinc y Colombia posee prospectos importantes de los mismos que debe extraer. De la misma manera, la producción de hidrógeno verde, aprovechando el potencial de FNCER para el proceso de hidrólisis para obtenerlo, puede servir para un eslabonamiento productivo, sirviendo de insumo a un cluster clave para la agricultura orgánica, produciendo amoníaco, fertilizantes y abonos bajos en carbono.
También pueden contribuir a esta transformación productiva los biocombustibles. Es consabido que Colombia se adelantó a la Transición energética al expedir las leyes 693 de 2001 y 939 de 2007, que obligan a utilizar la mezcla de los biocombustibles en Colombia en procura de reducir las emisiones tanto de GEI como de material particulado. Pues bien, si se aumenta el porcentaje actual de las mezclas, en esa misma proporción se incrementa la producción de etanol y aceite para las mismas. Lo que demandará más materias primas para la misma y en consecuencia se aumentarán las áreas de siembra y cultivo de caña de azúcar, ampliando la frontera y estimulando al sector agrícola. Tanto más en cuanto que se va a requerir la producción de combustible de aviación sostenible (SAF, por sus siglas en inglés), ¡que la aviación está demandando a gritos!
| En un país como Colombia, para que la transición energética sea viable y sostenible tiene que ir acompasada de una estrategia de transformación productiva que diversifique la economía. Esta transformación debe empezar por el propio sector minero – energético, diversificándose. |
* Amylkar Acosta. Medina, Ex ministro de Minas y Energía.
Miembro de Número de la ACCE. www.amylkaracosta.net
[1] El Espectador. Octubre, 5 de 2022
[2] El Tiempo. Octubre 11 de 2022
[3] Amylkar D. Acosta M. La crisis energética global. Abril, 30 de 2022
Grandes han sido las expectativas con relación a la transición energética en el marco de este nuevo mandato presidencial. Sin embargo, la anhelada transición parece atravesar un periodo de “trance”, pues se ha quedado en las expectativas y su avance se ha visto evidentemente frenado, pues los proyectos, o bien se encuentran estancados, o marchan a paso de tortuga.
No debemos perder de vista que “la energía es el desarrollo de los pueblos”, una especie de termómetro que indica el progreso, más aún para un país como Colombia, donde el avance de gran parte de los sectores de la economía, depende directamente del impulso y la capacidad energética. Sin embargo, ese impulso se ha visto ralentizado en los últimos meses; estamos próximos a cumplir un año de gestión de este nuevo gobierno, pero el tema no despega, al contrario, parece estar dando pasos en reversa, lo cual genera preocupación e incertidumbre y es una realidad que desde nuestra publicación no podemos desconocer ni pasar por alto.
Los hechos hablan por sí solos, como por ejemplo el retraso en el cronograma de las nuevas subastas de energía, la insistencia del gobierno en negarse a la búsqueda de nuevos recursos petrolíferos y de gas, y el detrimento o desestímulo de las políticas para los generadores de energía renovables, quienes ahora deben pagar un incremento representativo del 6% por concepto de transferencias al sector ambiental, con base en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.
En contraste con estos nuevos lineamientos dados por el Ejecutivo, ya se nos vino encima el Fenómeno del Niño, y con él, un inminente incremento en las tarifas de energía. La cascada de fallidas reformas promovidas por el gobierno nacional, sumada a los escándalos mediáticos que lo han mantenido distraído durante este año, han generado una gran incertidumbre y por ende un estancamiento en varios estamentos, entre ellos, en el sector eléctrico que no avanza como se esperaba.
Por lo anterior, ad portas de comenzar este segundo año de gobierno, esperamos que el país pueda contar con un panorama mucho más claro y en verdad prometedor, para que la anhelada transición energética en la cual hay gran esperanza para que Colombia vislumbre un panorama de progreso real, en el corto, media y largo plazo, pueda ahora sí destrabarse y salir de ese “trance”, de ese congelador al que ha estado condenada en los últimos meses.
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El proyecto piloto que se implementará en Bocas de Palo en Jamundí Valle, consiste en un sistema solar agrovoltáico, que optimiza el uso del suelo con la posibilidad de desarrollar actividades agrícolas bajo los paneles solares.
Cuenta con una potencia de 100 kilovatios-pico (kWp), que suministrará energía eléctrica a los habitantes de esta comunidad.
El apiario solar, que actualmente cuenta con 11 colmenas, está ubicado en el corregimiento de Potrerillo, zona de influencia del proyecto Solar La Loma.
Hitachi Energy y Petrofac, han sido seleccionados por TenneT, el operador del sistema de transmisión holandés-alemán, para suministrar múltiples estaciones convertidoras HVDC en alta mar y en tierra e infraestructura asociada para acelerar la integración de las energías renovables a gran escala en las redes eléctricas europeas.
El parque solar Fundación es uno de los 11 proyectos adjudicados en la tercera subasta de contratos de largo plazo convocada por el Ministerio de Minas y Energía en 2021; se prevé que le suministre a Colombia alrededor de 227 GWh/año de energía entre el 2023-2037.
Este es el primer proyecto de energías renovables no convencionales a gran escala en Colombia, desarrollado por EPM. Se encuentra ubicado en el municipio de La Dorada, Caldas, y desde allí le aportará 83 megavatios de energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN)
