La Contraloría General de la República ha elevado una alerta sobre el incumplimiento en el pago de los subsidios de energía y gas. Esta situación que podría tener graves consecuencias para los usuarios de los estratos 1 y 2 así como para la sostenibilidad financiera de las empresas del sector.
El ente de control se pronunció respecto a la creciente deuda del Gobierno con las empresas prestadoras de servicios de energía y gas, enfatizando la necesidad de realizar ajustes en la distribución de los recursos para mejorar la eficiencia en la entrega de los subsidios. Entre las propuestas planteadas, la Contraloría sugiere abandonar el modelo de estratificación, ya que este no garantiza una asignación efectiva de los recursos, e implementar en su lugar un Registro Universal de Ingresos, administrado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia. “La apropiación de recursos para pagar a las empresas de energía y gas los subsidios pendientes desde 2024 debe ser anual y ante todo oportuna”, afirmó Carlos Hernán Rodríguez, contralor general.
El sector de energía y gas enfrenta una crisis financiera debido al retraso en los pagos de los subsidios. Según datos de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), hasta febrero de 2024 la deuda total de las distribuidoras ascendía a $7,4 billones, de los cuales $2,7 billones corresponden exclusivamente a subsidios impagos.
Por su parte, Gasnova, gremio de las distribuidoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP), reportó que la deuda acumulada hasta marzo de 2024 alcanza los $59.000 millones. De este monto, $32.000 millones corresponden al último trimestre de 2024 y otros meses atrasados desde marzo, mientras que los restantes $27.000 millones pertenecen al primer trimestre de este año. El no pago de los subsidios afecta directamente a los estratos uno y dos en regiones apartadas de Colombia como lo son el departamento del Putumayo, Caquetá, Cauca, Amazonas, Nariño y San Andrés y Providencia.
La Entidad reveló que en los últimos 10 años han realizado 20 auditorías en las que se han detectado presuntas irregularidades disciplinarias, penales y fiscales con detrimentos superiores a $190.000 millones en la gestión de los subsidios. Para evitar que la crisis se agrave, el ente de control recomendó ajustes estructurales en el manejo de los subsidios, entre los que se destacan:
Incorporar el principio de sostenibilidad fiscal en el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI).
Verificar el destino de los recursos mediante solicitudes de información y visitas de inspección.
Reactivar las auditorías a los agentes involucrados por parte del Ministerio de Minas y Energía.
Medir y alinear los resultados del esquema de subsidios con indicadores de eficiencia energética.
La situación requiere atención inmediata por parte del Gobierno para evitar que las empresas distribuidoras colapsen y garantizar que los sectores más vulnerables continúen recibiendo el servicio esencial de energía y gas.
