No puede ser más paradójico: mientras Colombia está en el radar de la Transición energética a nivel global en un lugar muy destacado y se convierte en un polo de atracción de las inversiones en proyectos para generar energía a partir de fuentes no convencionales y renovables (FNCER), la ejecución de los proyectos que fueron asignados en las tres subastas que tuvieron lugar entre el 2019 y el 2020, está empantanada y la entrada en operación de los mismos al Sistema Interconectado Nacional (SIN) se atrasa y pospone, debido a obstáculos que lo han impedido.

Recordemos que la primera subasta es de Obligaciones de Energía Firme (OEF) del cargo por confiabilidad y las dos últimas convergentes, que comprometen 2.400 MW de potencia, llegándose a acuerdos de compra – venta de energía entre generadores y comercializadores a 15 años.

Source: BloombergNEF. Note: Maximum score is 5. Fundamentals, Opportunities and Experience are the parameters that total up to a market’s overall score for clean power. Between them,
the parameters encompass over 100 indicators, or individual data inputs collected by Climatescope researchers

En efecto, Bloomberg NEF (por sus siglas en inglés), un servicio de Bloomberg Professional, considerada como una de las plataformas más prestigiosas y consultadas del mundo financiero, en su más reciente reporte del climatescope (o climascopio en español), fechado el pasado 18 de noviembre, mediante el cual mide los avances alcanzados en materia de Transición energética y en descarbonización del sector energético, ubicó a Colombia entre los primeros cinco países que más y mejor están desarrollando e impulsando la generación y uso de las energías renovables y limpias, particularmente la eólica y la solar – fotovoltaica, aprovechando el potencial de las mismas que ofrece el Caribe colombiano, en especial el Departamento de La Guajira.

 Destaca en su Informe que “por primera vez en la historia, Colombia se ubica entre las cinco primeras naciones. Las políticas estables de energía limpia y los incentivos transparentes han impulsado al país al cuarto lugar este año desde el puesto 13 en el estudio del año pasado”. En la región es superada sólo por Chile que ocupó el primer lugar en el escalafón. La verdad sea dicha, el mérito de Colombia para dar ese salto en el ranking en esta métrica, radica fundamentalmente en la expedición de la Ley 1715 de mayo de 2014, la cual estimula e incentiva las FNCER, las subastas para asignar los proyectos, y la entrada en vigencia de la Ley 2099 de julio de 2021; esta última, vino a reforzar y a ampliar el espectro de los beneficios de la Ley anterior a las energías renovables.

 

Source: BloombergNEF

En el mismo reporte, además, pone de relieve que “Chile, Colombia, Brasil, Perú y República Dominicana, son los países más atractivos para la inversión en energías renovables en América Latina, según la encuesta climascopio. De hecho, las cuatro principales naciones de la región se encuentran entre los 20 mercados más atractivos para la inversión en energía limpia en general. Un factor en común es que todos ellos tienen políticas bien establecidas y efectivas, además de sectores de energía estructurados, abiertos a inversores privados”.

 

En el caso de Colombia, particularmente, la inversión en FNCER alcanzó un máximo histórico el año anterior, redondeando la cifra de los US $952 millones, desglosándose en US $678 millones en parques eólicos, para una participación del 71% y US $274 millones en granjas solares – fotovoltaicas, que representa el 29% restante del total. La inversión en estas últimas, experimentó un auge inusitado con un crecimiento exponencial de más de 18 veces entre los años 2017 y 2021.

 No obstante, concomitantemente con este gran posicionamiento de Colombia, que se debe, como ya lo dijimos, a su desarrollo normativo y regulatorio y al gran apetito que han despertado de la inversión y los inversionistas para ejecutar los proyectos, estos han tropezado con el que no he dudado en calificar como el “nudo gordiano del desencuentro” entre las empresas desarrolladoras de los mismos y las comunidades indígenas, impidiendo superar con éxito las consultas previas que, por ministerio de la Ley, se debe tramitar. Y mientras este paso no se surta, el Grupo Energía Bogotá, encargado de la instalación de la estación colectora en el Municipio de Uribia, al norte de La Guajira, la energía que generen los parques eólicos quedará confinada in situ, sin poder transportarse hasta La Loma y Bosconia (Cesar), en donde empalmarán las líneas de transmisión con el SIN.

 De la misma manera que la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez ha anunciado y se ha propuesto a destrabar los contratos firmados entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y las empresas petroleras con el fin de activar la búsqueda y hallazgo de mayores reservas de crudo para conjurar el fantasma de las importaciones, debería también dar los pasos conducentes para desatascar estos proyectos que el Sistema energético está requiriendo a gritos y sin los cuales la aceleración de la Transición energética justa que pregona el gobierno se va a quedar en sólo anuncios. Por lo pronto marcha a paso de tortuga y al paso que van su operación no se va a dar antes del 2024. A ello no deben ser ajenos ni el Gobernador de La Guajira José Jaime Vega ni el Alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez. ¡Para luego es tarde!

Sumando peras con manzanas

  

Ministra de Minas y Energía, Irene Vélezen el en el Foro Económico Mundial. Foto Minenergia

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, declaró en el Foro Económico Mundial en Davos que en Colombia “no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y petróleo. […] es una señal de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático”. Sin embargo, según expertos y conocedores del tema, las declaraciones de la ministra han estado fuera de lugar.

La ministra Vélez se apoya en un controvertido estudio, hecho en volandas y con notoria falta de rigor técnico, en el cual llegan a la conclusión de no conceder nuevos contratos. El estudio, titulado Balance de contratos de hidrocarburos para la Transición energética justa está avalado por el Ministerio de Minas y Energía y por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), pero a la vista resalta que toda la argumentación está basada en cifras sesgadas, imprecisas y con mucha falta de rigor técnico. Es de anotar que la ex viceministra Ruíz, quien aparece firmándolo, manifestó que su “nombre fue puesto allí para legitimar esas cifras y ese texto. Una vez leído, estoy en completo desacuerdo con ese documento”.

 La realidad es que el documento no plantea que no se firmen nuevos contratos como lo quiere hacer ver la ministra. De acuerdo con Vélez, si se suman las reservas probadas, probables y posibles y, además, se les agrega el desarrollo de los recientes descubrimientos de Uchuva y el bloque integrado de evaluación hechos por Ecopetrol, se garantizará el suministro de gas más allá del 2037. Y Va más lejos aún al asegurar que, si se le adicionan los recursos prospectivos actuales, se extenderá el suministro hasta el 2042. Las cifras de la ministra son cuentas alegres como las de la lechera de Samaniego, que nos enseñó la vanidad de girar sobre el futuro cuando ni el presente está seguro.

 Según el presidente de la Asociación de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, Flover Rodríguez, no se pueden confundir los recursos probados, probables y posibles con los contingentes y prospectivos. Él dice que los prospectivos “están aún lejos de ser reservas, ya que estas deben ser descubiertas y ellas no lo son”. Dicho de otra manera, no se pueden sumar peras con manzanas.

 Por lo demás, una de las mayores limitaciones del estudio es que no va más allá del mero balance de los contratos, cuando la decisión sobre si se firman o no nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos tiene unas implicaciones que van desde el impacto en la balanza comercial del país, el impacto fiscal, cambiario y también en la afluencia de inversión extranjera, entre otros.

 Es evidente que los platos rotos de una decisión tan desatinada como la de marchitar la actividad hidrocarburífera en el país, la pagarán los próximos gobiernos. Es irónico porque, debido al efecto inercial y a la actual coyuntura internacional, el cuatrienio de Petro será el de mayores exportaciones de petróleo y carbón, al alcanzar cifras récord en producción de volúmenes y en ingresos de divisas.

 Es entendible la posición del director de Crédito Público y del Tesoro Nacional, José Roberto Acosta, al salirle al paso a la ministra Vélez y advertir que “no se ha tomado la decisión sobre la suscripción de nuevos contratos de exploración. No es una decisión de gobierno. Lo dicen las cifras, necesitamos más contratos de exploración”. Él la tiene clara, sabe que lo que está en juego es la estabilidad macroeconómica del país.

 

 

El estudio “Balance de contratos de hidrocarburos para la Transición energética justa” está avalado por el Ministerio de Minas y Energía y por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Foto Minenergia

La ministra ha repetido hasta la saciedad que no cancelará los contratos vigentes. Pero de ello no es de lo que se trata, eso no está en discusión. Ni más faltaba que frenera en seco la actividad de la industria cuando hay de por medio unos contratos firmados. Se trata, según ella, de “un plan para aumentar las reservas de hidrocarburos, que consta de tres partes: potenciar contratos vigentes, destrabar los suspendidos y la utilización de técnicas como la del recobro mejorado”. El plan es plausible pero no es suficiente para la seguridad energética del país.

 El recobro mejorado es una técnica que permite un mayor y mejor aprovechamiento de los recursos petroleros en los campos maduros, aquellos que ya están en etapa de declinación. Para la ministra, “si hoy Colombia aumentara su factor de recobro a promedios internacionales, podríamos contar con un aumento de cerca del 15 % en nuestros recursos de petróleo”. No obstante, aumentar el factor de recobro demanda cuantiosas inversiones y el uso de técnicas sofisticadas de última generación, lo cual implicaría mayores costos de extracción del petróleo, que sólo se justificarían cuando las señales de precio y la regulación ambiental lo favorezcan. Entonces hay que superar muchas barreras para pasar del dicho al hecho. Eso no es como soplar y hacer botellas.

 Cabe preguntarse: si Colombia renuncia prematuramente a los hidrocarburos, ¿con qué vamos a suplir las divisas que dejarán de ingresar y los ingresos que dejarán de percibir departamentos y municipios? ¿Cómo asegurar los 350.000 barriles diarios que demandan las dos refinerías para garantizar el abastecimiento de combustibles?

 Bien dijo Aldoux Huxley que “los hechos no dejan de existir porque se ignoren”. La única forma de mantener y/o aumentar la producción de petróleo es acrecentando las reservas probadas, que son las únicas con las que se puede contar a ciencia cierta.

* Amylkar Acosta. Medina, Ex ministro de Minas y Energía.
Miembro de Número de la ACCE. www.amylkaracosta.net