Natalia Orduz Salinas es abogada, egresada de la Universidad de los Andes (2010). Desde su época de estudiante, se interesó por los temas territoriales, derechos a la participación, a la autonomía, trabajo con las comunidades, el conflicto armado, los derechos de las víctimas, temas relacionados especialmente con los megaproyectos extractivos en los territorios.
También ha incursionado en el periodismo, con valiosos aportes a los espacios “La silla vacía” y “Las dos 2orillas” y apoyó la construcción del decreto ley de víctimas indígenas.
Esta joven abogada, activista, con experiencia en docencia, una maestría en conservación y uso de la biodiversidad, interesada en el fortalecimiento de la democracia y la justicia ambiental, desde hace cuatro años está vinculada a la Fundación alemana Heinrich Böll, donde se desempeña como Directora de proyectos socioambientales en la oficina de Bogotá – Colombia.
Sus amplios conocimientos y trayectoria en el manejo de los temas ambientales y climáticos relacionados con los megaproyectos, particularmente energéticos, la convierten en una de las voces más autorizadas para analizar los pros y los contras de la ley de Transición Energética 365 que acaba de ser aprobada por el Congreso de la República y de temas actualidad del sector energético nacional. En la siguiente entrevista nos da a conocer sus pronunciamientos al respecto:
Mundo Eléctrico: ¿Qué concepto le merece el hecho de que se haya hundido la aprobación del acuerdo de Escazú en Colombia?
Natalia Orduz Salinas: Este es un hecho lamentable. Escazú, es un acuerdo entre varios países donde Colombia participó de manera directa, por lo cual es una pérdida de oportunidad sumarse a un esfuerzo latinoamericano de democracia ambiental. El hecho de que Colombia no lo haga, dice mucho sobre su voluntad política de sostener los estándares de democracia ambiental.
Aunque el acuerdo de Escazú no suma nuevos estándares a lo que ya existen normativamente en Colombia, es un símbolo muy grande de compromiso político con la democracia ambiental.
El gobierno engañó a la opinión pública cuando se comprometió en una conversación nacional, a ponerle todo el impulso a este acuerdo, pero finalmente permitió que las mayorías lograrán que tropezara todo el esfuerzo que las organizaciones estaban haciendo para que pasará el trámite legislativo.
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M.E.: Usted ha dicho que la transición energética debe ser efectiva, justa y democrática. ¿Qué países en el mundo son modelo de transición energética?
N.O.S.: En Alemania hay unas experiencias muy interesantes de dejar atrás el uso de combustibles fósiles y de que la transición también involucre a la ciudadanía en la generación misma de energía, unos intentos de diversificar la producción y de brindar diversas
oportunidades. Estas experiencias me parecen muy valiosas porque democratizan y permiten a la comunidad involucrarse en las temáticas.
M.E.: ¿La transición energética que se desarrolla en Colombia, cumple con esas tres características: efectividad, justicia y democracia?
N.O.S.: Cuando me refiero a transición efectiva, quiero decir que contribuya a cumplir la meta del acuerdo de París. Esto no significa sumarle nuevas formas de producción de energía a las ya existentes, sino justamente, reemplazarlas en el corto plazo y claramente Colombia no tiene esa intención. Un muy buen ejemplo es lo que recientemente ocurrió en el Congreso de la República, donde no hay democracia, pues se aprueba una ley de transición energética que propone un marco jurídico para nuevas tecnologías que van a tener una serie de impactos, pero “pasa completamente de agaché”, no se discute en un foro público.
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Allí hubo dos “debates” que realmente no lo fueron, en las comisiones quintas de cámara y senado y luego en plenaria. Los congresistas ni siquiera alcanzaron a conocer o dimensionar los temas y es un título muy engañoso porque ¿quién va a estar en contra de la transición y recuperación económica?... nadie.
De otra parte, fue un proyecto “relámpago” al que se le dio un mensaje de urgencia, no como el de Escazú, y ahí se ve “el doble rasero” de cuando el gobierno quiere puede, pues cuando hay voluntad política las cosas funcionan, y en este caso pasó como “una aplanadora” sin ningún tipo de debate.
Esto pone en tela de juicio el que el gobierno realmente quiera hacer una transición energética democrática.
Otro ejemplo es el hundimiento del proyecto que prohíbe el fracking en Colombia; a la sesión asistieron únicamente ocho congresistas y por falta de quórum el proyecto cayó. En contraste, en esta ley 365 se incluyen prerrogativas de energías renovables como el hidrógeno azul, que se basa en el gas, el cual probablemente se deba sacar con fracking, generando a su vez nuevas emisiones; esto no lo hace muy efectivo.
En conclusión, la transición no es ni efectiva ni democrática y en términos de justicia, como lo hemos visto en muchas oportunidades en el país, las afectaciones ocurren lamentablemente sobre comunidades que siempre han sido vulnerables, como por ejemplo la Wayuu en la Guajira. Si bien es muy bueno que exista energía eólica, la manera de hacerlo nuevamente deja por fuera a las comunidades sin derecho a la consulta e incluso sin el mismo acceso a la energía, porque estos pueblos carecen del servicio de energía que se produce en su territorio.
Entonces, esa distribución donde las cargas van para los que ya de por sí son vulnerables, es una constante en el país.
M.E.: Concretamente, con relación a la Ley 365, ¿cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta?
N.O.S.: El tema que me genera alerta en esta ley es el que incluye nuevas formas de producción de energía que, si bien pueden ser interesantes, la pregunta es ¿cómo se va a hacer? ¿en dónde? ¿quién y qué comunidades va a afectar? Concretamente me refiero al hidrógeno verde y al hidrógeno azul, como lo acabo de mencionar.
El hidrógeno verde es una forma que requiere de energía renovable, toma la molécula de agua y a través de una reacción química, desprende el hidrógeno. El inconveniente es que se requiere demasiada energía renovable para lograr la efectividad porque la tasa de retorno es muy bajita. La pregunta es: ¿de dónde va a salir toda esa energía renovable para producir el hidrógeno verde? Se van a requerir demasiados parques eólicos y ¿se van a construir en territorios de quién? ¿de qué manera? ¿con qué recursos? Aunque estas tecnologías no generan emisiones, sí ocasionan impactos sociales grandes, estamos hablando de parques eólicos de dimensiones enormes; esto no es algo abstracto sino algo concreto que afecta a las comunidades.
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Con el hidrógeno azul, hay un inconveniente más grande, porque éste se obtiene a través del gas metano, y de allí se saca la molécula de hidrógeno. Entonces el cuestionamiento es que, por un lado, nos aseguran que ya no hay reservas de gas en el país, pero por el otro se está contemplando la obtención de este tipo de hidrógeno. Las mayores reservas se encontrarían en yacimientos no convencionales y las técnicas son muy complicadas para extraer este tipo de recursos. En conclusión, es muy controvertido porque la idea es reducir este tipo de combustibles fósiles pero las técnicas con las que se van a extraer generan una serie de riesgos altos; además, el hidrógeno azul libera dióxido de carbono, que es un gas efecto invernadero. Nuevamente volvemos a la necesidad de un foro público que involucre a la comunidad, porque no está claro si los sistemas de captura de ese CO2 sean realmente efectivos.
El problema es que la ley le da un estatus muy alto de utilidad pública a estos proyectos, que se pueden declarar de “interés nacional estratégico”, recibiendo el aval del gobierno, incluso, pasando por encima de todas las autoridades locales y de la misma comunidad. Además, este tipo de proyectos gozan de cierta justificación para expropiar a las comunidades de sus territorios con el fin de desarrollarlos. No hay que perder de vista que en Colombia tenemos una serie de conflictos sobre la tenencia de la tierra.
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Entonces es esta manera de hacer las cosas la que tiene un carácter antidemocrático, donde se blindan este tipo de proyectos sin que puedan tener siquiera un escrutinio; eso es muy grave y la fuente de una nueva causal de conflicto.
Otro tema es que estos proyectos van a gozar de una serie de beneficios fiscales y aunque acaba de derrumbarse una reforma tributaria que les otorgaba ventajas a las grandes empresas y afectaba más al ciudadano de a pie, aquí se reproduce esa misma lógica de grandes beneficios tributarios.
Esos son temas que por lo menos deberían debatirse de manera abierta, con otras miradas y con más equidad.
M.E.: ¿Qué voces se han pronunciado ante esta situación que usted cataloga de antidemocrática?
N.O.S.: Todas las voces que han defendido el acuerdo de Escazú están inquietas también por este tema de la ley 365. Hay algunos sectores que cuestionan de una forma más fuerte el extractivismo; por ejemplo, el Movimiento Nacional Ambiental (con el que trabajamos de la mano en la fundación Heinrich Böll), que articula distintas organizaciones sociales de base, plataformas ambientalistas y ONG´s colombianas, promoviendo desde 2017 los procesos de defensa del agua, la vida y los territorios, oponiéndose a la imposición de proyectos mineros, petroleros, y al fracking, en el territorio nacional.
El cuestionamiento principal de este movimiento es ¿por qué esa verticalidad del gobierno, que desconoce las consultas populares que se hacen localmente, aprobadas por los Concejos, por un juez constitucional y por elección popular? Algunos de estos líderes hablan de una dictadura minero-energética pues simplemente, las decisiones se toman “arriba” y no se consulta con nadie. Esto ha dado pie para grandes cuestionamientos.
Para el tema de la ley 365 existe el movimiento Voces por el Clima, compuesta por varias organizaciones, ONG´s, jóvenes y universidades que se interesan por los temas climáticos. Este grupo hizo un análisis “relámpago”, pues la premura con que se trató esta ley tampoco dio tiempo suficiente, porque se conoció la ponencia, a los pocos días se discutió en las comisiones quintas de cámara y senado, y a los tres o cuatro días pasó a plenaria del congreso. Estas voces hicieron su mayor esfuerzo por analizar el tema y prepararon un pronunciamiento que se resume en diez temas de esta ley.
Otra de las voces ha sido la Alianza Colombia libre de Fracking que también ha cuestionado la manera antidemocrática de hacer estos proyectos, pues es el modus operandi del gobierno el que genera indignación.
M.E.: En su concepto, ¿cómo aborda la ley el tema de la emergencia climática?
N.O.S.: Si bien esta ley reconoce la emergencia climática, el gobierno se ha limitado a cumplir la tarea que pone el acuerdo de París de generar unos documentos, la NDC (Contribución Nacionalmente Determinada) donde se menciona que todos los sectores se comprometen con algún tema climático, pero en su mayoría son acciones secundarias que no tienen una determinación y ningún peso importante dentro de los procedimientos; es decir, algo bastante “accesorio” la forma como el gobierno ha asumido el tema climático, y este proyecto de ley no ha sido la excepción.
Cuando se habla de “emergencia” es para actuar rápidamente, involucrando los dos mecanismos del acuerdo de París para enfrentar la crisis climática: la mitigación y adaptación.
La mitigación implica actuar YA para reducir los gases efecto invernadero y la manera más efectiva para ello es extraer menos combustibles, no hay otra forma. Todos los otros mecanismos de compensación, carbono neutralidad, aunque se siguen pregonando realmente no han servido porque la temperatura del planeta sigue subiendo. Entonces, este mecanismo, claramente no está en el proyecto de ley. Como ya vimos, la intención detrás de la obtención del hidrógeno azul es continuar haciendo fracking.
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En cuanto a la adaptación, esta se refiere a que los territorios se encuentren preparados para los cambios climáticos que se avecinan. Basta con mirar la gravedad de lo que ocurrió en Providencia con el huracán Iota y otro tipo de cosas que están sucediendo y están por venir en varias partes del país. Entonces la mejor manera de adaptar un territorio es que éste sea resiliente y para ello debe estar ambientalmente protegido, como por ejemplo en Córdoba, donde, para enfrentar las inundaciones, se necesita preservar los humedales porque estos son los que absorben el agua y amortigua estos efectos climáticos.
Por esta razón, los proyectos de hidrógeno verde y azul van a generar aún más vulnerabilidad en los territorios.
M.E.: Con base en su lectura, ¿nos acercamos o nos alejamos de cumplir las metas del Acuerdo de París?
N.O.S.: Que haya proliferación de proyectos de energías renovables no es lo negativo. Ojalá todos estos proyectos cumplieran con las normas ambientales. La cuestión es que esta ley justamente elimina trámites ambientales para los nuevos proyectos.
Para lograr el acuerdo de París, no solamente basta con sumarle energías renovables a la matriz energética que ya tenemos, sino que es definitivo reemplazar el uso de combustibles
fósiles y hacerlo rápido, pero esa intención no la tiene el gobierno nacional y explícitamente lo ha dicho. Quiere hacer todo el tiempo: por un lado, implementar energías renovables, por el otro, seguir con los combustibles fósiles y en mi opinión el gobierno se ha dado cuenta que, en Colombia hay competitividad, porque estamos muy bien ubicados y la energía es una importante fuente de ingresos para hacer nuevos negocios, para permitir nuevas inversiones, pero no en clave climática.
M.E.: ¿Ante el panorama que nos ha expuesto, cuál es el llamado al gobierno, a los empresarios y a la comunidad?
N.O.S.: Al gobierno le digo que esta es una responsabilidad histórica. El momento para tomar medidas es ahora. Cualquier cosa que se haga o se deje de hacer va a tener un impacto por lo que este mandato será medido y juzgado de alguna medida por las próximas generaciones.
Las medidas que tome deben ser fundamentales y efectivas, acordes con el acuerdo de París, pero no medidas accesorias. Que tome la decisión de no hacer fracking, este es un país biodiverso y se le puede apostar a la riqueza que sí tenemos, a construir paz, y a que la gente viva en mejores condiciones.
| Constitución Política de Colombia ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. |
A los empresarios: el tema de la responsabilidad es fundamental y se deben tomar ejemplos como los de la petrolera Shell, que en una sentencia histórica es la primera empresa obligada a reducir sus emisiones, un 45% hasta 2030. Así lo determinó el tribunal de La Haya (Holanda), el pasado mes de mayo.
La invitación a las grandes empresas de Colombia es para que se salgan de esa lista en la crisis climática y vean la situación desde otra lógica. Hay un potencial enorme para que las empresas hagan las cosas de una forma diferente, para evitar la extracción o la obtención de materia prima que implica grandes problemas económicos asociados. Este es un momento interesante para pensar en la energía de otra manera diferente.
Para la comunidad y la población en general, la emergencia climática, sin duda ha sido el mayor reto que ha enfrentado la humanidad y debemos asumirlo en estricto sentido ético, pues nos afecta a todos. Estamos en un momento histórico en donde la naturaleza está muy golpeada, los recursos se están agotando, pero debemos asumir el reto sin ser catastrofistas. Aún hay salidas, si tomamos decisiones cotidianas y éticas, empezando por cada uno de nosotros, por ejemplo, desincentivando el uso de los vehículos terrestres, aéreos, el consumo de ciertos alimentos, el manejo de residuos, en fin, hay infinidad de cosas que se pueden hacer, decisiones individuales y con una responsabilidad colectiva.
*Marcela Aranguren Riaño:
Directora Periodística Revista Mundo Eléctrico
