En esta edición especial sobre Transición Energética mencionamos aspectos cruciales que nos permiten contextualizar el pasado, presente y futuro de esta política que se ha convertido en bandera mundial y nacional. A través de ella tanto el Planeta como nuestro país asegurarán su funcionamiento, basado en el uso de combustible limpios, avanzando hacia una descarbonización, en pro de la mitigación del cambio climático ocasionado por las emisiones de GEI.

 Como lo menciona nuestro columnista Amylkar Acosta Medina, es de destacar que este 2024 se cumplen 30 años de la sanción de las leyes 142 y 143 de 1994, la de Servicios Públicos y la Ley Eléctrica, respectivamente. Además, hace ya 10 años entró en vigencia de la Ley 1715 de 2014, por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional; este mandato se promulgó un año antes de la aprobación de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS (iniciativa de Colombia acogida por las Naciones Unidas), y de la firma del Acuerdo de París, establecido en la COP21 de 2015, a través del cual se busca la descarbonización de la economía en todos los países del mundo.

 Estos antecedentes llevaron a Colombia a comprometerse en la reducción de sus emisiones de GEI en un 51% hacia el año 2030 y a considerar la meta de alcanzar la carbono-neutralidad en el 2050. Por ello se planteó la Transición energética como una de las estrategias para lograr estos objetivos. Es decir, cuando en el mundo se comenzó a hablar con seriedad de esta nueva transición energética basada en fuentes no convencionales, nuestro país ya había abonado cierto terreno y no llegó tan en frío a asumir el tema y los compromisos propuestos.

 A partir de la sanción de la ley 1715 en mayo de 2014 y hasta el año 2022, Colombia le puso el acelerador al tema de la transición energética. Sin embargo, este impulso se ha venido ralentizando en los dos últimos años por la evidente improvisación de las autoridades del sector, en cabeza del Gobierno Nacional y el Ministerio de Minas y Energía. Esto se ha traducido en el retraso de los proyectos, la celebración de subastas poco acertadas, el retiro de inversionista y actores fundamentales, y la pérdida de vigor técnico de una CREG cada vez más cuestionada por la ausencia de expertos comisionados nombrados en propiedad.

 A pesar de estos vacíos y sinsabores, sorprende gratamente el reciente Informe del Foro Económico Mundial sobre el Índice de Transición Energética (ETI), el cual evalúa el desempeño actual de 120 países en materia de sistemas energéticos, donde ubica a Colombia como el quinto país más favorable en la región, después de Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay, y en el puesto 35 a nivel mundial, con una calificación de 60,7.  

 El documento titulado Fostering Effective Energy Transition 2024, dado a conocer el pasado mes de junio, concluye que la transición energética está avanzando, aunque ha perdido impulso ante la creciente incertidumbre mundial. De 120 países considerados, 107 han mostrado avances en la última década, y 30 han visto aumentar sus puntuaciones en más del 10%, destacándose en este grupo China y Brasil.

 Lo anterior es un indicador muy importante para volver a alertar a las autoridades energéticas de Colombia en que no es momento de bajar la guardia; por el contrario, es hora de tomar un nuevo aliento y seguir adelante, con mayor ímpetu para volver a retomar el ritmo de una transición energética que se venía manejando hasta antes del 20 de julio de 2022.

 Se debe aprovechar el buen momento que atraviesa COLECTORA, el proyecto más importante de transmisión que tiene el país actualmente, denominado la “punta de lanza” de la transición energética. El reciente otorgamiento de la licencia ambiental para la construcción de su segundo y definitivo tramo Custecitas – Colectora garantizaría la conexión de 1.050 megavatios al SIN, provenientes de 7 parques eólicos de La Guajira, que energizarían al resto del país a partir de 2026.

 En conclusión, nuevamente hay que apostarle y meterle el acelerador a la Transición Energética. En manos del Gobierno nacional y del Ministerio de Minas y Energía está la gran responsabilidad de volver a procurar las condiciones para atraer a los inversionistas, organizar subastas atractivas, garantizar las reglas de juego, destrabar los proyectos minimizando la tramitomanía, y devolverle a la CREG su prestigio, respetando su tecnicismo con el nombramiento de expertos en propiedad.

 Sólo así, en verdad será posible la tan pregonada transición energética “justa”, liberándola de ser una martillada consigna “de papel” del gobierno de turno, y materializándola en una política “efectiva”.